La Comisión Europea avala la decisión del Gobierno español de sancionar a los emigrantes retornados por no declarar sus pensiones del extranjero. En una respuesta en la Eurocámara, Bruselas explica que las desventajas derivadas por la aplicación de regímenes fiscales paralelos en la UE "no supone, en principio, una discriminación" y descarta adoptar medidas contra España por multar a los pensionistas que cobran del extranjero.
Fue el eurodiputado Iñaki Irazabalbeitia Fernández, del grupo de Los Verdes/ALE, quien interpeló al Ejecutivo comunitario por "la situación de 250.000 jubilados gallegos" que perciben pensiones u otras prestaciones sociales de otros países y que están siendo sancionados por el Gobierno español por no cumplir con sus obligaciones tributarias.
Tal y como recordó, el Ministerio de Hacienda está rastreando las pensiones de emigrantes retornados superiores a 11.200 euros para que tributen desde 2008. Y además la Agencia Tributaria les obliga a abonar los intereses de demora y les impone una sanción.
Cuando a los emigrantes retornados les empezaron a llegar las primeras multas, el colectivo emprendió movilizaciones para reclamar a Hacienda que no les sancionara e incluso recabaron el apoyo de la Xunta, que remitió varias cartas al Gobierno central pidiendo que paralizara las penalizaciones económicas a los pensionistas por no haber tributado por estas prestaciones.
Irazabalbeitia alega que no se informó a los jubilados gallegos de que tenían que declarar estas pensiones y recuerda que España tiene firmados convenios bilaterales con algunos países de la UE en materia fiscal pero que cada uno de estos acuerdos es diferente.
"Mientras se dan casos de fraude fiscal en España y un estado de corrupción que toca a miembros del partido en el Gobierno, los emigrantes retornados, que han trabajado toda una vida en el extranjero llena de privaciones y contribuyendo a mejorar la economía de otros países europeos se ven ahora en un vacío jurídico", denuncia el europarlamentario de Los Verdes. En su opinión, el problema es que falta una regulación europea sobre esta materia y advierte que el Gobierno español en su afán recaudatorio está discriminando fiscalmente a los emigrantes retornados.
En este sentido, denuncia que a los jubilados gallegos emigrados se les está aplicando una doble imposición -es decir, tributaron en el extranjero y ahora tienen que pagar también impuestos en España-. "Y no se les están reconociendo los beneficios que les concedieron los países de acogida, como exenciones fiscales o prestaciones de incapacidad o invalidez y jubilación", añade.
La Comisión Europea, sin embargo, distingue entre los trabajadores transfronterizos y los emigrantes. Según explica, el derecho comunitario "no garantiza que el traslado de residencia dentro de la Unión Europea de una persona asegurada sea neutral a la seguridad social o los impuestos".
El Ejecutivo comunitario defiende además que cada Estado miembro tiene libertad para "configurar sus regímenes y procedimientos de fiscalidad directa, siempre que sus normas no sean discriminatorias".Y, según añade, la doble imposición no es contraria al derecho de la UE.
Según la argumentación de Bruselas, es válido gravar dos veces la misma renta en distintos países y es voluntad de cada Estado decidir si quiere cooperar o no con otros miembros de la UE para eliminar esta doble imposición.
"La Comisión está facultada para formular propuestas de legislación de la UE dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, pero las propuestas en materia de fiscalidad solo podrán entrar en vigor si los estados miembros de la UE las aprueban por unanimidad", explica en su respuesta a Los Verdes.
Transfronterizos
Otra situación es, sin embargo, la de los trabajadores de zonas transfronterizas y personas móbiles, es decir, aquellas que viven en un país pero se desplazan, por ejemplo, a trabajar a otro. En estos casos la Comisión Europea cree que sí podría haber margen para mejorar la cooperación en materia fiscal entre los estados. Y además anuncia que está examinando las legislaciones fiscales de los países miembros para detectar "indicios de medidas discriminatorias" en trabajadores transfronterizos, por ejemplo, en lo que respeta a sus pensiones de jubilación. Bruselas advierte que si detectan la existencia de discriminación en el trato fiscal de estas personas "pondrán en marcha procedimientos de infracción"..
