En las estadísticas y la burocracia aparecen como menores extranjeros no acompañados, vidas complejas simplificadas en un acrónimo, menas. Las ONGs que trabajan con ellos describen tras esa palabra, que engloba a 147 niños a cargo de la Administración gallega en 2020, a niños y adolescentes que se han visto obligados a tener sueños de adultos, a imaginar en otros países “una vida mejor”, una en la que aspiran a ponerse a trabajar cuanto antes para ganar dinero con el que poder ayudar a familias que se han quedado al otro lado de varias fronteras, familias a la que añoran con un sentimiento similar a la “morriña” gallega.
Algunos llegan a España a instancia de sus propios parientes, otros lo hicieron en su compañía, pero después se quedaron solos. “Hay tantos motivos como chicos, pero lo común es que piensan que en España van a tener una vida económica mejor y que van a poder ayudar a su familia”, explican desde la ONG Igaxes. Por eso lo habitual es que sean “pragmáticos”, que quieran tener oficios que les permitan “ganarse la vida”, sobre todo en un primer momento. De ahí que junto a otros adolescentes a cargo de la Administración autonómica, cuando cumplen 16 años puedan pasar a formar parte de un programa desarrollado por la ONG Igaxes para apoyarlos en el camino hacia su independencia y hacia su inserción laboral desde pisos tutelados. En esos hogares llegan a convivir ocho jóvenes al margen de la nacionalidad que figure en sus papeles, aunque luego sí importe, y mucho, a la hora de dirimir su futuro.
Lo explican Pilar Ramallal, coordinadora de Vivienda de la iniciativa Mentor, y Deibe Fernández, técnico de inserción laboral, quienes conocen a estos menores más allá de las cinco letras y de “estereotipos sin fundamento”, como reprocha Fernández. Estos jóvenes, chicos sobre todo, llegan a Galicia básicamente desde Marruecos, Rumanía o Brasil, pero también desde el África subsahariana, a veces con una gran mochila de “sufrimiento” a sus espaldas.
"Vienen buscando una vida mejor o algún tipo de alternativa, con una idea de España y de consecución económica y de trabajo que no es la real, normalmente no son conscientes de todas las trabas que tienen aquí"
“Suelen ser bastante reticentes en un primer momento a contarte toda la historia porque hay procesos migratorios que son muy traumáticos y tienen muchísimo miedo a que se les haga daño, a que se les eche. Vienen buscando una vida mejor o algún tipo de alternativa, con una idea de España y de consecución económica y de trabajo que no es la real, normalmente no son conscientes de todas las trabas que tienen aquí”, explica Ramallal. A sus oídos se quedaron pegadas narraciones que incluyen deudas contraídas para llegar desde el sur de África, “miserias”, “abusos” o “agresiones” y un “alto precio” que “pagar”, y no solo económicamente, sino de “penurias” y “hambre”.
“Esos chicos necesitan dos cosas muy importantes. Una, que no se les juzgue. No son chavales malos, no es que estén en centros porque hayan delinquido, son chicos que vienen a buscar un futuro mejor. Y siempre digo que estos chicos precisan muchas cosas, pero, sobre todo, oportunidades: oportunidades para estudiar, para trabajar. Oportunidades como tuvimos los demás, aunque tuviésemos que lucharlas, para poder tener el derecho a una vida digna”, sostiene.
Los últimos datos proporcionados por la Consellería de Política Social elevan los menores extranjeros no acompañados a cargo de la Administración autonómica a un total de 147 en 2020. Es la primera caída después de seis años de incremento, sobre todo a partir de 2018. Las viviendas tuteladas son el último escalón antes de su inserción laboral en la sociedad y a ellas suelen llegar ya con un “mínimo manejo” del idioma. Aun así, en los pisos tutelados se insiste en esa formación para evitar que sean “vulnerables” y se suelen buscar recursos externos, como voluntarios para conversación, para que puedan ir creando una red de apoyo.
A falta de familia presente, en el propio piso esa red empieza por el educador y por los compañeros. En la convivencia, el respeto y la tolerancia, explica Ramallal, son claves y se trabajan, al igual que el reparto de tareas domésticas –algunos cocinan los platos típicos de sus países– o el fomento de actividades de ocio comunitarias. Además, cuando los jóvenes así lo desean se les anima a que mantengan el vínculo con sus parientes. “Siempre vienen con muchísima morriña de sus familias”, señala Ramallal, y, al otro lado de la línea, añade, les “alivia mucho ponerte cara, ver que sus hijos están bien tratados, ver que hay una mesa con comida”.
La cuestión es qué ocurre después. Como explica Deibe Fernández, mientras son menores estos chicos están protegidos en el marco de los convenios ratificados por España. “El problema llega a los 18 años. Al llegar a los 18 estos chicos o disponen de un contrato de trabajo de un año que les permita obtener una autorización de trabajo y que les facilite unos ingresos que a su vez faciliten una autorización de residencia o se quedan en una situación de absoluta ilegalidad”, explica. Además, a las empresas se les piden unos requisitos, dice, que no se le piden para la contratación de trabajadores de nacionalidad española. “Ahí es donde está el principal handicap”, recalca, para unos chicos, que “en su mayoría están muy motivados para el trabajo y con ilusión por mejorar su futuro”.
Con todo, y tras veinte años en el sistema, Fernández cuenta cómo en Galicia estas historias por lo general tienen un final feliz: los jóvenes suelen acabar en inserción laboral, también porque en la comunidad se les suele dar apoyo hasta que el joven está insertado, apunta. Este técnico incide en que los chicos van a seguir entrando y que “vienen a integrarse, a trabajar”, por lo que no tiene sentido que se les pongan obstáculos al llegar a la mayoría de edad.
