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Bruselas aumenta la presión sobre la flota y reivindica poner fin al gasóleo bonificado

El pesquero portugués “Paralelo”, repostando en el muelle de O Berbés. MARTA G. BREA

El gasóleo utilizado por el sector pesquero se beneficia de una exención total en el impuesto sobre hidrocarburos. De momento, eso sí, porque la presión para gravar este producto arrecia por todas partes. No solo por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ya intentó el 15 de julio sentar las bases de un acuerdo para poner fin a una medida fiscal que, a su juicio, contribuye a la “sobrepesca”.

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Este planteamiento duplicaría el coste del gasoil a la flota gallega, compuesta a día de hoy por 4.275 embarcaciones –la gran mayoría de artes menores–, y forzaría el cierre de cientos de empresas familiares. El problema es que la OMC no está sola en esta batalla: la propia Comisión Europea defiende la necesidad de que los armadores paguen el litro de combustible con impuestos, de acuerdo a la documentación obtenida por FARO.

Y, más aún, el Gobierno español ha delegado en Bruselas “la posición coordinada de los Estados miembros en las negociaciones que tienen lugar en el seno de dicha Organización” (en alusión a la OMC).  “La propuesta de la Comisión [...] prevé, entre otras cosas, la tributación del combustible utilizado para la pesca”, ha escrito textualmente el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovkis, en un texto firmado el 18 de agosto.

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Son dos respuestas escritas las que arrojan luz sobre los planes de las administraciones comunitaria y española, y que despiertan todos los temores en la industria pesquera gallega. La primera es del letón Dombrovskis, que ejerce también como comisario de Comercio. Su misiva es una contestación formal a tres eurodiputados de Los Verdes (Francisco Guerreiro, Ska Keller y Caroline Roose). “¿Por qué la Comisión –cuestionaron– no clasifica explícitamente estas subvenciones a los combustibles como perjudiciales?”.

La respuesta del mandatario comunitario, de hace escasas dos semanas, es clara. “Una de las ambiciones enunciadas en el Pacto Ecológico Europeo es poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. La propuesta de la Comisión de revisión de la Directiva de Tributación de Energía prevé, entre otras cosas, la tributación del combustible utilizado para la pesca”.

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 A diciembre

Pero dice más. “Los regímenes de reducción fiscal difieren de las medidas de apoyo financiero que colocan el precio final por debajo del precio del mercado mundial; son estas medidas de apoyo financiero que la UE pretende abordar en las negociaciones de la OMC”. La próxima Conferencia Ministerial, en la que esta institución tratará de nuevo de prohibir el gasóleo bonificado, será en diciembre. Para los detractores de esta medida fiscal, la flota se beneficia de una subvención, de ahí que los armadores insistan en que no debería formar parte de las ayudas que se quieren prohibir. Valdis Dombrovkis lo considera, por contra, un subsidio. “Estas reglas deben ser sólidas y basadas en datos científicos [...] y evitar la posibilidad de conceder subvenciones insostenibles”.

 

LA CARTA DE DOMBROVKIS

1.   La ambición de Bruselas

“Una de las ambiciones enunciadas en el Pacto Ecológico Europeo es poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. La propuesta de la Comisión [...] prevé, entre otras cosas, la tributación del combustible utilizado para la pesca. Los regímenes de reducción fiscal difieren de las medidas de apoyo financiero que colocan el precio final por debajo del precio del mercado mundial”.

 

2.   Los problemas de ejecutar la medida

“Una prohibición generalizada de los regímenes de reducción fiscal incentivaría el reabastecimiento en alta mar y aumentaría los riesgos para el medio marino. Además de eso, dejaría a los pequeños pescadores en una peor situación”.

A renglón seguido, el vicepresidente del Ejecutivo europeo admite los problemas derivados de eliminar la exención fiscal, al menos parcialmente. “Una prohibición generalizada de los regímenes de reducción fiscal incentivaría el reabastecimiento en alta mar y aumentaría los riesgos para el medio marino”, dice. Se refiere a la operativa del ship to ship bunkering, o repostaje en alta mar, que no es irregular pero sí alegal. El comisario admite también un perjuicio directo a los barcos más pequeños (el 90% de la flota gallega es de artes menores), si bien no refiere ninguna medida para paliarlo. “Dejaría a los pequeños pescadores –culmina– en una peor situación”.

¿Y el Gobierno español? Aquí entra en juego la segunda respuesta, remitida al diputado nacionalista Néstor Rego después de que este periódico alertase, el pasado mayo, de los planes de la OMC. “España defiende, ante la OMC, su posición comercial a través de un proceso de coordinación de políticas comerciales de los Estados miembros de la Unión Europea. Siendo, por tanto, la Unión Europea quien manifiesta la posición coordinada de los Estados miembros en las negociaciones que tienen lugar en el seno de dicha Organización”. El alineamiento es, por tanto, con el mismo Ejecutivo que defiende gravar con impuestos el combustible que utiliza la flota pesquera.

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