El sector del mar gallego traza desde hace meses una senda de unidad con la que trata de presionar al Estado y evitar la aplicación del Reglamento General de Costas, en fase de modificación. Hasta no hace mucho habían sido los empresarios -cocederos, conserveras, depuradoras y piscifactorías- los que más habían alzado la voz contra el anteproyecto de Real Decreto que diseña el Gobierno de España, el cual, según dicen, amenaza su futuro. Pero ahora también siguen el mismo rumbo los bateeiros, cofradías de pescadores y todos aquellos que viven mar.
Unos y otros ponen el grito en el cielo ante una medida que "ya está generando importantes problemas y ha llevado a nuestro sector a una situación de estancamiento".
El articulado del nuevo Reglamento General de Costas modifica, condiciona y limita las concesiones que, por ejemplo, permiten el funcionamiento de las empresas conserveras y la depuradoras pegadas al mar. Y tales son las limitaciones que "ya hay empresas que han paralizado sus planes de expansión, ante la inseguridad jurídica que crea la nueva ley", proclama el sector del mar.
"No podemos ampliar o mejorar nuestras instalaciones, como tampoco afrontar proyectos nuevos, porque no sabemos de cuánto tiempo dispondremos para explotarlos", manifiestan los industriales.
Pero eso no es todo. Añaden que "los bancos tampoco se atreven a concedernos créditos para acometer inversiones porque, del mismo modo, desconocen si nuestros negocios tienen futuro o no".
La preocupación llega a tales extremos que los representantes del sector transformador manifiestan que "si esto sigue así, el traslado de empresas a la costa de Portugal puede ser una alternativa, ya que nuestras industrias necesitan estar al lado del mar y en el país vecino ya están ofreciendo suelo".
En relación con esto, los damnificados aseveran que desde "los despachos de Madrid" plantean al sector la posibilidad de trasladar conserveras y depuradoras a polígonos industriales y a municipios del interior, lejos de la costa. "Claro que puede ser técnicamente viable tratar mejillón, berberecho, calamar o cualquier otro producto en una fábrica instalada en A Gudiña, por ejemplo, pero desde luego no será rentable para nadie y supondrá la ruina para todos", replican.
Efectivamente, la reforma del Reglamento General de Costas establece la obligación de trasladar lejos de la zona de dominio público marítimo-terrestre las actividades que puedan desarrollarse en otro lugar.
Frente a esto, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, coincide con el sector al apuntar que esto "puede ser viable técnicamente, pero implicaría un encarecimiento de la producción, por lo que puede hacer insostenible la situación económica de algunas empresas, al provocar que pierdan rentabilidad".
Tanto ella como los empresarios y los productores lamentan que "desde Madrid no se tienen en cuenta las singularidades de Galicia, y desde luego no se respetan las particularidades de los pueblos costeros, en los que decenas de miles de personas y empresas viven directa o indirectamente de la extracción, comercialización, depuración y transformación de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura".
Los expuestos son, en gran medida, argumentos con los que coincide la Plataforma del Sector Alimentario, que fue creada, precisamente, para plantar cara al Reglamento General de la Ley de Costas del Estado.
La Asociación Gallega de Cocederos de Mejillón (Agacome), Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar), Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) y el Círculo de Empresarios de Galicia (CEG) son solo algunos de los participantes en dicha plataforma.
Entre sus objetivos está "aunar todas las empresas, trabajadores, productores y firmas auxiliares para defender sus derechos y el futuro del sector marítimo-alimentario español evitando que se ponga en riesgo el desarrollo sostenible de la costa y de comarcas enteras que viven del mar y tienen su actual ubicación en la zona de dominio público marítimo-terrestre".
