Galicia hace tambalear la descarbonización

“Cualquier cosa que hagamos, también desde las perspectivas de las políticas ambientales, no ha de olvidar nunca que hablamos de personas: las personas primero”, proclamó la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la inauguración el pasado jueves de las jornadas de escucha y participación sobre las energías renovables y el territorio con las que el Gobierno aspira a “actualizar el conocimiento e identificar nuevas herramientas que faciliten la distribución social y ambientalmente justa de los beneficios ligados a la transición energética”. La primera de las sesiones se dedicó a los desafíos en el proceso de diseño, tramitación y operación de las instalaciones verdes. Habrá ocho citas más por las que pasarán representantes de la sociedad civil, sindicatos, administraciones y centros de investigación, con la urgencia en la lucha contra el cambio climático y los movimientos asociativos en contra del despliegue masivo de fuentes limpias como telón de fondo.

La Xunta teme el contagio de la judicialización de la eólica a los futuros parques en el mar

Ese mismo día, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desveló que no da por perdida su cruzada contra la tramitación actual de los parques eólicos en la comunidad. Los cuatro magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo sostienen que los informes de los organismos a los que se consulta en la evaluación ambiental tienen que estar listos antes de exponer el proyecto a alegaciones. De la otra manera, dejando esos documentos técnicos de patrimonio, aguas o cultura para una fase posterior, los interesados se quedan cojos para “ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban”.

El Supremo le dijo que no. Que ni la norma española ni la directiva europea obligan a eso y, por tanto, no puede declararse la invalidez del trámite de información pública “por el supuesto incumplimiento de un requisito formal que ninguna ley recoge”, como hizo con la repotenciación del parque eólico Corme en la localidad de Ponteceso. Tumbó la anulación de las autorizaciones del tribunal gallego al proyecto de la empresa EDP y fijó jurisprudencia. Aún así, el TSXG decidió acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con los permisos de la Xunta al parque A Raña III de la firma Eurus, en idéntica situación al de Corme, porque entiende que la ley estatal y la autonómica “podrían no haber traspuesto adecuadamente” la directiva europea de evaluación ambiental.

El TSXG acumula ya 13 parques eólicos suspendidos ahora por el posible impacto ambiental

La construcción del parque A Raña III en Mazaricos está ya bloqueada a la espera de la resolución del litigio y ese mismo camino podrían seguir los casi 70 proyectos inmersos en la tela de araña provocada por los más de 2.000 recursos administrativos y el centenar largo de contenciosos interpuestos por las asociaciones ecologistas de la plataforma “Eólica, así non”. Parte de ellos fueron suspendidos cautelarmente por los supuestos errores en la tramitación tras fallar en contra de la repotenciación de Corme. Cuando el Supremo le quitó la razón, el TSXG optó por “adaptar” sus autos y paralizarlos –van 15 ya– por el posible impacto ambiental, siguiendo los mapas elaborados por Transición Ecológica con las zonas más y menos sensibles para levantar plantas eólicas y fotovoltaicas.

El tribunal gallego dice que es “información objetiva”. El sector eólico recuerda que no tienen rango normativo alguno. Y el propio ministerio los presenta como una “aproximación metodológica orientativa para conocer desde fases tempranas los condicionantes ambientales asociados a las ubicaciones de los proyectos” que “no exime del pertinente procedimiento de evaluación ambiental al que deberá someterse cada instalación”.

El conflicto eólico bloquea 10.000 millones en inversión y la transición ecológica de Galicia

La respuesta del TJUE dirimirá si la tramitación de todas las instalaciones energéticas, industriales y de infraestructuras que requirieron un examen de impacto en España en los últimos 11 años fue correcta o hay que cambiar el procedimiento. “Incluso una carretera, un polideportivo, un puerto, un punto limpio o una piscina municipal”, remarca Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “Una situación –añade– kafkiana”. No está en juego solo la expansión renovable en Galicia, ni siquiera la metamorfosis industrial con los nuevos centros de producción que necesitan esa energía sostenible para alimentarse –la inversión en el aire supera, según el propio sector, los 10.000 millones de euros–, sino toda la estrategia de descarbonización del país. “Es que no estamos hablando de poner en cuestión una normativa autonómica, sino la trasposición a la normativa estatal”, recuerda Virgilio.

La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 para incluir la ampliación de los objetivos de la UE en reducciones de gases de efecto invernadero y la reducción de la dependencia de las importaciones fósiles contempla pasar de los 72.000 megavatios (MW) de potencia renovable operativos en este momento a 160.000 al final de la década. Solo en eólica, la hoja de ruta aprobada por el Gobierno prevé llegar a 62.000 MW –incluidos los entre 1.000 y 3.000 en parques en el mar–, el doble que en la actualidad (30.934 MW). “Todo lo que sea generar inseguridad regulatoria, inseguridad jurídica, paralizaciones cautelares de proyectos con tramitaciones ambientales y de construcción positivas, situaciones que no atienden a ninguna lógica climática y, si me apuras, lógica de normativa regulatoria porque todos la cumplen, evidentemente va en detrimento del cumplimiento del PNIEC”, afirma Juan Virgilio. “Ya de por sí es un documento exigente –continúa– y con este tipo de situación se complica todavía más”.

Hace años que Galicia perdió el liderazgo en potencia eólica instalada, pero es la tercera con mayor aportación de los molinos porque el recurso aquí es de mejor calidad. La Axenda Enerxética de Galicia de la Xunta aspira a tener encendidos 8.500 MW en 2030 con la construcción de 3.800 MW en tierra y unos 800 de offshore flotante. El PNIEC es un plan nacional, no distingue cuotas territoriales, pero la ampliación del músculo verde por zonas es fundamental para articular el refuerzo necesario en las líneas y subestaciones eléctricas.

¿Corren riesgo los proyectos de caerse mientras esperan un veredicto? Las declaraciones de impacto ambiental suspenden su caducidad durante los litigios. Las autorizaciones para engancharse a la red, no. Por eso la patronal eólica ha pedido al Gobierno que congele el plazo de construcción marcado para conservar el acceso en los casos judicializados. Pero hay otra deriva a mayores: la parálisis de la eólica en Galicia “es perfectamente contagiable a cualquier comunidad autónoma y a cualquier tipo de instalación”, advierten desde la patronal eólica. De hecho, ya está pasando.

En la comisión formada en las Cortes de Aragón para investigar la tramitación de las renovables, la asociación Paisajes de Teruel pidió esta misma semana una moratoria de nuevas instalaciones por las supuestas irregularidades en el cumplimiento de las leyes ambientales. Hay varios parques de esa región, la de mayor crecimiento en eólica en los últimos años, con recursos de alzada. Al Tribunal Superior de Justicia de Asturias le tocará pronunciarse también sobre, al menos, cuatro complejos de aerogeneradores, dos de ellos tras las denuncias de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

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