El negocio de las apuestas dispone de margen para seguir creciendo en Galicia a pesar de la moratoria de nueve meses decretada por la Xunta durante la que no autorizará la apertura de ningún salón de juego o tienda de apuestas. Sin embargo, el sector todavía tiene derecho a instalar 400 máquinas de esta modalidad de juego en bares y cafeterías de la comunidad, con las que podría elevar una facturación que en 2017 alcanzó los 146 millones de euros, según el Anuario del Juego elaborado por Codere, uno de los gigantes del sector. El margen de beneficio total rozó los 30,4 millones y el pago de impuestos ascendió a 3.
La semana pasada el Ejecutivo gallego decidió contener el crecimiento de un sector en el que el negocio de las apuestas ha crecido como la espuma desde que comenzó a operar en 2013. Mientras prosigue en la renovación de la Lei do Xogo, que data de 1985 y cuya nueva versión se prevé que sea aprobada antes de fin de año, la Xunta aprobó la semana pasada prohibir la apertura de nuevos negocios de juego o apuestas durante nueve meses, autorizando tan solo los 21 permisos del primer tipo en tramitación para congelar la cifra en 118 más 41 de los segundos.
Sube el límite
Sin embargo, el principal punto de captación de clientes del sector no solo no se verá afectado, sino que podrá crecer durante ese período. Los locales de hostelería de la comunidad acogen en la actualidad 3.206 terminales de apuestas, máquinas de aspecto similar a las tradicionales tragaperras. Restan casi 400 hasta agotar el cupo máximo que la Xunta elevó en diciembre de 2016 hasta 3.600 a petición del sector, que consideraba insuficientes el techo de 2.000 fijado inicialmente.
Las autorizaciones para instalar esas 3.600 terminales ya han sido concedidas por la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Vicepresidencia, según confirman fuentes de este departamento. Solo han situado en locales de hostelería 3.206, por lo que "el resto todavía tiene plazo para instalarse, sin perjuicio de lo que pueda establecer la nueva Lei do Xogo al respecto", exponen.
A las 3.206 máquinas en bares y cafeterías se unen las 468 de los 97 salones de juego abiertos en la actualidad y las 250 de las 41 tiendas de apuestas. En total suman 3.924, 135 más que el pasado noviembre, según los datos de Vicepresidencia. En el primer caso, el crecimiento es de 35 unidades, por 70 del segundo y 30 del tercero.
La regulación autonómica de este negocio establece un máximo de 600 máquinas en hostelería para cada uno de las seis empresas autorizadas para operar. Además, por cada 100 terminales deben contar con una tienda de apuestas, establecimiento que ofrece únicamente esta modalidad de azar, frente a los salones de juego, que acogen también tragaperras. Las máquinas de apuestas también pueden ser instaladas en casinos o bingos.
La Xunta justificó el cerco temporal a esta actividad por la "preocupación social existente y el aumento de los problemas de adicción" detectados, que las asociaciones de ayuda a los ludópatas han catalogado incluso de "epidemia", denunciando incluso que tratan a menores de edad enganchados al azar. Un estudio de la Universidade de Santiago dirigido por Antonio Rial Boubeta incluso alertó de que unos 10.000 menores reconocían apostar dinero de forma habitual.
El Ejecutivo también esgrimió la necesidad de frenar tentaciones especulativas del sector ante la próxima reforma de la Lei do Xogo, que pretende introducir restricciones como obligar a los dueños de bares y cafeterías a activar las terminales de apuestas de forma similar a las máquinas de venta de tabaco o prohibir bonos y partidas gratis para captar clientes.
El Diario Oficial de Galicia publicó ayer el citado veto a nuevos establecimientos y recogió lo que la Xunta considera "ejemplos" de "conductas especulativas". Tras comunicar su decisión el miércoles a los integrantes de la Comisión do Xogo, un día antes de que la aprobase el Consello, Vicepresidencia recibió 14 nuevas solicitudes para abrir tiendas de apuestas, con las que las empresas del sector trataban de sortear la moratoria. "Y es probable que el número se incremente", reconoce en la resolución el Ejecutivo, que no autorizará esos permisos.
