La patronal eólica negocia con el Gobierno una pausa en el plazo de construcción para los afectados

La judicialización del sector eólico de Galicia transciende al futuro de la transición energética en la comunidad. Es, como alertan desde el sector, “un problema nacional” por el riesgo de contagio de la conflictividad social de las renovables y porque lo que diga el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto a la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) afecta a la tramitación de proyectos aquí y en el resto de España. ¿Hay que presentar los informes sectoriales de los organismos ligados al examen de impacto de un parque en la fase de exposición pública o, como hasta ahora y, según también la posición del Supremo, es un paso posterior? Lo único claro en estos momentos es que hay decenas de proyectos en la comunidad a la espera de un posicionamiento de la justicia europea, que tardará meses en decidir si comparte las dudas del tribunal gallego sobre los posibles errores en cómo se aplica en España y Galicia la directiva de evaluación ambiental y no menos de un año y medio en dar un veredicto en caso de aceptar la revisión.

Mientras, el cronómetro corre para los proyectos. Más allá de los problemas que la parálisis tiene para el encargo de las obras y todos los componentes –hay un auténtico cuello de botella en el aprovisionamiento de turbinas y subestaciones–, el plazo límite del Ministerio para la Transición Ecológica para que los parques no pierdan el permiso de conexión a la red eléctrica supone una espada de Damocles. Después de las prórrogas dadas para la obtención de las autorizaciones administrativas y de construcción, el departamento dirigido por Teresa Ribera volvió a abrir la mano con los tiempos del último hito previsto, el de encender las instalaciones. Dispondrán de tres años más sobre lo inicialmente previsto, hasta junio de 2018. Pero el próximo mes de mayo deben decir cuándo prevén hacerlo.

El TSXG acude al Tribunal de la UE para tumbar la tramitación de parques eólicos

Era una demanda de la Asociación Eólica de Galicia (EGA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) la ha hecho suya: pedir al Gobierno que la cuenta atrás se pare para aquellos proyectos bloqueados en los juzgados. Se está negociando, según confirma Juan Virgilio, director general de la patronal eólica estatal, a FARO. “Para dar cobertura, seguridad y apoyo a nuestras empresas, lo mínimo sería que por lo menos no cuente el contador del cumplimiento de esos hitos para esos proyectos que están paralizados”, explica. Virgilio pone el ejemplo de la repotenciación del parque Corme, el que desencadenó la maraña judicial, “donde se ha demostrado claramente que estaba bien tramitado con el Supremo”. La alternativa de que siga adelante el plazo provocaría una situación “tremendamente grave” para los afectados si el tiempo demuestra la correcta tramitación. “Existe un daño patrimonial en empresas que han invertido tiempo y dinero”, avisa.

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