A punto de vencer el plazo inicial para la presentación de las solicitudes, el tercer plan de rescate destinado a autónomos y pymes para paliar los efectos de la pandemia da evidentes muestras de que no funciona en Galicia. La respuesta del empresariado a esta línea de ayudas ha sido muy floja. Apenas se presentaron 4.600 peticiones que en caso de atenderse todas solo supondría agotar el 27% del fondo disponible –por importe de 234 millones de euros–, lo que obligaría a la Administración autonómica a tener que devolver al Ministerio de Hacienda los 170 millones restantes no comprometidos.
En vista que el plan hace aguas, la Xunta, dentro de su margen de maniobra, ha decidido incorporar algunas modificaciones en la convocatoria para ver si así anima al empresario: amplía dos meses el plazo de presentación de las solicitudes y relaja las exigencias relativas al volumen de facturación.
Los 234 millones de euros los aporta el Estado si bien es el Ejecutivo autonómico el que los gestiona, aunque con los criterios generales que determinó el Ministerio de Hacienda. No obstante, la Xunta tiene un pequeño margen para hacer algunos cambios en los requisitos. En todo caso, el dinero que no se comprometa volverá a las arcas del Estado a 31 de diciembre.
El plazo inicial para entregar las solicitudes de ayuda vence el próximo miércoles y ayer solo se habían presentado en los registros de la Xunta 4.604. “Suponiendo que todas ellas cumplan los requisitos, el importe comprometido sería de unos 64 millones de euros, por lo que habría que reintegrar al Estado 170 millones a final de año”, asegura la Consellería de Emprego.
Estas cifras contrastan con los dos planes de rescate anteriores, para los que se inscribieron 40.000 solicitantes en cada convocatoria.
Causas del "pinchazo"
¿Cuál es la razón de que el tercer plan “pinche” en la comunidad? La Xunta apunta dos motivos: por una parte la tramitación requiere una alta carga burocrática por parte de las empresas y, por otra, las subvenciones tienen que destinarse en exclusiva a satisfacer pagos con proveedores y acreedores, financieros o no. No vale, por tanto, que solo haya bajado la facturación o que un autónomo o empresa tuviera que echar mano de sus reservas para subsistir, sino que debe acreditar la existencia de deudas.
De seguir esta dinámica en los cuatro días lectivos que quedan antes de agotarse el plazo inicial, la Xunta tendría que devolver 170 millones de euros a Hacienda, pero no lo considera una opción. Así que flexibilizará, dentro de sus competencias, dos condiciones de acceso a las ayudas.
Modificaciones
La primera, ampliará hasta el 15 de septiembre el periodo para entregar solicitudes. Y la segunda, establecerá la caída de facturación en más de un 30% para todas las actividades económicas, estén o no incluidas en el Anexo I del real decreto del Gobierno que regula el plan (hasta ahora el porcentaje era del 30% para las que estaban en el Anexo I y del 40% para el resto de actividades).
Estas modificaciones se publicarán la próxima semana y la Consellería de Emprego ya se las ha comunicado a la patronal y a los sindicatos.
La cuantía de las subvenciones oscila entre los 3.000 y los 30.000 euros en función del tipo, que tendrán que estar destinadas a satisfacer deudas así como a los costes de fijos incurridos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. La Xunta anticipará el 100% de las ayudas y posteriormente comprobará que los beneficiarios cumplen los requisitos. Los autónomos y empresas perceptoras se comprometerán, a cambio, a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022, a no repartir dividendos durante los años 2021 y 2022, así como a no aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de dos años.
