Ya sea mediante la Ley de Cambio Climático o bien a través del pretendido Reglamento General de Costas, ya hace años que el Gobierno de España parece haber puesto una diana sobre el tejado de las depuradoras, conserveras y otras instalaciones que son esenciales en el sector mar-industria de la comunidad gallega y aparecen situadas en el mapa a orillas del mar, donde siempre estuvieron este tipo de actividades.
La amenaza de anular o no renovar sus concesiones y obligarlas a un ruinoso traslado a polígonos industriales, tierra adentro, ha causado ya numerosos perjuicios a empresarios y trabajadores, puesto que, con tanta inseguridad jurídica sobre sus cabezas, cualquier inversión en tareas de modernización, ampliación o, incluso, construcción de nuevas estructuras, parece un riesgo que pocos están dispuestos a asumir.
Ahora el fantasma de Costas del Estado vuelve a sobrevolar Galicia, y muy particularmente, rías como la de Arousa, ya que siguen conociéndose datos de los demoledores informes de ese organismo que no solo insisten en la necesidad de “cargarse” las industrias del litoral, sino también las que ocupan zonas portuarias.
Esa amenaza cobra actualidad después de que, como se explicaba ayer en FARO DE VIGO, visitara Cambados del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Fue así como se aireó un informe de Costas contrario a aprobar el Plan Especial de Portos para la villa del albariño, lo cual es tanto como decir que podría condenar a muerte el proyecto de la nueva plaza de abastos cambadesa, pero también diversas instalaciones depuradoras de moluscos.
Nuestras industrias no solo están amenazadas cuando se encuentran en la línea de costa considerada de dominio público, como ya se había denunciado, sino que también quieren acabar con las ubicadas en zonas portuarias
Y es que Costas insiste y amplía su empeño de autorizar en dominio público marítimo terrestre (DPMT) únicamente “actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, considerando que “los usos de depuradora de mariscos, mercado-plaza de abastos, taller de carpintería y exposición de muebles, centro de salud, estación de autobuses y local de venta de muebles –como todo lo que hay en el puerto cambadés– no constituyen un uso necesario para el desarrollo de la actividad portuaria, ni un uso comercial o de restauración”, que sí les permitiría seguir en el puerto.
No solo está en juego el futuro de muchas industrias, sino también del de toda Galicia
Por si no fuera suficiente, Costas insiste en proponer el traslado de las instalaciones de la costa fuera del DPMT al vencimiento del plazo del título de concesión vigente.
Es decir, que de aplicarse los criterios que trata de imponer el Gobierno de España, se forzaría el traslado de la plaza de abastos, el centro de salud, la estación de autobuses y varias depuradoras de mariscos cambadesas.
Al igual que sucedería con cientos de instalaciones más repartidas por todo el litoral gallego.
Dicho de otro modo, que “no solo está en juego el futuro de muchas industrias, sino también del de toda Galicia”, advierte Fernando Otero, secretario general de la Confederación Mar-Industria Alimentaria y abogado que representa a la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), al Clúster de Acuicultura y otras muchas entidades ligadas a los sectores productivos de la comunidad.
Para que el lector entienda mejor qué está pasando, y cuál es la amenaza, explica que la Ley de Costas “tiene varios artículos que determinan en qué condiciones se puede o no se puede autorizar una ocupación del DPMT mediante una instalación de cualquier tipo, ya sea total o parcialmente, es decir, con una planta depuradora entera o bien únicamente con sus emisarios submarinos”.
Vinculación con asuntos portuarios
Lo que sucede es que “Costas interpreta que las depuradoras no tienen vinculación con asuntos portuarios, lo cual condena a las de Tragove y tantas otras, que solo podrían funcionar mientras tengan concesión viva”.
Es decir, que a la caducidad de la misma deberán abandonar sus ubicaciones y trasladarse, por ejemplo, a polígonos industriales que, por norma, suelen estar alejados del mar.
¿Qué quiere decir esto? Pues, tal y como explica el abogado, que una depuradora obligada a cerrar en el litoral cambadés que instale su nueva planta en un parque empresarial alejado del DPMT necesitaría usar 27.000 camiones cisterna al año para disponer del agua de mar precisa para su actividad.
“No tiene ningún sentido, ya que los problemas operativos y los gastos harían insostenible la actividad”, por lo que todo el sector mar-industria acabaría desapareciendo, según pronostican el propio Otero y los depuradores consultados.
