La Xunta pisa el acelerador para autorizar “la mayoría” de los 77 parques eólicos en vilo en Galicia

La maratón para llegar al pasado 25 de enero con la declaración de impacto medioambiental positiva y retener la conexión a la red fue solo la primera prueba puntuable en el campeonato en el que cientos de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España se juegan la supervivencia. Buena parte de ellos llevan años con el enchufe aprobado, aunque los parques siguen sin ver la luz. A medida que la transición energética escaló posiciones entre las prioridades de la agenda pública, el stock de potencia renovable engordó muy por encima de las necesidades previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030. ¿Una burbuja? El Ministerio para la Transición Ecológica no lo admitió nunca, pero en la práctica optó por pincharla marcando un calendario con fechas concretas para que los promotores demostrasen su interés real en desarrollar las instalaciones y evitar la especulación en los derechos con acceso al esqueleto eléctrico.

Después de relajar los plazos iniciales por petición de las autonomías, los proyectos más antiguos tenían que finiquitar su peregrinaje administrativo entre octubre y diciembre del pasado año, pero la gran criba por el volumen de afectados fue la de enero de este 2023. La Xunta bendijo 77 proyectos eólicos que suman 2.200 megavatios (MW) y el Gobierno, con competencias para aquellos que superan los 50 MW, emitió declaración de impacto favorable para otros 656 MW. Todos están en plena carrera ahora mismo para la meta del inmediato 25 de abril, cuando deben conseguir la autorización administrativa previa para seguir conservando el acceso a la red.

Siguiente hito

En la Vicepresidencia primera y Consellería de Economía tienen el pie en el acelerador para cumplir este siguiente hito. De momento, el departamento dirigido por Francisco Conde no da detalles del estado de las tramitaciones. El propio vicepresidente primero desveló en una comparecencia en el Parlamento gallego en febrero para defender el modelo eólico de la Xunta que en ese momento se estaba revisando ya la documentación de 60 de los 77 parques que lograron la declaración de impacto medioambiental. Otros 43 se quedaron por el camino porque su construcción era incompatible con el respeto al entorno. Y volverá a pasar ahora.

No todos obtendrán la autorización administrativa previa. Ninguna de las empresas contactadas por FARO tenía constancia hasta ayer de que se haya concedido algún permiso, pero todas daban por hecho que saldría adelante “la mayoría”. Ese es, al menos, el propósito que tiene el área de energía del Ejecutivo autonómico, siempre que cumplan con los requisitos. “Solo se aprueban aquellos proyectos –enfatizó Conde en sus explicaciones en el Parlamento para espantar la idea de un sector descontrolado– que se ajustan a la legalidad”.

Dos en uno

Galicia es una plaza peculiar en los permisos y el cumplimiento de los plazos porque aquí la ley autonómica de fomento de la implantación de iniciativas empresariales de 2017 unificó en un solo paso la autorización administrativa previa y el permiso de construcción. En prácticamente todo el resto del país son dos trámites separados y, de hecho, los parques que salven la criba del 25 de abril deberán presentar la autorización para las obras el 25 julio. Tanto la Xunta como la Asociación Eólica de Galicia (EGA) pidieron al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica de España que los proyectos gallegos pudiesen acreditar los dos hitos juntos el 25 de julio, pero no hubo respuesta formal. Esta misma situación se vive en Aragón, donde la administración regional optó por otorgar un certificado a los promotores para justificar el posible retraso de tres meses en la autorización administrativa previa. La Xunta no quiso hacerlo, según cuentan fuentes del sector, para evitar un posible problema de inseguridad jurídica.

Como sucedió en las semanas previas al 25 de enero, la administración autonómica está volcada con la revisión de los proyectos. Según pudo comprobar faro, las delegaciones territoriales de la Xunta se han concentrado en la remisión de información que pide la Vicepresidencia primera. Hasta el próximo mes de junio, en Galicia sigue en vigor la moratoria de 18 meses impuesta en los presupuestos de 2022 a la presentación de nuevos proyectos. Solo se permite la entrada de casos excepcionales, como los que supongan “una vertebración” del territorio.

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