El 23 de mayo de 2018 cambió la historia de los vecinos de A Torre, el barrio de Paramos que saltó por los aires a consecuencia de la explosión de un almacén ilegal de material pirotécnico.
Más de una veintena de familias tuvieron que comenzar sus vidas de nuevo y una quedó completamente rota: la formada por Abdelkhalek y Ezzoura, el matrimonio fallecido que dejó huérfanos a dos menores de edad. Hoy, con el barrio a medio reconstruir, la Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei conmemorará el tercer aniversario de la catástrofe rindiendo homenaje a las dos víctimas mortales.
La vivienda de alquiler en la que perdieron la vida los Hailas es una de las que se encuentra todavía en obras. “La reconstrucción de la zona cero está muy avanzada; la mayoría de las viviendas o ya están reconstruidas o están en el proceso”, explica Salvador García, presidente del colectivo que nació para defender los intereses de los afectados. Actualmente, de las 23 licencias de obra mayor solicitadas en la zona cero, 9 están completamente acabadas, 13 en ejecución y una aún no ha sido concedida.
Los propietarios de segundas viviendas son los que más han tardado en poder comenzar las obras, pues desconocían si el importe de las ayudas recibidas de la Xunta y el Gobierno sería suficiente para costear la reconstrucción.
Finalmente, las ayudas del Estado fueron “pírricas”, y solo las percibieron un par de afectados; por lo que el Concello de Tui destinó la mayor parte del fondo de un millón de euros reservado para la catástrofe a completar esas subvenciones.
“La gente aún sigue esperando por el pago de esas ayudas”, lamentan desde la asociación, explicando que “fue un poco lioso ese tema porque los afectados tuvieron que solicitar el pago de esas ayudas cuatro veces porque el presupuesto, en vez de hacerse bianual, se hizo anual, entonces cada año que no se ejecuta la obra tiene que prorrogarse al año siguiente y volver a pleno, con el consiguiente retraso”.
Ayudas pendientes
Desde el Concello de Tui defienden que todos los expedientes de las subvenciones están al día, y que las que faltan por pagar están judicializadas porque los propietarios reclamaron una indemnización mayor por los metros cuadrados de sus viviendas. Con todo, todas las demandas contra el Ayuntamiento han sido recurridas. Unas fueron favorables para la administración local y otras para los afectados.
Además de las ayudas municipales, dos autónomos tienen pendiente de cobro dos subvenciones de Industria de la Xunta que, por su complejidad, permanecen en un limbo.
Y, tampoco se ha reembolsado al Concello de Tui los casi millón y medio de euros que costó el desescombro de la zona cero. Un dinero que se comprometió a pagar el Estado, pero que, tres años después de la explosión, todavía no ha sido devuelto a las arcas municipales. “Esperamos que entre finales de este mes y principios del siguiente nos contesten a los expedientes enviados”, confía el alcalde, Enrique Cabaleiro.
Juicio oral
Otro asunto pendiente es la causa judicial, para la que aún no hay fecha de apertura del juicio oral. A pesar de los intentos de la asociación de afectados por implicar al Estado por la no vigilancia de los materiales explosivos almacenados ilegalmente en la nave de A Torre, el único imputado a día de hoy es Francisco González Lameiro, el dueño de los artefactos que provocaron la onda expansiva que redujo a escombros el barrio.
