Las dos ofertas para hacerse con Maderas Iglesias contemplan a menos de la mitad de la plantilla

Maderas Iglesias fue hasta el pinchazo inmobiliario una compañía de referencia en Galicia. La empresa porriñesa rondaba los 800 trabajadores si se contabilizan las plantas que en su momento abrió en Brasil, Polonia y Eslovenia. E incluso facturó más de 75 millones de euros en sus mejores momentos. No obstante, todo ello se fue al traste con el crac del ladrillo, que se expandió con fuerza hasta hacer temblar a la reina de la tarima flotante. Hoy en día quedan poco más de 160 empleados en su plantilla, la compañía se encuentra en liquidación desde el pasado 30 de mayo –cuando así lo decretó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra–, y las únicas dos ofertas presentadas por los inversores interesados en patrocinar su posible rescate ni siquiera contemplan a la mitad de todos sus profesionales.

Maderas Iglesias entra en liquidación tras el impago de 2,5 millones de deuda

Por esta razón, el comité de empresa de la susodicha firma manifestó ayer que considera “insuficientes” los puestos laborales que salvarían las citadas propuestas. La primera, indicó este lunes el sindicato nacionalista CIG en un comunicado remitido a los medios, está ligada a un grupo vigués que solamente prevé quedarse con 76 puestos; mientras que la segunda, formulada por un grupo vasco a través de su filial cántabra, mantendría 70.

Cabe recordar que el plazo para que los pretendientes de Maderas Iglesias puedan presentar ofertas por la misma terminará el próximo 31 de agosto. En este sentido, los representantes de los trabajadores esperan que antes de que eso suceda lleguen otras opciones que permitan mantener más empleos, conforme llevan demandando desde que la jueza instó a la liquidación de la compañía tras la reclamación judicial presentada por cinco bancos –que acumulaban sendos impagos por más de 2,5 millones de euros–.

Ante esta tesitura, el comité de empresa volvió a solicitar ayer al Gobierno de Alfonso Rueda que participe activamente en la búsqueda de nuevos inversores que permitan conservar el mayor número de puestos laborales. La petición, dirigida al Ejecutivo gallego y al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), exige que se impliquen “tal y como se comprometieron”.

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