14 de enero de 2019
14.01.2019
Reforma de una legislación de 1985

Galicia plantea prohibir a las casas de apuestas regalar bonos de dinero para captar clientes

La Xunta aboga por vetar que el sector del juego oferte partidas gratis o conceda préstamos para combatir la ludopatía - La medida consta en un borrador de la nueva Lei do Xogo

14.01.2019 | 01:30
Un joven consulta una web de apuestas, que ofrece 200 euros para apostar como gancho. // Iñaki Osorio

"Llévate hasta 350 euros con nuestro bono de bienvenida". Este gancho de una casa de apuestas que opera en Galicia resume una de las principales estrategias del sector para captar clientes: bonos de dinero extra cuando se juegan las primeras cantidades. Pero Galicia planea poner fin a estas prácticas. La Xunta propone incluir en la nueva Lei do Xogo una prohibición de estas ofertas, así como vetar que las operadoras concedan préstamos a sus clientes.

El Ejecutivo autonómico comenzó a finales del año pasado las negociaciones con el sector, las asociaciones de ayuda a los ludópatas y expertos en la materia para reformar la Lei do Xogo, que data de 1985, y adaptarla al siglo XXI. Sobre la mesa ha propuesto ya un artículo sobre "Políticas de juego responsable" que vetaría los bonos de dinero gratis para apostar. "Los agentes del juego no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a las personas participantes, ni conceder bonificaciones, partidas gratuitas o elementos que se puedan cambiar por dinero a las personas usuarias del juego", establece el punto cuarto del citado artículo en un borrador provisional de la norma enviado en noviembre por la dirección xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Vicepresidencia, a los integrantes del grupo de trabajo creado ad hoc sobre la reforma. La Xunta prevé aprobar la nueva ley a finales de año.

Ese veto se aplicaría a las seis operadoras con licencia para explotar las apuestas presenciales en Galicia, así como al sector del juego tradicional - tragaperras o casinos, por ejemplo-, pero no a las empresas que permitan jugar a través de internet -al póker, por ejemplo-, campo regulado a nivel estatal por la administración central. Esa misma problemática competencial afecta a la publicidad, campo que también quiere regular la Xunta, si bien el año pasado el entonces director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, reconocía que no podían limitar la constante lluvia de anuncios televisivos de casas de juego que usan habitualmente figuras deportivas como reclamo. Su puesto ahora lo ocupa Santiago Villanueva.

Los trabajos de reforma legal avanzan lentamente ante la difícil conciliación de intereses entre los operadores -entre los que existen diferencias también, pues el juego tradicional se queja de mayor carga fiscal que las casas de apuestas- y las asociaciones contra la ludopatía, que alertan de una "epidemia" inminente de adicción desde que en 2013 comenzaron a funcionar las apuestas deportivas en Galicia. Tres años después este negocio movía ya en la comunidad 134 millones de euros y dejaba al sector un margen de 28, según la Dirección General de Ordenación de Juego. Según Codere, en 2017 se apostaron en Galicia 146 millones, cifra que alcanzó los 1.868 en España.

La Xunta cuenta ya con un índice del articulado del anteproyecto de ley y ha sometido a discusión dos artículos. Uno se refiere al juego responsable, que, además de vetar los bonos, obliga a las empresas a adoptar "medidas que atenúen los posibles efectos perjudiciales que el juego pueda producir", sin especificar cuáles. También establece la realización de "acciones preventivas" contra la ludopatía, si bien no existe un artículo específico sobre prevención.

El otro artículo sometido a debate se refiere a los "Principios rectores de la actividad del juego", que establece la protección de los menores, la garantía de pago de premios o el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales. En el punto 2 de este borrador también se desliza una referencia a una cuestión demandada por el sector del juego tradicional para equiparar su carga fiscal a las casas de apuestas.

"Se tendrá en cuenta la realidad e incidencia social, su repercusión económica, la diversificación empresarial del juego en sus distintas modalidades, favoreciendo la concurrencia en condiciones de igualdad de las personas físicas y jurídicas dedicadas a la explotación de juegos, no fomentando el hábito del juego y reduciendo sus efectos negativos", recoge el texto provisional.

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