Los agricultores y ganaderos tendrán que incorporar próximamente a sus balances un nuevo coste añadido que no tiene que ver con las fluctuaciones del mercado. Se trata del fin del gasóleo bonificado por iniciativa de Bruselas, lo que supone que el gasoil agrícola tendrá una nueva tributación que elevará su precio de venta.
Se calcula que al menos serán unos 14 euros de gravamen por cada cien litros y su entrada en vigor está prevista a partir del año 2023. En el caso de Galicia, la medida supondrá un coste adicional anual de casi 100 millones de euros para el conjunto de las explotaciones agrarias y ganaderas registradas (casi 170.000), que son las que pueden operar legalmente con este combustible, más barato que el que se suministra para la automoción convencional (coches y camiones).
Esta nueva tributación se aplicará en las mismas condiciones también al sector pesquero, puesto que utiliza el mismo combustible bonificado que el agrícola, comúnmente conocido como gasóleo B. Bruselas sostiene que las subvenciones a los combustibles sólidos van contra los objetivos de una Europa más verde y sostenible y no ayudan al proceso de descarbonización.
Esta bonificación del gasóleo B, usado tanto en barcos como en toda la maquinaria agrícola y forestal –además de otros usos– desincentiva la inversión en otras fuentes de energía más eficientes y en procesos de producción con menor tasa de contaminación, sostiene la Comisión Europea, en su propuesta de Directiva de Tributación de Energía publicada el pasado día 14 de julio, para justificar la nueva fiscalidad que afectará a este combustible a corto plazo.
El documento enumera varias opciones, pero apuesta por un gravamen equivalente a 3,91 euros por gigajulio de gasóleo, lo que supondría un coste de unos 14 euros por cada 100 litros de suministro.
Esta nueva tributación que comenzaría a aplicarse a partir de 2023 afectaría en la comunidad gallega a casi 170.000 agricultores y ganaderos que están inscritos en el Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga), de los cuales 56.100, según datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, son explotaciones con ganado, es decir, las de mayor tamaño.
Y de la misma forma que agricultores y ganaderos deben estar inscritos en el Reaga, también la maquinaria tiene que estar registrada. Así, en Galicia hay actualmente 168.048 tractores, 1.767 cosechadoras, 549 equipos de carga, 334 tractocarros, 74.889 motocultores y otras 530 unidades automotrices.
Según diversas fuentes del sector y de sindicatos agrarios, una explotación de cierto tamaño consume de media entre 8.000 y 9.000 litros de gasoil al año, por lo que la nueva tributación auspiciada por Bruselas les supondría a 56.100 granjas gallegas un coste adicional de algo más de 70 millones de euros al año, a razón de unos 1.260 euros por explotación. Y al resto de agricultores y ganaderos profesionales, con un consumo medio estimado de combustible de 1.500 litros al año, el sobrecoste sería de unos 24 millones de euros.
El sector teme que este sobreprecio lo tenga que asumir el titular de la explotación al ser muy difícil que logre repercutirlo sobre el producto, de la misma forma que actualmente le está resultando muy complicado, o directamente imposible, hacerlo ahora con el alza que han experimentado los precios de la luz, de los piensos o de los fertilizantes.
"Se exprime al que menos capacidad tiene para repercutir estos incrementos de costes sobre los precios de venta de los productos"
“Va a ser otro incremento de costes para las explotaciones, que ya estamos al límite, dado que ha subido la electricidad, la alimentación del ganado y la mano de obra. Se exprime al que menos capacidad tiene para repercutir estos incrementos de costes sobre los precios de venta de los productos”, sostiene Óscar Pose, responsable de Servizo de Unións Agrarias.
De la misma opinión es el presidente de la cooperativa láctea O Rodo (una de las más grandes de Pontevedra), José Luis Camiñas, que expresa las dificultades que tienen los ganaderos para que los costes añadidos se transfieran al precio de venta de su producción. “Por un lado, los gobiernos abogan por unos precios bajos de los alimentos, pero por otro lado incrementan los costes energéticos; es otro mazazo para el sector”, expone Camiñas, quien destaca que ya actualmente arrastra un déficit por no ser capaz de trasladar a la producción el incremento de costes de este año, sobre todo los originados por la energía y el pienso del ganado.
El precio del gasóleo B en estaciones de servicio convencionales se está vendiendo a entre 90 y 98 céntimos el litro, dependiendo de la provincia, mientras que si se adquiere en instalaciones específicas o cooperativas, entonces ronda los 71 céntimos. Son precios bastantes más bajos que los que operan para camiones y coches, si bien este combustible bonificado solo lo pueden adquirir los sectores autorizados cuyos profesionales estén registrados como tales.
