La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado el recurso de apelación de la Asociación de Afectados de Paramos y Guillarei para que se investigase penalmente al Jefe de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y al responsable de las inspecciones a la pirotecnia “La Gallega” en Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Tui, en relación con los materiales que se guardaban en el almacén clandestino que explosionó en el barrio de A Torre de Paramos-Tui, en mayo de 2018. En el estallido fallecieron dos personas, hubo decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.
De esta manera, la Audiencia confirma al pirotécnico Francisco González Lameiro como único investigado en la causa, tal y como mantiene la jueza de Tui, y rechaza responsabilidades públicas, al menos de carácter penal, en la explosión; una petición de los afectados que trataron de vincular la existencia de los explosivos que estallaron con una mala praxis a la hora de controlar la actividad de la pirotecnia, que, abocada al cierre en su nave principal por denuncias urbanísticas, mantenía su actividad valiéndose, entre otros lugares, del galpón que finalmente estalló.
La Audiencia confirma al pirotécnico Francisco González Lameiro como único investigado en la causa
Los afectados presentaron un informe de un perito que mantiene “que hubo numerosas irregularidades y descuadres en los libros registro de la pirotecnia (alude a importaciones clandestinas y material explosivo no registrado oficialmente), considerando que hubo dejadez y desidia por parte de las administraciones implicadas en la inspección y control de la pirotecnia”, sorprendiendo al perito que ni la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Tui ni el Jefe de la Dependencia de Industria y Energía de Pontevedra, que efectuaban las inspecciones, “no hubiesen detectado esas irregularidades”. Concluyendo que, de haberlo hecho, “se habría parado el desvío de material explosivo a depósitos clandestinos y por ende, con muchísima probabilidad, se habría evitado la explosión o se habría dificultado”.
Para la Audiencia, “un informe pericial sobre eventuales responsabilidades civiles no puede servir de apoyo para sustentar la existencia de una presunta responsabilidad penal de las personas físicas encargadas de realizar las inspecciones a la pirotecnia “La Gallega”.
Pero además, apuntan que no se acredita que existiese connivencia entre las personas que realizaban la labor de control y el pirotécnico. “Esta insuficiencia indiciaria de una hipotética participación de tales personas en los hechos investigados hace que las diligencias de investigación que interesan los recurrentes sean totalmente impertinentes y, en consecuencia, la denegación que realiza la instructora es absolutamente ajustada a derecho”, afirman textualmente.
“Las irregularidades a las que se alude en el informe pericial podrían servir de base para reclamar una eventual responsabilidad civil a las Administraciones Públicas"
Con todo, la Audiencia deja la puerta abierta a una petición de responsabilidades civiles. “Las irregularidades a las que se alude en el informe pericial podrían servir de base para reclamar una eventual responsabilidad civil a las Administraciones Públicas implicadas por funcionamiento anormal del servicio público, pero no, desde luego, para atribuir la responsabilidad penal que los recurrentes pretenden en este procedimiento”.
