Fogasa pide que Faurecia se haga cargo de sus 100 extrabajadores de O Porriño

A comienzos de noviembre, varias decenas de empleados de Madera Fiber Technologies protestaban junto a una enorme pancarta que pedía “ética” a Faurecia, a las puertas de la Ciudad de la Justicia (Vigo). En su interior, en la sala 36 del Juzgado de lo Social número 7, representantes de la multinacional francesa trataban de rebatir la demanda presentada por sus extrabajadores, cuya defensa argumentaba con toda clase de detalles cómo se produjo la cesión ilegal de las más de 100 personas que el grupo galo mantenía contratadas en su antigua planta de O Porriño.

El caso es sencillo de explicar: Faurecia transmitió la fábrica, los terrenos y su plantilla a Callista Private Equity; poco después el fondo alemán malvendió el solar y la cedió a RW Future Tech; y esta última sociedad, domiciliada en una barriada de Rumania, se encargó de enterrar los restos. Madera Fiber Technologies, por su parte, fue el vehículo a través del cual se fraguaron estas operaciones. Creada ad hoc y propiedad de Callista Private Equity, RW Future Tech pidió su concurso de acreedores este verano.

El inminente cierre de la factoría, avanzado por FARO, llegó como consecuencia de que la firma ya no podía hacer frente al pago de las nóminas de sus asalariados. En solo dos años se había producido la descapitalización de la planta de O Porriño, que durante todo este tiempo había fabricado piezas por debajo de coste para Faurecia. Así lo vinieron denunciando sus extrabajadores y quedó demostrado en el juicio, en el que la administración concursal pidió a la jueza encargada del caso que estimase la demanda presentada.

Faurecia rechaza recomprar Madera Fiber y solo ofrece carga de trabajo

Una sentencia favorable derivaría en la anulación del traspaso de la antigua plantilla de Faurecia, forzando su reincorporación a la multinacional francesa u obligando a la misma a hacer frente a las indemnizaciones por despido que en su momento evitó al transferirla a Callista Private Equity, y ésta a RW Future Tech. Es una situación probable teniendo en cuenta que a la petición de los extrabajadores y la administración concursal se suma un informe de Inspección de Trabajo que certifica que las nuevas propietarias de la planta de O Porriño no pusieron en juego “una verdadera organización empresarial para el desarrollo de una actividad productiva con existencia autónoma e independiente de Faurecia”, y que en las conclusiones presentadas por escrito con posterioridad al pleito también lo ha reclamado el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El Fogasa, organismo público que debería abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago e indemnizaciones en caso de insolvencia, considera “probado” que “la compraventa se realizó en fraude de ley”.

“Se guardaron las formalidades y apariencias de un contrato de compraventa formalmente válido para conseguir un objetivo no permitido por el ordenamiento jurídico (deshacerse de la planta de O Porriño sin someterse a las normas aplicables), por lo que llegamos a la conclusión de que en realidad el vendedor no quería vender ni el comprador quería comprar, y, en consecuencia, debe prevalecer la norma que se ha tratado de eludir”, justifica la entidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que concluye que sí concurrieron los requisitos de la figura de cesión ilegal de trabajadores: “Aunque aparentemente había un nuevo empleador, en realidad todo siguió igual que estaba hasta ese momento”.