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La Xunta se quedará con fincas abandonadas si en cinco años nadie acredita su propiedad

Fincas en estado de abandono cerca de una población.

Fincas en estado de abandono cerca de una población. FdV

La gran traba a la que se enfrenta la Xunta para frenar el abandono del campo es “el enorme grado de desconocimiento de la titularidad de los predios”, lo que complica la recuperación y movilización de estas tierras para que sean productivas. Hay 320.000 fincas en las que ya se ha constatado que no hay dueño. Pero la cifra de terrenos sin propietario conocido o ilocalizable es mucho mayor, según alertó ayer el conselleiro de Medio Rural, José González, que advirtió que en algunas zonas, como en Ourense, una de cada tres parcelas podría no tener dueño. El Gobierno gallego comenzará ahora una revisión de la titularidad de aquellas tierras “en las que exista un interés para recuperarlas”. Si no localiza al dueño las incorporará al Banco de Terras para su explotación, pero dará cinco años a los posibles propietarios para que acrediten que las tierras les pertenecen antes de que su titularidad pase definitivamente a manos de la Administración autonómica.

Es una de las novedades que incluye la nueva Lei de Recuperación de Terras, que ayer el grupo parlamentario popular presentó en el Parlamento para su tramitación como proposición de ley.

La Xunta pretende así movilizar tierras de propietario ilocalizable o desconocido articulando un mecanismo que “da garantía plena en los procedimientos y seguridad jurídica”. Hasta ahora el Gobierno disponía ya de una vía para hacerse con la titularidad de tierras sin propietario, pero la farragosa tramitación de los expedientes podía demorarse años.

El primer paso de la Consellería de Medio Rural será iniciar un proceso de revisión de la titularidad de las parcelas que quiera movilizar. Lo hará a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Si no identifica a ningún propietario, las fincas se incorporarán automáticamente al Banco de Terras para su explotación. Eso sí, se dará un margen de cinco años para que aparezca el dueño y acredite la titularidad de las tierras. Si consigue probarlo, entonces Medio Rural no solo le devolverá los terrenos sino que además le abonará al titular el dinero que hubiera recibido por un eventual rendimiento de su parcela.

Pero en caso de que en esos cinco años no aparezca el legítimo titular, la Xunta se quedará con los predios y, en caso de que alguien quiera disputarle la propiedad, tendrá que recurrir ya a la vía judicial.

Galicia es la comunidad con menor movilidad de tierras agrarias, pese a concentrar el 6 por ciento de todo el territorio y el 16,5 por ciento de las tierras rústicas de España.

El minifundismo, con 11 millones de parcelas y 1,6 millones de propietarios, junto a la dificultad para identificar a los titulares de las fincas complican la recuperación de tierras y aumentan el abandono.

Un estudio realizado por las universidades de Vigo y Santiago estima que hay unas 512.308 hectáreas de terreno actas para el cultivo que están abandonadas o infrautilizadas. Si se pusieran en valor se podrían crear unos 9.168 empleos directos en el campo.

La nueva Lei de Recuperación de Terras quiere fomentar su gestión y para ello la Xunta podrá declarar tierras en estado de abandono o infrautilización. En ese caso, el propietario tendrá tres opciones: recuperar el terreno y ponerlo en condiciones de producir, ceder a un tercero su uso y aprovechamiento o incorporar el predio al Banco de Terras. De no aceptar ninguna de estas alternativas, Agader podrá emitir declaración de resolución de abandono que puede comportar la apertura de expediente y permite la ejecución subsidiaria de la limpieza del predio.

La nueva ley articula instrumentos como los polígonos agroforestales, las aldeas modelo o las agrupaciones de gestión conjunta para recuperar la tierra. Eso sí, para su creación se necesitará el consenso del 70 por ciento de los propietarios.

El PSdeG criticó que la norma sea presentada como proposición de ley por parte del grupo popular, en lugar de tramitarse como proyecto de ley por parte del Gobierno gallego. “Es una artimaña para sortear los informes jurídicos y la participación pública”, denuncian.

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