Un acusado de tirotear a su exmujer en 2018 pasó dos semanas en paradero desconocido

“Durante las pasadas fiestas de Navidad las víctimas de violencia de género estuvimos vendidas”, aseguró ayer Eva Afonso, una vecina de Verín afincada en O Grove que el 5 de diciembre de 2018 fue tiroteada por su exmarido, el también ourensano José Antonio Prieto. Según la instrucción judicial, el hombre le disparó dos veces, y una de las balas le alcanzó la cabeza. Los médicos lograron salvarle la vida, pero ella aún tiene miedo. Porque cinco años después de los hechos, su exmarido sigue en libertad y, según denunció la mujer ayer en Cambados, ni siquiera lleva siempre el sistema de control por GPS.

Eva Afonso ofreció a media tarde una conferencia de prensa en la sede que el Ayuntamiento de Cambados acaba de ceder a la asociación Esmar, un colectivo de apoyo a víctimas de malos tratos a la que pertenece la ourensana. Se presentó ante los medios de comunicación para denunciar la lentitud del sistema judicial, el desamparo que en su opinión sufren las víctimas y el mal funcionamiento de los dispositivos Cometa.

Estos equipos consisten en unos terminales móviles conectados a una pulsera con GPS, que el agresor debe llevar en todo momento. Si el hombre trata de aproximarse a la víctima, salta la alerta. Pero para que el sistema funcione bien el agresor tiene que cargar el equipo y no puede separar la pulsera del aparato transmisor. Y algo así hizo José Antonio Prieto el 28 de diciembre, porque ese día, de repente, su terminal se desconectó a las ocho y media de la mañana.

Inmediatamente, desde la central de Cometa llamaron a Eva Afonso para avisarle de que se le había perdido el rastro a su exmarido y para que tomase una serie de precauciones. Fue el comienzo de un calvario que duró hasta anteayer jueves.

“Durante quince días no se supo absolutamente nada de mi agresor, estaba ilocalizable y la policía no podía entrarle en casa sin orden judicial. Pasé quince días sin saber si podía bajar a la calle”, advirtió en la sede de Esmar en Cambados.

En su opinión, el sistema de protección de las víctimas es tan lento que a menudo tiene la sensación de que, “soy yo la que está viviendo en una cárcel”. Según ella, el aviso del programa Cometa de que su expareja se había desprendido del GPS no llegó al Juzgado de Cambados hasta después de Reyes, de ahí que afirmase que, “durante las pasadas fiestas de Navidad las víctimas de violencia de género estuvimos vendidas”.

En su opinión, la ansiedad y el miedo que genera a las mujeres el funcionamiento deficiente de estos sistemas es semejante a una forma de maltrato psicológico. Y es que en muchas ocasiones, añade, no se trata de fallos técnicos, sino que el sistema se cae por la desidia o la mala fe de los agresores. Por ello, cree que las autoridades deberían ser más firmes y castigar con dureza a quienes se quiten deliberadamente la pulsera o se nieguen a cargarla.

No es la primera vez que Eva Afonso denuncia los fallos del programa Cometa. Ella y su exmarido están vinculados a este sistema desde noviembre de 2020, cuando el hombre obtuvo la libertad condicional. Pero los terminales pronto empezaron a dar problemas. La ourensana afincada en O Grove incluso incluso recibía llamadas de teleoperadores y personas particulares porque le pusieron en el teléfono una tarjeta SIM que había pertenecido a otra persona.

Desamparo

Eva Afonso aprovechó su comparecencia ante los medios para denunciar una realidad sobre la que llamó la atención en más de una ocasión la asociación Esmar: lo largos que son en ocasiones los procedimientos judiciales.

En el caso de Eva Afonso, fue tiroteada por su expareja el 5 de diciembre de 2018, por lo que ya han pasado más de cinco años de los hechos, y aún no hay fecha para el juicio. “Él no acudió a varias citaciones judiciales, y cada vez que no va los plazos se alargan. ¿A qué están esperando? ¿A que él se muera o a que a mí me dé un ataque al corazón de la ansiedad que sufro cada vez que el sistema Cometa no funciona o quebranta la orden de alejamiento?”.

La ourensana afincada en O Grove -localidad en la que fue atacada- está convencida de que la Justicia debería actuar con mucha mayor contundencia con los agresores cuando incumplen las órdenes de alejamiento o no acuden a las citas judiciales.

Insiste en que en la situación actual son las víctimas las que deben recluirse en casa mientras los maltratadores pueden seguir disfrutando de su libertad y pide mayor celeridad a los Juzgados. “Lo que está en juego son nuestras vidas”, concluyó.

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