Movimiento de los representantes del PP en Zona Franca para forzar el debate de los convenios de la ETEA durante el mes de marzo y evitar la deslocalización del Campus del Mar. La portavoz local del partido, Elena Muñoz, y el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, comparecieron ayer junto a la delegada, Teresa Pedrosa, para anunciar la petición formal de un pleno monográfico para que sus 17 integrantes decidan sobre la compra de dos edificios a la Xunta por 5,5 millones de euros para cedérselos luego a la Universidad de Vigo para proyectos de investigación.
El reglamento del Consorcio recoge que el presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, debe convocar la sesión cuando lo solicitan cinco o más representantes de la institución. En este caso son seis vocales. Junto a Muñoz y Veiga figuran el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, la directora de la Autoridad Portuaria, Beatriz Colunga, el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, y el presidente de Terras Gauda y Sogarpo, José María Fonseca.
Muñoz actuó de portavoz de los seis promotores del pleno para argumentar la petición "en el riesgo real de que la Universidad de Vigo busque otra ubicación para el proyecto". "Pedimos algo tan razonable como debatir en el pleno los convenios y que se asuma lo que diga la mayoría. Ante esta unión de los vocales, espero que el presidente corrija su negativa absolutamente dañina para la ciudad", reclamó.
La dirigente popular se mostró "muy preocupada" por el "bloqueo" de un proyecto "estratégico" para Vigo y situó a Caballero ante el dilema de decidir "si quiere o no el Campus del Mar en Vigo". Los vocales intentan "agotar todas las vías que permite el reglamento del Consorcio" para forzar el pleno ante los que definieron como "reiterados incumplimientos de los estatutos" que detectan en el proceder del presidente. "No se cumplió con los cuatro plenos ordinarios anuales y tampoco atendió mi petición de convocatoria pese a que el reglamento lo permite", lamentó la delegada. Los tres intervinientes advirtieron de "posibles consecuencias" por este comportamiento, pero de forma implícita descartaron recurrir a la vía contenciosa porque supondría tener que esperar por una resolución un año y "por el camino perderíamos el proyecto". Respecto a la opción de redactar unos nuevos estatutos en sustitución de los actuales, firmados por Franco, Pedrosa se mostró tibia pero dejó la puerta abierta: "Todo a su tiempo", respondió sobre una alternativa que requiere de la actuación del Ministerio de Hacienda.
Tanto Muñoz como Pedrosa descartaron por "inviable" la propuesta de Caballero de que el Consorcio entregue esos 5,5 millones a la Universidad para proyectos de investigación. Recordaron que el rector explicó hace pocos días que la cesión directa de los edificios ahora propiedad de la Xunta a la Universidad "no era técnicamente posible".
López Veiga intervino de forma breve para constatar que el incumplimiento del reglamento por parte del presidente "puede tener consecuencias", sin ir más allá. "Pueden cometerse errores por omisión y yo me niego a ser parte", advirtió en alusión a la opción de perder el Campus del Mar si no se le ceden a tiempo los edificios necesarios.
