Fracaso de las ayudas a autónomos para paliar el golpe del COVID por los requisitos

“Galicia es una de las comunidades con menor gasto de las ayudas que se pusieron en funcionamiento en el Plan de Rescate”

Eduardo Abad - Presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

Lo es porque entre las regiones que han repartido menor proporción de estos fondos es la séptima, de una lista liderada por ese escaso 4% asturiano. Al otro lado de la balanza está Castilla La Mancha que ha alcanzado un 70% de solicitud de fondos para pequeños empresarios, considerando que ha dejado sin consignar 6,3 millones de euros, de los 200 millones disponibles, que se pondrán a disposición de los autónomos en la próxima convocatoria.

Y lo cierto es que a escala estatal se han solicitado menos del 40% de estos fondos y el motivo, señala Abad radica en los requisitos establecidos para poder acceder a esta prestación: “para que puedan ser beneficiarios, los autónomos deben tener deudas vivas, es decir, tendrían que demostrar que tienen proveedores con facturas pendientes de 2020 y hasta mayo de 2021”, expone el portavoz de UPTA.

La condición que contrasta con la realidad, pues estos pequeños empresarios han tirado de sus propios ahorros para evitar mantener en el tiempo tales deudas. “Los autónomos han hecho un ejercicio de responsabilidad para no romper la cadena de pagos. Si ésta se llegara a romper la economía del país haría crash”, expone Abad, “Si no pagáramos a nuestros proveedores, los proveedores harían lo mismo. Los autónomos pidieron dinero a sus familias y gastaron todos los recursos disponibles”. Esta realidad es palpable en todas las comunidades, pero más marcada, si cabe, en Galicia, por la idiosincrasia del empresariado gallego: los proveedores son personas conocidas y tienen trato directo con ellos. “Han pactado con los proveedores fórmulas para gestionar el aplazamiento de pagos y eso conlleva que, pese a ser cumplidores, no son susceptibles de percibir la ayuda para mitigar el impacto de la pandemia”, revela Abad.

En la misma línea señalan desde la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que tildan las ayudas de fracaso. Un fracaso vinculado a lo “farragoso del Real Decreto 5/2021 que establece que las pequeñas empresas o autónomos con pérdidas en el 2019 se queden fuera o que sólo sean justificables las deudas pendientes de pago a fecha de mayo de 2021”, critica el presidente de la asociación, Lorenzo Amor.

Estos factores explican las pocas solicitudes de fondos en todas las comunidades autónomas. Y es que el primer plazo de las ayudas en Galicia generó 4.600 peticiones que, de haberse concedido en su totalidad, tan sólo habían cubierto el 27% de las ayudas presupuestadas.

Los pequeños empresarios que tenían capacidad de resistencia quedaron descapitalizados y, los que no, son deudores de la Agencia Tributaria y o de la Seguridad Social, dos condiciones que expulsan directamente a los autónomos del circuito de solicitudes de ayudas. Ante esta coyuntura Abad exige al Gobierno que modifique “a través de un real decreto el acceso aquellos autónomos que se encuentren en situación de deuda con cualquiera de las administraciones y que se les permita utilizar estos fondos para saldar estas deudas”. Hasta el 25% de los autónomos gallegos no pueden acceder a estas ayudas por ser deudores de la Agencia Tributaria o de la Seguridad social, afirma el presidente de UPTA, “prefieren eso a deber el salario a sus empleados o dejar de pagar a sus proveedores”.

La fórmula, considera Abad, debería combinarse con otras propuestas como eliminar la obligación de ser deudores para poder percibir la ayuda directa y que “simplemente tengan que demostrar una pérdida de facturación superior al 50% en el periodo de la pandemia para ser beneficiario de estos fondos”, apunta el portavoz de UPTA. Desde ATA reclaman eliminar, además, el requisito de pérdidas de 2019. “Prácticamente el 50% del montante de los 7.000 millones va a ser devuelto”, pronostica Amor.