El exsecretario xeral del PSdeG, Manuel Pachi Vázquez, cometió presuntamente una prevaricación continuada por enchufar a afines. El fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) propone el procesamiento del actual diputado autonómico tras apreciar "relevantes y significativos indicios" de que vulneró la ley para colocar al menos a 37 personas en puestos municipales (capataz, auxiliar, monitor, policía o peón) cuando fue regidor de O Carballiño, desde 1995 a 2005. El Código Penal prevé una condena de 7 a 10 años de inhabilitación pública para este delito.
En un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, donde Vázquez ha sido investigado en su condición de aforado a partir de una querella del fiscal jefe de Ourense, el ministerio público considera que las pruebas recabadas "evidencian que las contrataciones se realizaron sin la tramitación legalmente exigible y sin los más elementales requisitos y principios que rigen la contratación pública de igualdad, mérito y publicidad; de forma arbitraria para favorecer a las personas contratadas por afinidad personal, política o de otro tipo".
El movimiento de la Fiscalía responde a una petición del magistrado instructor del caso, José Antonio Ballestero, quien vio terminada la parte esencial de la investigación el pasado diciembre y ordenó a las partes que propusieran nuevas diligencias o instaran el procesamiento.
La petición de la Fiscalía, en la que propone tres diligencias finales, aproxima al exsecretario xeral del PSdeG al banquillo de los acusados. Será potestad del instructor decidir si abre fase de juicio oral en un sumario donde también son parte la defensa, que solicita nuevas pruebas si no se decreta el archivo, y el Concello de O Carballiño. El ayuntamiento se personó a propuesta del fiscal provincial ante posibles responsabilidades patrimoniales en el caso de que se anulen los contratos. Aún no ha registrado su petición en el TSXG, pero no pedirá cargos penales y posiblemente se adhiera con la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad civil, un asunto en el que el ministerio público no pedirá indemnización.
Si se abre juicio oral, Vázquez se verá obligado a dejar el cargo en el Parlamento tal y como establece el código ético del PSOE. Del mismo modo que la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto, que acaba de verse en la misma vicisitud por otra presunta prevaricación.
La investigación al exsecretario xeral del PSdeG le estalló nada más dar el paso a optar a candidato del PSOE a la alcaldía Vázquez compareció en calidad de imputado ante el Tribunal Superior el pasado 5 de noviembre. Referente de una de las dos familias del socialismo ourensano -con él se alinean los llamados ediles díscolos, suspendidos de militancia-, dio el paso a las primarias para liderar el PSOE en Ourense solo unos días antes de que el TSXG admitiera a trámite la querella del fiscal jefe que no ve prescritos hasta 2015 sus contrataciones como regidor en O Carballiño.
Su entorno denunció que la investigación no es casual si bien el propio Vázquez no fue más allá después de llegar a sugerir relaciones de causalidad entre la querella, el proceso de primarias del que salió derrotado frente al edil José Ángel Vázquez Barquero, y una investigación interna del PP sobre contratos del pasado que fue encargada a un abogado externo en 2012. "Creo en la justicia pero tonto no soy", fue su expresión al trascender la querella.
En su declaración, el parlamentario negó haber enchufado durante su década al frente de O Carballiño, y aseguró al juez que "nadie me advirtió de que actuara mal, ni verbalmente ni por escrito", aunque técnicos citados como testigos subrayaron omisiones legales.
Una designación "arbitraria"
Fernando Suanzes, fiscal en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), reproduce casi en un copia y pega la querella del fiscal de Ourense, Florentino Delgado, con la que culminó una investigación iniciada en 2013 a partir de dos juicios por el despido de trabajadores municipales que vincularon su cese con su afiliación al PSOE en O Carballiño, feudo socialista hasta el triunfo del PP en 2011.
La investigación en Ourense, de hecho, se amplía al sucesor de Pachi Vázquez, Carlos Montes -regidor entre 2005 y 2011-, y a tres exconcejales señalados en una querella distinta. Todos suman 60 supuestas contrataciones irregulares. Al no ser aforados, los cuatro restantes tendrán que responder ante un juzgado de O Carballiño una vez se zanje la causa contra el parlamentario, según las fuentes.
En O Carballiño había una "forma de actuar sistémica" donde se contrataba "prescindiendo total y absolutamente de procedimiento", reproduce el último escrito del ministerio público. También en el caso de Pachi Vázquez, "el único criterio de determinación de la contratación era un mero acto arbitrario de designación de los implicados" y "la contratación se realizó con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública en los que la publicidad es, sin duda, piedra angular" y con una "ausencia total de procedimiento".
Mientras que el exregidor de O Carballiño se escudó en que no tuvo ningún reparo de los técnicos, la Fiscalía sostiene que "nunca solicitaron informe alguno ni a los órganos de secretaría ni de intervención municipales para no hacer patente su manifiestamente ilícita actuación". El ministerio público cita dos decretos, de 2004 y 2005, del entonces alcalde en los que se reconoce "sin más" la condición de indefinidos a 6 temporales y se contrata a otros 31 en el año 2005, "sin procedimiento o justificación".
Entiende la Fiscalía que, pese a la década transcurrida, los hechos no caducaron. Existe una supuesta prevaricación continuada, incluidos los contratos "aparentemente prescritos que realmente no lo están, por cuanto la prescripción empezará a contarse desde el día en que se realizó la última infracción, no de cada hecho aisladamente". El último es de una resolución de 2005, "por consiguiente, ninguno estaba prescrito al interponerse y admitirse a trámite la querella".
