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El sector mar-industria, una bola de nieve que no deja de rodar

Instalaciones asentadas en Punta Moreiras que podrían verse amenazadas.

Instalaciones asentadas en Punta Moreiras que podrían verse amenazadas. Iñaki Abella

El abrumador rechazo social, empresarial y político a la Ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno de España, dado el temor a que se cargue de un plumazo la actividad de decenas de industrias, depuradoras, cocederos y conserveras, no deja de cobrar fuerza.

Y todo porque se considera una vía de agua en la línea de flotación del sector mar-industria que podría hundirlo, arrastrando y llevando a pique tanto a cofradías como a bateeiros.

De ahí que lleven meses apelando al Ministerio para la Transición Ecológica para modificar el articulado y adaptarlo a las singularidades de la costa gallega, que es lo mismo que se pedía antes de que surgiera esta propuesta; cuando el Estado pretendía utilizar el nuevo Reglamento General de Costas para introducir “por la puerta de atrás” las mismas y contestadas normas que quiere aplicar ahora y que, se cree, hipotecarán el futuro de productores, depuradores y transformadores.

“Es un sector que tiene una importancia estratégica desde el punto de vista socioeconómico”

Lina Solla Sanmartín - Presidenta del Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia

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Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia

Así lo creen, también, entidades tan representativas como el Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia, donde advierten de que el futuro de esta región depende, en gran medida, de la posibilidad de disponer de un marco legal que ampare al sector mar-industria.

Representantes de Mexillón de Galicia y de la Xunta. Iñaki Abella

Este órgano ya se había pronunciado en su defensa en el pasado, cuando estaba presidido por Francisco Alcalde. Y ahora lo hace bajo presidencia de Lina Solla Sanmartín.

"La viabilidad y permanencia futuras de la cadena mar-industria solo estarán garantizadas disponiendo de un marco legal que no las perturbe”

Mexillón de Galicia

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Esta representante del conjunto de la mitilicultura gallega, ya que lidera tanto a bateeiros como a depuradores y transformadores, insiste en que el sector mar-industria, del que forma parte la propia DOP Mexillón de Galicia, “tiene una importancia estratégica desde el punto de vista socioeconómico”.

Lina Solla, la presidenta del Consello Regulador. FdV

De ahí que advierta de que “su viabilidad y permanencia futuras solo estarán garantizadas disponiendo de un marco legal que no las perturbe”.

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La actividad mejillonera puede verse afectada Manuel Méndez

No hay que perder de vista que Galicia es la mayor potencia europea en producción de mejillón, de ahí que al Consello Regulador y a su presidenta les cueste entender una ley que, “de partida, puede suponer problemas para una parte importante de nuestro sector”.

“Conforma un sector estructural estratégico en la costa gallega sobre el que se cimienta una parte importante de nuestro sistema social y económico"

DOP Mexillón de Galicia

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Máxime en un momento y una situación económica tan complejos como los actuales, cuando la pandemia genera “enormes incertidumbres” entre la población y, por ende, entre los consumidores, lo cual también afecta a los propios productores y a las empresas que manipulan el producto extraído en las rías gallegas.

Una depuradora de moluscos.

Una depuradora de moluscos. M.M.

Frente a esto, o como consecuencia de ello, lo que procede es “disponer de una legislación que aporte la seguridad jurídica indispensable para todo proyecto empresarial” y el conjunto del tejido industrial, ya que esa es “la única garantía de permanencia y viabilidad de toda la cadena de suministro”, espetan en la DOP.

Lo que quieren decir es que el entramado mar-industria “conforma un sector estructural estratégico en la costa gallega sobre el que se cimienta una parte importante de nuestro sistema social y económico, por lo que debe ser protegido”.

Reclaman diálogo

Una protección que, desde luego, no parece garantizar “una ley que no tiene en cuenta las particularidades de todos los actores que se pueden ver afectados por sus efectos”, de ahí que, como tantos otros organismos, el Consello Regulador que capitanea Lina Solla vuelve a exigir una “participación activa” del propio sector en la elaboración de cualquier nuevo articulado que pueda amenazarlo.

El mejillón de Francia e Italia se descarga en Arousa MANUEL MÉNDEZ

Dicho de otro modo, que la DOP Mexillón de Galicia reivindica una interlocución directa con la Administración estatal “para que las aportaciones y demandas planteadas desde los sectores directamente afectados puedan ser tenidas en consideración”.

Es, en definitiva, un llamamiento a una línea de diálogo "que hasta ahora no ha existido", tal y como repetidamente denunció el propio sector durante los últimos meses.

Una industria conservera arousana. Iñaki Abella

No es igual una concesión a 75 años que a 3

La polémica viene de muy lejos. Tanto que fue en octubre de 2019 cuando el sector empezó a alzar la voz para tratar de frenar una modificación de la Ley de Costas que, según aseguraba, iba a ser una amenaza.

La presión social logró parar aquel intento, pero ni esto ni la aparición en escena de la pandemia evitaron que empezara a desarrollarse el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, en su artículo 18, introduce las mismas amenazas que la normativa propuesta anteriormente.

Depuradoras a pie de playa y, por tanto, amenazadas, en Tragove (Cambados). Iñaki Abella

Puede recordarse que, desde el principio, el caballo de batalla del sector mar-industria fue el relativo a la limitación de las concesiones, ya que cree que se aboca al cierre a decenas de industrias.

El plazo máximo de duración de las mismas se fijaba en 75 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, así como para “obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre”.

Pero se reducía a 45 años para las que presten un servicio público y a solo 30 años para todas las demás.

Un cocedero en la costa de San Vicente de O Grove. Iñaki Abella

En el Reglamento General de Costas del Gobierno socialista de España ya se advertía de que si las conserveras, cocederos o depuradoras se sitúan en la ribera del mar, “la duración de la concesión no podrá exceder de 30 años para proyectos de restauración y conservación de ecosistemas marinos o costeros, obras encaminadas a garantizar el uso público y la integridad del dominio público marítimo-terrestre y actividades e instalaciones que presten un servicio público”. Limitándose a 15 años “para el resto de actividades e instalaciones”.

Imagen de archivo de industrias asentadas en Virxe das Mareas (O Grove). Iñaki Abella

Además, “en caso de que pudieran tener un impacto paisajístico negativo, producir efectos negativos sobre la protección ecológica, impedir significativamente la capacidad de la costa para adaptarse a los efectos del cambio climático o generar impactos sobre la dinámica litoral, la concesión solo se otorgará o prorrogará si concurren razones de interés público con un plazo inicial máximo de tres años”.

Y claro, las empresas sugieren que no es lo mismo afrontar el futuro e invertir disponiendo de una concesión a siete décadas vista que hacerlo para un plazo inicial de solo un trienio.

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