Después de que saltaran todas las alarmas tras conocerse el informe de Costas del Estado mediante el que se cuestiona el futuro de la plaza de abastos, depuradoras de moluscos y otros negocios asentados en la zona portuaria de Tragove (Cambados), el PP pone en marcha una campaña de presión contra el Gobierno de España mediante la que visibilizar es amenaza que, directa o indirectamente, pesa sobre el conjunto del sector mar-industria de Galicia.
Es por ello que los conservadores han decidido plantar cara a Costas con una concentración de protesta a desplegar el jueves que viene, a las 19.00 horas, a las puertas de la casa consistorial cambadesa.
Es el grupo municipal del PP, liderado por Luis Aragunde, el encargado de dar este paso. Una medida de presión que puede tener continuidad a corto plazo y mediante la que se quiere “mostrar un apoyo rotundo del conjunto de la sociedad al sector mar-industria”.
Empleos y riqueza
Para ello, los conservadores solicitan el apoyo del pueblo cambadés, y de los arousanos en su conjunto, ya que “se trata de mantener y defender los empleos y riqueza que genera esta cadena mar-industria en el municipio y toda la ría”.
“Nadie puede imaginarse el futuro de Cambados, la ría y Galicia sin conserveras, depuradoras de moluscos, cocederos y otras empresas directa o indirectamente ligadas al mar de las que depende toda la sociedad, y muy especialmente, nuestras cofradías de pescadores, los mariscadores y bateeiros”, reflexiona el propio Aragunde.
Antes de recalcar que “las depuradoras son del todo inviables fuera de la línea de costa, ya que tienen una dependencia vital del agua de mar”.
Sabedor, igualmente, de que “el problema generado” y la “solución necesaria”, dependen “única y exclusivamente” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el líder de los conservadores considera que “hay que dejarle muy claro que el sector mar-industria no solo es clave en nuestro municipio y toda Galicia, sino, también, que tiene el apoyo de toda la sociedad”.
Nadie puede imaginarse el futuro de Cambados, la ría y Galicia sin conserveras, depuradoras de moluscos, cocederos y otras empresas directa o indirectamente ligadas al mar de las que depende toda la sociedad
Lo que quiere decir es que “entre todos tenemos que apoyar a este sector y unir esfuerzos, aportando cada uno su pequeño grano de arena y dando visibilidad a nuestra preocupación y a la trascendencia socioeconómica de estas empresas”.
E insiste en que “es el Gobierno de España el que debe mover ficha para acabar con este auténtico despropósito”.
Transferencias
El mismo que “en su momento hizo que se pidiera al Estado la transferencia del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) para que la Xunta pudiera asumir la gestión de esos espacios portuarios; algo en lo que debemos abundar ahora, para evitar este tipo de situaciones que amenazan el futuro de nuestras empresas”.
Desde el PP, que hace un año ya desplegó acciones de protesta contra la Ley de Costas y a favor del sector mar-industria, también en Cambados, aprovechan para hacer hincapié en que las depuradoras de moluscos “son empresas sostenibles".
Alude a ello explicando que "son las más interesadas en proteger el medio marino del que dependen para subsistir”, siendo éste otro de los argumentos manejados para pedir que les dejen seguir trabajando en zona portuaria, como hacen las de Tragove.
Esto es tanto como decir que “no se puede pretender trasladar esas industrias tierra adentro, que es lo que pretenden en Madrid, haciendo gala de un absoluto desconocimiento de este medio de vida, por eso insistimos en reclamar la transferencia a la comunidad autónoma, ya que esto también haría más fácil hacer una transferencia desde la Xunta a los municipios que les permita gestionar directamente los terrenos que, aún estando en los puertos, carecen de actividad portuaria”, añade Aragunde.
En cualquier caso, “ese traspaso puede ser un proceso complejo y largo, por eso ahora, dado que no hay tiempo que perder, insistimos en que el Gobierno central debe mover ficha a la mayor brevedad posible para poner fin a esta problemática y garantizar el futuro de esas empresas asentadas en el litoral”.
Algunas de ellas, por cierto, depuradoras que “necesitan renovar o ampliar sus instalaciones pero que no se atreven a hacerlo, dada la preocupante inseguridad jurídica a la que están sometidas, pues no tiene sentido que inviertan en mejorar si no saben si podrán seguir funcionando en el futuro".
Y no podrán hacerlo "en caso de que Costas no quiera renovar su concesión y las obligue a marcharse”, concluye Luis Aragunde.