Costas se basa en un criterio arbitrario para eliminar las depuradoras sin tener en cuenta que, inevitablemente, precisan estar ubicadas al lado del mar
Eso lleva al letrado a decir que lo que hace Costas es “una interpretación hiperformalista mediante la que aplicar una ley a partir de los criterios más restrictivos posibles para ir eliminando de la costa gallega las ocupaciones totales o parciales del DPMT realizadas por el sector alimentario”.
Desde 1988
Y eso a pesar de que funciona desde hace décadas, aplicándose la Ley de Costas datada en 1988, “sin que se hayan producido problemas de legalidad ni se dictaran sentencias que se cargaran las autorizaciones que se estuvieron explotando y otorgando”, sostiene Otero.
La pregunta es: ¿cómo puede considerar alguien que una depuradora no está ligada al mar y a los usos portuarios cuando los mejillones que espera para depurar están siendo cargados en un camión en un puerto situado al lado?
La respuesta es que “la única manera racional y lógica de funcionar es como se hizo siempre, con las depuradoras cerca del mar y los puertos, cumpliendo siempre con las normas establecidas por la propia Ley de Costas y con todas las garantías medioambientales, ya que los depuradores somos los más interesados en que el medio marino del que dependemos para subsistir estén en perfectas condiciones”, reflexionan los empresarios.
Un problema que empeora
En conclusión, que “Costas se basa en un criterio arbitrario para eliminar las depuradoras sin tener en cuenta que, inevitablemente, precisan estar ubicadas al lado del mar”, insiste el secretario general de la Confederación Mar-Industria Alimentaria.
Son, como puede apreciarse, criterios y argumentos en los que se ha incidido largo y tendido durante los últimos años.
Pero el problema, lejos de resolverse, parece empeorar por momentos. De ahí que el sector quiera saber “qué está pasando, cuál es el propósito real de Costas y qué planes tiene para el futuro de las depuradoras, de las conserveras y de Galicia, ya que nuestra comunidad está estrecha e inevitablemente ligada a este motor económico que es el sector mar-industria”, sentencia Fernando Otero.
Una ronda de contactos iniciada con el alcalde cambadés
Para obtener es explicaciones y despejar las incógnitas planteadas, el sector ya ha empezado a solicitar reuniones en diferentes organismos, tanto a nivel local como autonómico y nacional.
La primera se celebró ayer mismo, entre representantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria y el alcalde cambadés, Samuel Lago.
Se desarrolló “para conocer en detalle ese informe que deja claro que nuestras industrias no solo están amenazadas cuando se encuentran en la línea de costa considerada de dominio público, como ya se había denunciado, sino que también quieren acabar con las ubicadas en zonas portuarias”, denuncia Juan Maneiro, el secretario general de Agade.
El PSOE y Podemos van a arruinar España y Cambados, donde van a causar un daño más intenso que en otros municipios porque somos un pueblo costero con una fuerte industria depuradora y transformadora
Resume el sentir de su sector y del propio Concello de Cambados diciendo que la postura de Costas del Estado “causa enorme preocupación, ya que es una vuelta de tuerca más a la hora de sacar del litoral a las empresas del sector mar-industria; una medida que pone en jaque las concesiones existentes y amenaza el futuro de Galicia”, insiste.
Las siguientes reuniones, ya solicitadas, se mantendrán con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y la presidenta de Portos de Galicia Susana Lenguas, puesto que la nueva normativa que pretende imponer Costas, a juzgar por el informe conocido el martes durante la visita del delegado del Gobierno en Galicia, condiciona severamente las zonas portuarias de titularidad o dominio autonómico.
El sector también ha solicitado reuniones para tratar este asunto con el propio delegado del Gobierno y representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como impulsor de la medida que amenaza el futuro de la industria y la producción en Galicia.
Luis Aragunde pronostica una ruina y deposita sus esperanzas en Núñez Feijóo
Luis Aragunde, el portavoz del PP cambadés, considera que “el PSOE y Podemos van a arruinar España y Cambados, donde van a causar un daño más intenso que en otros municipios porque somos un pueblo costero con una fuerte industria depuradora y transformadora”.
Además, “quieren cargarse la plaza de abastos, el centro de salud y diversas empresas que también son concesiones situadas en la zona portuaria y se ven abocadas al cierre a causa de la nefasta decisión de Costas”.
