El Juzgado de Ponteareas acogió ayer el juicio contra varios vecinos de Canedo y San Vicente acusados de haber paralizado las obras de una rotonda en la N-120 en 2009. La sesión no contó con la presencia de la empresa constructora que reclamaba daños y perjuicios por la paralización de la obra, como acusación particular. La Fiscalía por su parte, renunció a presentar cargos.

Los hechos habían ocurrido en junio de 2009, y finalizaron con una carga de los antidisturbios de la Guardia Civil en la que resultaron heridos varios vecinos. Tras ello, y con la mediación del diputado en el Congreso, Luis Gómez Piña, Fomento se comprometió a realizar correcciones en la obra y la Confederación Hidrográfica planificó una inversión demandada por los vecinos para corregir problemas causados por el entubamiento del Regato da Venda.

La paralización desembocó el día 16 de junio en una carga policial donde cinco personas resultaron heridas leves. Tras la refriega fueron detenidas siete personas, entre ellas el entonces presidente de la asociación de vecinos, Luis Pardo Groba –ya fallecido–, otros residentes de la zona, así como el militante de la organización Nos-Up, Abraham Alonso, que se encontraba en la concentración apoyando a la misma, al igual que miembros del BNG de Ponteareas. A los detenidos se les responsabilizaba entonces no sólo de la paralización sino también de los daños causados en el material de los antidisturbios que "reventaron" la protesta en la que intervenían unas 25 personas.

El presidente de los afectados había sido advertido por la Guardia Civil poco antes de las 8.30 de la mañana que las obras deberían continuar. El lunes, a pesar de ser festivo local, los vecinos acamparon en la zona y pasaron la noche vigilantes para evitar que se realizasen varios encofrados.

Ante la decisión de no abandonar el lugar de las obras en el que se juntaron haciendo piña, los efectivos antidisturbios decidieron actuar. Para ello un grupo de más de veinte hombres con cascos, escudos, porras y fusiles para el lanzamiento de pelotas de goma llegó junto a los manifestantes y comenzó a disolver la movilización. Los vecinos opusieron cierta resistencia aunque algunos de ellos debido a su edad se encontraban en clara desigualdad con los agentes.

Se produjeron entonces varios tirones en los que resultaron dañados con magulladuras y heridas de carácter leve algunos de los manifestantes. Entre las personas que se encontraban en la movilización estaba Fray José, un franciscano del convento de Canedo, que fue derribado y golpeado por los agentes, y aunque recibió varios porrazos no tuvo que ser atendido. El fraile declaró entonces a FARO DE VIGO "fue una carga desproporcionada".

Los vecinos pretendían que el Ministerio de Fomento discutiese con ellos el proyecto de la obra y consideraban que la tubería elegida para enterrar un regato no tiene suficiente capacidad para las crecidas del invierno, entre otras cuestiones.

Ahora la Asociación de Vecinos espera la sentencia del juicio de ayer para pronunciarse oficialmente.