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Los bares suman 2.362 máquinas de apuestas, más del tope previsto al regular el negocio

La Xunta elevó el año pasado el máximo de terminales de 2.000 a 3.600 a petición del sector -Los colectivos de ayuda a ludópatas alertan del aumento de menores adictos

en Vigo. // J. Lores

En febrero de 2013 se concedieron las primeras licencias para instalar máquinas de apuestas deportivas en Galicia mediante una normativa que fijaba en 2.000 el límite de terminales en bares y cafeterías. El negocio no cesa de expandirse y crecer y, por ello, los locales de hostelería de la comunidad ya superan ese tope cuatro años después. En la actualidad, cuentan con 2.362 terminales y todavía existe margen para incrementarlas, pues la Xunta elevó el máximo permitido inicialmente a 3.600 el año pasado.

El sector se divide en Galicia en los seis operadores que recibieron autorización del Gobierno autonómico, que aprobó la regulación de esta actividad en 2012 y, al año siguiente, concedió los primeros permisos. Poco a poco, las apuestas deportivas se fueron popularizando, ayudadas por su implantación en los locales de hostelería y por la publicidad.

En la regulación se indicaba que solo podrían ubicarse 2.000 terminales en bares y cafeterías y que, para ello, cada operador debería abrir locales específicos de apuestas a mayores. El año pasado, las operadoras pidieron a la Xunta abrir la mano para lograr más permisos. Y se fijó un nuevo tope en 3.600. Ya están operativas 2.362, según las últimas cifras de la Vicepresidencia.

Esta expansión, sin embargo, choca con las denuncias de los colectivos de ayuda a los ludópatas, que alertan del aumento de menores de edad con problemas de adicción a estas prácticas. Aunque legalmente no pueden apostar, en la práctica sí lo hacen. El año pasado, dos de estas asociaciones aseguraban atender a alrededor de 80 consultas mensuales de padres por este tipo de conductas en sus hijos. De ellos, una veintena afectaba a chicos que no habían alcanzado todavía la mayoría de edad.

La puesta en marcha de este negocio también padeció problemas fiscales. La falta de una normativa detallada para recaudar las tasas autonómicas a una nueva modalidad provocó que durante dos años las operadoras no tuviesen que cumplir con sus obligaciones ante una Consellería de Facenda que siempre mantuvo que pagarían los atrasos. En 2015 se solucionó ese vacío legal y comenzó a cumplirse el calendario de pagos, que ascienden ya a 7,2 millones de euros. De esa cifra, 1,8 millones corresponden a pagos de 2015 correspondientes a los ejercicios 2013 -el primero de actividad- y 2014, mientras que 5,4 se refieren a 2015 y a casi todo 2016, según el balance del departamento dirigido por Valeriano Martínez.

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