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Los motivos del Gobierno para recurrir la Lei de Saúde en el Constitucional

María Jesús Montero, en comparencia, ayer, tras el Consejo de Ministros. | // EFE / JUAN CARLOS HIDALGO Efe / Juan Carlos Hidalgo

Poco más de un mes después de su aprobación en solitario con los votos del PPdeG en el Parlamento gallego, el Consejo de Ministros ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Saúde gallega que establece la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse o a confinarse si así lo determina la Xunta y que también ha suscitado críticas por un régimen sancionador que contempla multas de hasta 3.000 euros por negarse a hacerlo si inmunizarse fuese obligatorio.

El Consejo de Ministros decidía dar el paso ante el Tribunal Constitucional ayer por la mañana y así lo trasladaba la ministra portavoz, María Jesús Montero. El Ejecutivo central pasa así de la teoría a la práctica tras pedir un dictamen urgente al Consejo de Estado y obtener un pronunciamiento en esa línea. Desde el primer momento, desde La Moncloa se cuestionó la modificación de la Lei de Saúde autonómica. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, puso en entredicho ya el mismo febrero su constitucionalidad al entender que podría “limitar derechos fundamentales”.

Las razones

La también ministra de Hacienda María Jesús Montero apelaba ayer a ese argumento al explicar la decisión del Consejo de Ministros de recurrir el apartado cinco de la Lei de Saúde, que modifica la ley autonómica en la materia. Al respecto, indicó que la norma gallega establece medidas preventivas dirigidas a proteger la salud pública “en las que se introducen restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Montero mencionó como ejemplo que se contemplan medidas de “control” sobre personas enfermas que incluyen el aislamiento en el domicilio o el internamiento en centros hospitalarios o que “obliga a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como por ejemplo la vacunación obligatoria”.

Los derechos fundamentales “solo” se pueden recoger en una ley orgánica, recalcó Montero, e incidió en que una legislación de ese carácter únicamente puede ser dictada por el legislador estatal. En esa cuestión, añadió, lleva el Gobierno presidido por Pedro Sánchez insistiendo “desde el principio de la pandemia y con motivo de los estados de alarma”. “Siempre hemos transmitido que solo era posible a través de legislación estatal que se pudieran restringir libertades o derechos fundamentales”, sostuvo.

Aval de informes

El parecer del Gobierno, aduce, ha quedado “absolutamente” avalado por los diferentes informes que ha recogido para tomar la decisión de recurrir ante el Constitucional la normativa gallega. La ministra portavoz recordó que el plazo para la interposición de recurso finaliza el 26 de mayo e indicó que la impugnación producirá suspensión de los artículos que se recurren. En lo que compete al Tribunal Constitucional, añadió que dispondrá de un máximo de cinco meses para ratificar o para levantar la suspensión.

Cuando el Gobierno solicitó al Consejo de Estado un pronunciamiento sobre la ley gallega indicó que la impugnación se planteaba, por una parte, por entender, como alegó la ministra, que introducía restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales, cuya regulación está reservada al Estado. El Ejecutivo apuntaba al artículo 5 –que establece que la comunidad podrá someter “a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización”– y al 7. Además, añadía que resultarían inconstitucionales las previsiones del régimen de infracciones y sanciones, que recogían multas que podrían llegar en casos más graves y extremos hasta 600.000 euros.

Consideraba asimismo que la norma “puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales”, y añadía, “respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse”, que no considera la Estrategia de Vacunación frente a COVID 19 en España, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que determinó que la vacunación será voluntaria.

Feijóo responde al Ejecutivo central: “Vaya idea de cogobernanza”


El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reprochó la decisión del Gobierno. “Vaya idea de cogobernanza”, señaló en un tuit en el que se pronunció sobre el anuncio del recurso. “Tras un año haciendo oídos sordos al clamor para aprobar una norma para gestionar la pandemia, el Gobierno tampoco deja actuar a las comunidades y recurre la Ley gallega de salud, en plena Semana Santa y sin abrir una negociación ni dirigirse a la Xunta”, señala en su cuenta de Twitter. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, también lamentó que el Gobierno haya acudido al Constitucional sin buscar antes el diálogo con la comunidad a través de la comisión bilateral Xunta-Estado que suele abordar conflictos de competencias y que sería el canal “lógico”. Reprobó que Galicia “casi” supo de la decisión por los medios y que apenas hubo un contacto “formal” entre ejecutivos. El conselleiro de Sanidade defendió la normativa: “Se aprobó creyendo que era una ley necesaria”, argumentó, y Galicia había instado al Ejecutivo central en varias ocasiones a reformar la ley estatal de salud para poder legislar en situaciones como la pandemia. La líder del BNG, Ana Pontón, indicó en un tuit que Feijóo “ya sabía de los problemas de legalidad” de la ley, de los que el Bloque ya había “advertido”. “Por eso”, dice, “no la llevó a Consello de la Xunta, esquivando los preceptivos informes jurídicos, y fue presentada por el PP, poniendo la venda antes de la herida”, una “prueba evidente de que sabían los problemas que tenía”. A su juicio, el resultado del proceso es una ley “inútil” para luchar contra la pandemia y un recurso que “alimenta la polémica de confrontación estéril que tan cómoda le es al PP”, pero que resulta “estéril” para Galicia.

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