A juicio del líder de los populares, “queda claro que nuestro partido trabajó duro durante muchos años por el desarrollo de nuestro municipio, tanto en Madrid como en Cambados, consiguiendo importantes sumas de dinero y encauzando la consecución de la nueva plaza de abastos; y ahora resulta que tras pasar a manos de PSOE y Podemos, que es el germen de Somos Cambados, esos dos mismos gobiernos no son capaces de desarrollar las obras que nosotros hemos proyectado".
Y "no solo eso, sino que tampoco pueden mantener lo que ya tenemos, estando incluso dispuestos a acabar con todo y llevarnos a la ruina”.
El conservador concluye que “la única esperanza que nos queda es que Alberto Núñez Feijóo presida pronto España y arregle todos los desperfectos que están causando actualmente los gobiernos de PSOE y Podemos en España y en Cambados”.
Lago confía en la "flexibilidad" de Costas, pero, por si acaso, estudia un "plan B"
En el gobierno de Cambados no ocultan que existe una profunda preocupación por el articulado de la Ley de Costas que limita, restringe e incluso puede llegar a prohibir la existencia de depuradoras en las zonas portuarias, lo cual lleva pareja la posible desaparición de la plaza de abastos cambadesa, así como de su centro de salud, la estación de autobuses y otras instalaciones del entorno.
Es por ello que el alcalde, Samuel Lago, ha iniciado una ronda de conversaciones tendentes a salvar esas instalaciones y a buscar el modo de construir el nuevo mercado municipal de abastos.
En relación con esto, explica el regidor que, si Costas rechaza el Plan Especial diseñado para el puerto de Cambados, en el que, precisamente, se contempla e impulsa la construcción de la nueva plaza, no descarta tener que limitarse a restaurar o reconstruir la actual. Salvo que la concesión de la misma tampoco sea renovada o ampliada por Costas del Estado.
De eso habló ya con el ente público Portos de Galicia, que preside Susana Lenguas, a quien trasladó “nuestra preocupación por este asunto, ya que en estas condiciones (con las directrices que marca Costas del Estado) no podemos seguir adelante con el Plan Especial del Puerto de Cambados y se frenan nuestros proyectos, además de verse amenazadas instalaciones públicas e industrias, por eso quise sondear la posibilidad de, aún sin disponer de ese plan, seguir adelante con la construcción de la plaza de abastos”. Algo que el propio alcalde asume que se antoja del todo inviable.
Es una interpretación demasiado estricta de la norma, porque en realidad la Ley de Costas sí permite actividades vinculadas al mar y otras de carácter comercial, hostelero y de restauración
Por eso sugiere que “quizás nos veamos obligados a restaurar la plaza que ya tenemos” y reconoce que en próximas reuniones con Portos de Galicia “habrá que ir perfilando un plan B” con el salvar los muebles, en caso de que Costas del Estado no flexibilice su criterio.
Esa conversación con el ente público dependiente de la Consellería do Mar, tras conocer el informe del Gobierno de España en el que se indica que hay instalaciones dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que no pueden permanecer en el mismo, entre ellas la citada plaza de abastos y las depuradoras, se suma a las reuniones mantenidas ya por el alcalde con representante de la cofradía de pescadores cambadesa, la Confederación Mar Industria, Agade y otros colectivos.
De esos encuentros se extrae como conclusión principal que el informe de Costas del Estado que aparta las depuradoras de la zona portuaria “es una interpretación demasiado estricta de la norma, porque en realidad la Ley de Costas sí permite actividades vinculadas al mar y otras de carácter comercial, hostelero y de restauración”, reflexiona el primer edil cambadés.
“Por eso insistimos en que la plaza sí debe permitirse en esa zona portuaria, y así se lo trasladamos al delegado del Gobierno en Galicia, quien se comprometió a elevar nuestra preocupación al Ministerio para la Transición Ecológica, tratando de ver qué se puede hacer” para salvar la plaza, depuradoras y demás instalaciones.
Dicho de otro modo, que Samuel Lago no pierde la esperanza de que se pueda “flexibilizar” o “reinterpretar” la norma de Costas del Estado, para así poder construir la nueva plaza de abastos y mantener las depuradoras y demás instalaciones afectadas dentro del DPMT, “que entendemos es dónde deben seguir”, sentencia el alcalde.
