Desbloqueados recientemente los conflictos institucionales entre el Estado y la Xunta por las leyes de pesca continental y de salud, se acaba de abrir otro nuevo. En este caso, el objeto de controversia es la ley de recuperación de tierras de Galicia aprobada el pasado mes de mayo con la que se pretende revitalizar el rural, luchar contra la despoblación, combatir los incendios o, especialmente, poner a producir fincas abandonadas o en desuso y tratar de sacarle el mayor rendimiento económico. El Gobierno central ha puesto el foco en nada menos que 44 artículos por considerar que la Xunta podría extralimitarse en sus funciones e invadir la esfera de competencias reservada al Estado. Por ello, Moncloa ha dado preaviso al Tribunal Constitucional por si tiene que intervenir finalmente y ha forzado, mientras tanto, una negociación entre las dos administraciones para revisar esos artículos e intentar llegar a un acuerdo que evite el recurso de inconstitucionalidad.
El Gobierno central ha optado por una vía de resolución de litigios que no empleó con la Lei de Saúde de Galicia, que la impugnó directamente ante el Constitucional y provocó la suspensión directa de los artículos afectados, sin abrir primero diálogo con la Administración autonómica. En el caso de la ley de recuperación de tierras se ha apostado por la fórmula de la negociación, con lo que la norma autonómica sigue estando enteramente en vigor a la espera del resultado de las discusiones de la Comisión Bilateral Estado-Xunta.
Los artículos en cuestión forman el núcleo central de la ley, pues son aquellos que regulan el Banco de Terras, la posibilidad de que la Xunta adquiera la propiedad de fincas abandonadas, la creación de aldeas modelo, los incentivos económicos, las tareas de control e inspección o la creación de polígonos agroforestales para revitalizar el monte y otros destinados a funcionar como cortafuegos.
Ambas administraciones tienen por delante un plazo de seis meses para arreglar las discrepancias. Si no se logra un acuerdo, los artículos sobre los que se mantengan las divergencias acabarán en el Constitucional para que este órgano dicte la última palabra.
Postura de la Xunta
La Consellería do Medio Rural precisa que las discrepancias están “principalmente” vinculadas con el catastro, dado que este registro, de competencia exclusiva del Estado, es la base sobre la que pivotan las acciones prioritarias para recuperar la tierra, delimitar las fincas, identificar a los propietarios, calcular el precio de las parcelas o definir los polígonos en el monte. Pero el catastro dista mucho de ser preciso y riguroso. “La consellería ha ya tenido reuniones para avanzar en vías de colaboración para su actualización”, indica Medio Rural.
Añade que, en todo caso, las comisiones bilaterales son órganos de cooperación entre administraciones “para debatir y negociar” y que se pueden considerar “habituales” cuando por el medio hay leyes autonómicas “de gran alcance, como es la de recuperación de la tierra”.
Entre los artículos que se tienen que revisar durante los próximos seis meses figuran los siguientes:
A pesar de llevar más de una década funcionado, el Estado quiere discutirlo ahora. Su objetivo es funcionar como instrumento de mediación entre los titulares de fincas y las personas interesadas en aprovecharlas mediante arrendamientos, cesiones, permutas o enajenaciones. También se someterá a revisión el régimen jurídico y fiscal de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), a quien la Xunta confía el desarrollo de la ley.
Una de las principales novedades de la ley es la posibilidad que se arroga la Xunta para hacerse con la propiedad de bienes inmuebles (fincas y edificaciones) abandonados que tengan valor agrario. Para ello regula el procedimiento de investigación de la titularidad del suelo en un larguísimo artículo que también se tiene que revisar. Antes, estos expedientes correspondían siempre a la Administración General del Estado, pero con la norma aprobada este año, la Xunta también puede hacerlo, pero vinculado siempre a terrenos de vocación agraria para ponerlos a producir.
Agader puede realizar una revisión geométrica y topográfica de las tierras para conocer sus límites con precisión con vistas a su incorporación al Banco de Terras. También se pone en cuestión.
Como los procesos anteriores pueden suponer una variación de los lindes y ubicación de las fincas, Agader pretende negociar con el Catastro el intercambio de datos y la actualización de los mismos.
Esta iniciativa busca poner en producción grandes extensiones de superficie en estado de abandono, pero con interés agrario o forestal. Se regulan mediante 27 artículos que son todos ellos puestos en duda por el Estado. Lo mismo que los polígonos dedicados a funcionar como cortafuegos por el tipo de vegetación cultivada.
Otra de las novedades más llamativas de la ley, que busca revitalizar pequeños núcleos rurales con una producción ordenada, sobre todo en las fincas en grave estado de abandono y perimetrales de las aldeas para prevenir los incendios. El Gobierno demanda su revisión, así como de los artículos que regulan la aprobación de sus planes.
El Estado tampoco está conforme con la redacción del precepto que establece que la comunidad autónoma podrá establecer medidas financieras de incentivo para la recuperación de tierra agraria.
También se ponen en cuestión los artículos que regulan las funciones de inspección y control de la Xunta sobre las fincas del ámbito de aplicación de la ley y que permiten acceder a documentación industrial, mercantil y contable de las empresas objeto de inspección.
