Cada vez es más habitual, sobre todo en las zonas de veraneo, ver autocaravanas, remolques o casas móviles instaladas en fincas en primera línea de costa a modo de segunda residencia. Esta moda se ha incrementado tras la pandemia. Las ansias de la población por disponer de espacios al aire libre ha hecho proliferar este tipo de instalaciones. Pero la mayoría no cumplen la legalidad. El desfase es tal que el Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha dado orden a las fiscalías territoriales para que persigan estas casas móviles.
La fiscal gallega de Medio Ambiente, Carmen Eiró, ya ha avanzado que “incoará las diligencias oportunas” al respecto. En Galicia estas casas móviles pueden ubicarse solo en suelo urbano o núcleo rural, pero necesitan solicitar una licencia municipal, acompañada de un proyecto técnico, como cualquier otra edificación. Y está totalmente prohibida su instalación en terrenos que son suelo rústico y en servidumbre de dominio público marítimo-terrestre de protección de Costas.
La Fiscalía ha comprobado, sin embargo, que la proliferación de este tipo de elementos móviles se sustenta en un supuesto “vacío legal”. De hecho, algunas empresas las comercializan como aptas para ubicarse en cualquier tipo de suelos. “El negocio de las casas móviles ha alcanzado grandes proporciones e ingentes ganancias”, explica el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. Aunque “el tema no es nuevo” se intensificó a raíz de la pandemia. “Está adquiriendo proporciones difíciles de calibrar en estos momentos y es uno de los asuntos más preocupantes en materia urbanística”, señaló.
El fiscal niega que exista ese supuesto “vacío legal” y advierte que en el ámbito contencioso-administrativo los tribunales han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que las viviendas prefabricadas están sujetas a licencia urbanística de obras y a posterior control. Además sostiene que no se puede equiparar vivienda prefabricada y caravana. “Toda estructura habitacional requiere licencia con independencia de su sistema de fijación”, advierte la Fiscalía.
En el escrito enviado a las fiscalías territoriales se recalca que los tribunales consideran la vocación de permanencia “como el elemento determinante para poder integrar en el tipo penal del artículo 319 del Código Penal determinadas instalaciones de naturaleza controvertida”.
La idea es que cada territorio realice las investigaciones oportunas “a efectos del uso de la acción penal y de unificar criterios”, señala la fiscalía en su escrito a los fiscales territoriales de Medio Ambiente.
En Galicia están a la espera de recibir las instrucciones del fiscal coordinador para empezar a planificar su actuación.
Esta investigación afecta tanto a caravanas como a casas móviles. Éstas ultimas son vehículos transportables, que no cumplen los requisitos de construcción, y conservan sus medios de movilidad. Y además están destinadas a una ocupación ocasional o de temporada. Normalmente tienen sus propias ruedas y una lanza para que sea posible su transporte por un vehículo con gancho remolque. Las empresas que las venden suelen equipararlas con una caravana.
Hay mucho desconocimiento sobre la regulación de este tipo de elementos que suelen confundirse además con casas prefabricadas. Las casas móviles o caravanas no se pueden instalar en cualquier sitio. Solo en suelo urbano o núcleo rural, pero para ello deberán contar con licencia municipal.
En suelo rústico, sin embargo, solo se pueden autorizar edificaciones vinculadas con actividades agrarias y no con fines residenciales. Y en zona de protección de Costas no se puede acampar y mucho menos instalar una casa móvil o caravana.
La Fiscalía estrechará ahora el cerco sobre estas instalaciones móviles, pero la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta lleva ya varios años luchando contra su proliferación. Solo en 2021 ejecutó la retirada de once autocaravanas, remolques y casas móviles instaladas sin permiso o en zonas prohibidas.
Pero son muchos más los expedientes abiertos por este motivo. Cuando se detecta una irregularidad el primer paso es ordenar al propietario que reponga la legalidad y, si no lo hace, se le imponen una serie de multas coercitivas hasta que no cumpla.
Si las ignora es entonces cuando actúa la APLU y acomete la demolición de la edificación irregular. En el caso de casas móviles y autocaravanas se encarga de su retirada. El pasado año, por ejemplo, retiró una caravana situada en Cangas en una zona de suelo no urbanizable. También actuó sobre varias caravanas situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en la zona de Liméns, en Cangas, en la playa de Mourisca, en Bueu o en la playa de Mogor, en Marín, En suelo rústico levantó una casa móvil en O Vicedo y una caravana instalada en el lugar de Lusquiños, en Pontevedra, así como otra ubicada en la parroquia de Dorrón, en Sanxenxo.
