Diana Pino no se rinde pese a las sentencias judiciales que le impiden dejar a sus vacas pastar por el monte que rodea la explotación. Desde el fallo judicial que no le reconoce el derecho a ser comunera y, por tanto, a practicar el pastoreo libre, "he tenido que deshacerme de 60 vacas, la mitad de las que tenía", afirma, porque la granja no dispone de espacio para tantas. Las que quedaron viven "encerradas y tristes porque son animales que necesitan estar en libertad". Cría ejemplares de vianegas, una raza autóctona en peligro de extinción y hasta ha obtenido una subvención de la Xunta por hacerlo. No entiende por qué sus animales deben estar "enclaustrados, mientras los de otros vecinos e incluso de parroquias limítrofes pastan aquí". "Cumplo todos los requisitos para ser comunera porque llevo más de ocho años viviendo aquí y lo he solicitado reiteradamente, pero a estos señores no les da la gana de que lo sea", agrega.
