Sin acuerdo político en Vilagarcía para reclamar el cuarto juzgado: ¿A quién le toca pagar la parcela?

El PP rechaza retirar de su moción que sea el Concello el que consiga “la libre disposición de una parte del solar” que calcula en 200 metros cuadrados | PSOE y BNG censuran que el grupo conservador siempre exonere a la Xunta “de su responsabilidad”

El alcalde Varela hablando ayer antes del pleno con Fajardo (EU) y Rosa Abuín (BNG).   | // IÑAKI ABELLA

El alcalde Varela hablando ayer antes del pleno con Fajardo (EU) y Rosa Abuín (BNG). | // IÑAKI ABELLA / María López

María López

María López

Queda un mes para las elecciones autonómicas y los grupos políticos de la corporación de Vilagarcía no se ponen de acuerdo ni siquiera en una reivindicación histórica de la ciudad que todos ellos respaldan: el ansiado cuarto juzgado. ¿El motivo de la discordia? A qué administración le corresponde gestionar los terrenos en los que construir el nuevo órgano judicial. Todos coinciden en que la ubicación idónea sería la parcela anexa al edificio de O Cavadelo, propiedad del Estado, pero no de quién es la responsabilidad de conseguir el solar.

Según el PP, 200 metros cuadrados serían suficientes para construir el cuarto juzgado, quedando todavía “una parcela muy apetecible para sacar a subasta”, dijo Juan Andrés Bayón, encargado de defender la moción popular que solamente logró el respaldo de Juan Fajardo (Esquerda Unida). PSOE y BNG votaron en contra por negarse la formación conservadora a aceptar la enmienda nacionalista o, al menos, a modificar un punto del texto que obligaba al gobierno municipal a “obtener la libre disposición de una parte del solar que se encuentra al lado del actual edificio judicial y realice todos los trámites necesarios a fin de cederla a la Xunta de Galicia para la construcción del cuarto juzgado”.

Como es habitual, el alcalde intervino para cerrar el debate. No daba crédito a la postura del PP. “¿Por qué siempre tienen que sacar de la ecuación a la Xunta? La administración local no tiene competencias en justicia. La competencia de construir los juzgados es de la Xunta y por tanto le corresponde buscar los terrenos”, espetó Alberto Varela.

Tiró de hemeroteca para recordar que en agosto de 2011 el entonces candidato del PP a la presidencia de la comunidad autónoma reconocía que el cuarto juzgado de Vilagarcía era “una prioridad”, comprometiéndose a iniciar un estudio para buscar un emplazamiento y construirlo.

Ana Granja y Juan Andrés Bayón, en primer término.  |  // IÑAKI ABELLA

Ana Granja y Juan Andrés Bayón, en primer término. | // IÑAKI ABELLA / María López

Mover cielo y tierra

Sin embargo Juan Bayón consideró que “el primer responsable e interesado debe ser su alcalde, removiendo obstáculos y realizando las gestiones pertinentes en Madrid para lograr el cuarto juzgado”. “Movió cielo, tierra y 3,2 millones de euros para conseguir la parcela del centro de salud que quería. Pues mueva igual cielo y tierra con el cuarto juzgado”, instó el concejal popular.

El regidor recalcó que pese a no alcanzar un acuerdo plenario, “voy a intentar dentro de mis posibilidades que Vilagarcía tenga el cuarto juzgado. Haré las gestiones, con mayor o menor éxito, como hice con el centro de salud”. Pero dejó claro que “no vamos a comprar los terrenos mientras gobernemos”.

“Nosotros también preferimos que sea gratis para el Concello, por eso ponemos en el texto “libre disposición”, dijo Bayón, negando acto seguido esta sea una moción “electoralista”. “Nos reunimos con abogados y procuradores antes de que se convocaran las elecciones”, precisó.

La portavoz del gobierno local, Tania García, espetó a los populares que “hace dos años se abstuvieron en una moción sobre el cuarto juzgado presentada por Marea da Vila y ahora es una prioridad”. “No comprendo el cambio de criterio”, agregó.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, tampoco comparte que sean las arcas municipales las que costeen los terrenos e hizo hincapié en el puesto relegado que ocupa el nuevo juzgado de Vilagarcía en el listado de la Comisión Mixta que integran Xunta y TSXG: el sexto.

Juan Fajardo (EU) arremetió contra PSOE y PP por no ponerse de acuerdo: “Dejen de utilizar las instituciones para la lucha partidista”, concluyó.

Ravella descarta una auditoría lumínica

Además de la moción para reclamar a Madrid el cuarto juzgado, el Partido Popular también llevó a este pleno –correspondiente al mes de diciembre pero aplazado por las fiestas navideñas– la petición al gobierno local de realizar una auditoría de la calidad lumínica de las calles de Vilagarcía, ya que “es evidente que Vilagarcía por las noches está poco iluminada, especialmente en pasos de peatones y semáforos”, además de estar desajustado el horario en estas largas noches de invierno”, expuso el concejal Jesús Rey.

Aunque la moción fue aprobada por unanimidad, tanto Alberto Varela como Tania García aseguraron que el Concello no va a encargar ninguna auditoría porque “ya se hicieron”. La portavoz socialista defendió la labor de los técnicos municipales y expuso datos de ahorro energético, todo ello a una velocidad tan rápida que costaba entenderla.

El abogado Laureano Barreiro Pereira intervino en el pleno.  |  // IÑAKI ABELLA

El abogado Laureano Barreiro Pereira intervino en el pleno. | // IÑAKI ABELLA / María López

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La plataforma Marea Negra Galicia, el Movimiento #J2 y el sindicato profesional Venia lograron el respaldo unánime de la corporación de Vilagarcía a sus reivindicaciones laborales para los abogados y procuradores del turno de oficio, quienes piden cotizar por la Seguridad Social como los registradores y notarios.

El letrado Laureano Barreiro Pereira se encargó de dar voz al colectivo: “Tenemos una carencia absoluta de derechos laborales básicos. Se abonan cantidades irrisorias, como 20 euros por una entrada y registro de once horas de trabajo”, ejemplificó el abogado vilagarciano.

Tanto Fajardo (EU) como Rodríguez (BNG) calificaron de “fundamental” el papel de la asistencia gratuita. Tania García (PSOE) “hace tiempo que no escuchaba una reivindicación tan justa” y Marta Ferradáns (PP), procuradora de profesión, criticó que “sigamos con una ley que no favorece la conciliación”.

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