Los cálculos que manejan los armadores europeos señalan que el 40% de los costes operacionales de una compañía arrastrera radican hoy en el combustible que utilizan los buques para desplazarse y faenar.
Se trata de diésel bonificado, el llamado gasóleo B, del que disfrutan para poder trabajar tanto la flota de altura como la de bajura, muy numerosa en regiones como Galicia. Los planes presentados este mes por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para acabar con las “subvenciones” al sector pesquero incluirían la prohibición de este tipo de bonificación, lo que elevaría considerablemente el gasto de la flota en el carburante.
“El problema es el enfoque que se le da; si se aprueba tal y como está es un palo”
“El coste pasaría de ese 40% a niveles del 70%; Si se aprueba tal y como está es un palo y muchas compañías van a tener que dejar de existir porque no van a poder asumir los costes”, explica el vigués Daniel Voces, director general de la patronal europea del sector, Europêche. Según el volumen de este tipo de combustible empleado por los barcos de pesca españoles en 2019 (últimos datos disponibles) y los precios medios del gasóleo con y sin bonificación, la flota gallega encara un sobrecoste de 50 millones de euros al año si la propuesta de la OMC sale adelante. “Y lo peor es que esta vez tiene visos de prosperar”, lamenta Voces.
La flota que se dedica a la pesca en España está formada por un total de 8.839 unidades de acuerdo al censo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de las que aproximadamente la mitad son gallegas (4.330). Las cifras del Cores (tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) reflejan que los pesqueros del país emplearon 85.000 toneladas de combustible en el año precedente al estallido de la pandemia, lo que supone un gasto de 50,1 millones de euros de acuerdo al precio medio del gasóleo B (59,9 céntimos el litro). De salir adelante el plan de la OMC, el gasto se dispararía a los 102,8 millones de euros con el gasóleo A (1,21 euros).
El escrito de la organización de Naciones Unidas, a cargo del presidente del comité que estudia los subsidios al sector pesquero, Santiago Wills, incluye “la compra del combustible, el hielo o los cebos” entre “las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad o la sobrepesca”. “El problema es el enfoque que se le da”, explica Voces, “porque esto sería para aquellas subvenciones directas al fuel, pero esto es una fiscalidad, que es la interpretación de la UE”.
“Hay un desencuentro; la flota considera que la fiscalidad del gasoil no es un subsidio”
“Aquí lo que hay es un punto de desencuentro, porque la flota considera que la fiscalidad del gasoil no es un subsidio, sino que es fiscalidad, mientras que hay otros actores de la sociedad civil que consideran que cualquier reducción de precio es un subsidio”, comenta el presidente del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC, en inglés), Iván López. El también armador vigués cree que “los esfuerzos deben estar en buscar un punto de equilibrio” y que, para ello, “lo más sencillo sería crear un precio de referencia internacional y que cualquier precio por debajo sea considerado subsidio”.
El director general de Europêche, muy negativo sobre la evolución de los acontecimientos, espera que la Unión Europea mantenga la postura que le ha ido trasladando en los últimos meses y, especialmente, tras la publicación del texto el 11 de mayo. “Para la UE y los estados miembros esta es una de las prioridades principales y no creo que se acepte como viene”, recuerda. Del lado de la flota estará también el Gobierno de España, como trasladó al sector la Secretaría de Estado de Comercio tras el comunicado de la OMC.
“Pone en riesgo la rentabilidad y el futuro del sector pesquero gallego”
De igual forma, la Consellería do Mar respaldará a la flota. “Galicia rechaza la eliminación generalizada del combustible bonificado”, indica la conselleira Rosa Quintana, ya que recuerda que “pone en riesgo la rentabilidad y el futuro del sector pesquero gallego”. La titular de Mar recuerda que los barcos de la comunidad practican “una pesca responsable y sostenible en todos los mares en los que desenvuelve su actividad”. “Entendemos que se pueden adoptar otras medidas para atajar la pesca ilegal y las prácticas irresponsables de determinadas flotas sin perjudicar a aquellas que actúan de forma responsable”, resume Quintana.
En este sentido, la Xunta urge diferenciar también los apoyos a la modernización de los buques y la mejora de la habitabilidad, ya que no implican un mayor esfuerzo pesquero y contribuyen al relevo generacional.
Ataque
Tanto el responsable de la patronal europea como el resto del sector consultado coinciden en que si los planes de la OMC salen adelante a final de año (cuanto está previsto que se vote) supondría un ataque directo a la línea de flotación de la industria.
“Dejaría de haber flota española o el pescado se pondría a precio de langosta”
“Creo que dejaría de haber flota española o el pescado se pondría a precio de langosta”, ilustra el gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa. A su juicio, la flota tiene que “mantener la guardia permanentemente activa” ante esta negociación y que “a quien afectaría más sería a las flotas de bajura”.
“Se duplicaría y sería inasumible. Haría inviable la actividad pesquera”
De la misma forma opina el gerente de los Armadores de Marín. “Me parece una barbaridad si se aplica así”, comenta Juan Martín Fragueiro, “y si esta fiscalidad se modificase tendría un impacto impresionante”. “Con esto el precio se duplicaría y sería inasumible. Haría completamente inviable la actividad pesquera”, sentencia.
