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Medio Rural ofrecerá a otros dueños granjas que cierren tras haber recibido ayudas

Establecerá el tiempo máximo entre la concesión de una subvención y el fin de la actividad para su inclusión en el Banco de Explotaciones | La venta o alquiler será voluntaria

Un hombre en una explotación láctea en el concello lucense de Taboada. | // ELISEO TRIGO/EFE

Envejecimiento, despoblación, dificultades para lograr rentabilidad... Los problemas del medio rural para no perder fuelle en Galicia se acumulan y la Xunta trata de idear estrategias con las que paliar esa sangría, que el año pasado provocó que, por ejemplo, 334 de las 608 explotaciones lácteas que cerraron en España estuviesen radicadas en la comunidad. Una de las herramientas que ultima es el Banco de Explotaciones, para ofrecer a nuevos emprendedores granjas sin relevo generacional. Sin embargo, también pretende evitar la pérdida de recursos públicos e incluirá de forma obligatoria en ese registro de posibles negocios a asumir por terceros las granjas que cierren justo después de haber recibido alguna subvención.

Este es uno de los apartados recogidos en la Lei de recuperación da terra agraria, pero será su desarrollo normativo mediante decreto el que determine las condiciones para poner en práctica esa medida. Su objetivo pasa por evitar que una granja cierre después de haber recibido dinero para, por ejemplo, mejorar sus instalaciones. Ahora, la Consellería de Medio Rural debe concretar las condiciones.

La legislación señala que “la inclusión de explotaciones en el Banco se hará por parte de las personas interesadas en incluir sus granjas y también serán incorporadas obligatoriamente al Banco aquellas que no acrediten su continuidad y hayan recibido ayudas públicas para su mejora en el período de tiempo inmediatamente anterior al abandono de la actividad que se indique en las correspondientes bases reguladoras”.

Decreto pendiente

“Se está trabajando en este momento en el desarrollo de algunos aspectos de la ley y este es uno de ellos. En cualquier caso, hablamos de explotaciones que tengan una ayuda activa en el momento del cierre o una ayuda que finalizase un tiempo antes del cierre”, matizan desde Medio Rural.

Las dudas sobre esta cesión forzosa surgen alrededor de aquellas explotaciones anexas a viviendas familiares, que podrían ser explotadas con los inquilinos todavía en sus domicilios, y si la cesión obliga a fijar un precio justo para garantizar la explotación. Es decir, si alguien tiene que ceder su granja, pero solo la alquila a un precio desorbitado, ¿qué hará la administración autonómica?

Medio Rural descarta cualquier imposición. “La inclusión en el Banco no implica necesariamente su alquiler o venta. La explotación se incluye para facilitar la transmisión en lugar de que desaparezca, pero no se tiene que transmitir obligatoriamente. El precio siempre será negociado por las partes con la mediación de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural”, añade este departamento.

Sobre las granjas con viviendas situadas en la misma parcela, la propia legislación determina que el propietario y el futuro dueño o arrendatario acordarán “los bienes e la explotación que se traspasan con la única condición de que se garantice la viabilidad de la explotación”. “No existe diferencia en caso de que la explotación sea colindante con la vivienda”, matiza Medio Rural. Esa casa podría excluirse de la cesión al Banco de Explotaciones.

La idea de favorecer el relevo generacional se puso en marcha en 2017. Entonces, el plan de la Xunta para inyectar 230 millones de euros hasta el fin de la legislatura (el año pasado) incluía 23 medidas, entre las que se encontraba la puesta en marcha de las unidades de asesoramiento y gestión de explotaciones agrarias (UAXE’s). Un año después, elaboró un borrador sobre estas oficinas que pretendía buscar relevo a granjas en crisis o sin quien las explotase. Pero no se pusieron en marcha.

Pendiente desde 2017

Medio Rural explica que “la Lei de recuperación da terra agraria de Galicia contempla la creación del Banco de Explotaciones, que servirá para mediar entre personas productoras que pretenden abandonar la explotación y personas interesadas en su transmisión, por la vía de la compra o del alquiler. Por lo tanto, la creación y el completo desarrollo normativo de esta figura supone un avance sustancial sobre la herramienta inicial de las UAXE’s”,puestas sobre la mesa en 2017.

Para paliar la no puesta en marcha de estas, la consellería cuenta con 68 oficinas agrarias comarcales, que cuentan con 400 trabajadores destinados a “atender diariamente las consultas y peticiones de información, así como las demandas sobre diversas gestiones por parte de agricultores, ganaderos y silvicultores”.

También realizan labores similares los 24 grupos de desarrollo rural (GDR’s), cuya principal función es gestionar las ayudas del programa europeo Leader.

Medio Rural también cuenta con una línea de ayudas para financiar servicios de asesoría a explotaciones del sector primario, de las que se beneficiaron 38 entidades en la última convocatoria, dotada de tres millones de euros. Entre los años 2022 y 2023, destinará cinco millones a estas líneas, según el departamento dirigido por José González

Crece el uso del Banco de Terras un 40%

El Banco de Explotaciones será gestionado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a través del Banco de Terras. Esta iniciativa fue ideada por el bipartito PSdeG-BNG y criticada por el PP, entonces en la oposición, alertando de que podía suponer la expropiación forzosa. Esta herramienta pretende buscar actividad a terrenos no explotados a cambio de un alquiler. En la actualidad, Medio Rural cuenta con 12.500 parcelas gestionadas, de las que 2.500 están ya alquiladas por quienes tratan de obtener un beneficio con ellas, un 40% más que hace un año. Otras 1.075 están en proceso de arrendamiento. Eso sí, es la propia administración la principal beneficiaria de esta herramienta: el 84% son propiedades de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural –10.515 que suman 4.800 hectáreas– Los particulares cedieron 1.943 propiedades (1.400 hectáreas. De dueños desconocidos son 72 fincas. Con esta medida, la Xunta pretende combatir el abandono del rural y fomentar la productividad del sector primario.

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