La lonja de Campelo, bajo mínimos

El cese de actividad decretado en enero por los mariscadores del fondo de la ría, que se prolongará al menos hasta abril, unido a la escasa actividad de la flota pesquera debido a los temporales, ha provocado que la lonja de Campelo, en Poio, haya reducido su actividad al mínimo, hasta el punto de que dos de sus nueve trabajadores han tenido que acogerse a una regulación temporal de empleo.

Con la subasta de almejas como la base de su actividad, esta rula apenas realiza ventas desde que arrancó el año. Así, en enero de 2022 pasaron por esta lonja más de 28.000 kilos de producto, con un movimiento económico de 262.000 euros, mientras que en enero de 2023 se disparó la mercancía hasta las 46 toneladas y la facturación superó los 608.000 euros, según los datos del portal pescadegalicia.gal de la Consellería do Mar. Esta misma fuente apunta que en enero de este año apenas han pasado por las instalaciones de Campelo 2.800 kilos, por un importe de menos de 40.000 euros, es decir, un desplome del 90%.

Sin almejas, el pasado mes se subastaron 47 kilos de camarón, 75 de centolla y 2.700 de navaja, según los datos provisionales de la consellería. En febrero son hasta ahora 24 kilos de camarón, 55 de centolla, dos de lumbrigante y 1.618 de navaja. Es por tanto, esa última especie –con precios que oscilan entre los 8 y los 23 euros el kilo– la que mantiene algo de actividad, muy poca, en la lonja de Poio. Pero la captura de la navaja tampoco será a partir de ahora un posible recurso, ya que el periodo extractivo finaliza hoy lunes. Por tanto, las instalaciones quedarán sin casi nada que subastar.

Por el momento, el expediente temporal de regulación de empleo afecta a dos trabajadores y se prolongará hasta abril, igual que el cese de actividad, salvo que se decida prorrogarlo, como ya está sobre la mesa. El biólogo, la tripulación del barco que trabaja en la retirada de algas y el personal de oficina aún se mantienen en su puesto, pero todo dependerá de la evolución de los bancos marisqueros, cerrados desde mediados de enero debido al exceso de agua dulce y la mortandad de los bivalvos.

Y la sucesión de lluvias de los últimos días no permite pensar en una mejoría a corto plazo. De hecho, hace nos días el propio sector admitía que la situación no está mejorando como esperaban, hasta el punto de que se empezó a valorar la posibilidad de ampliar el cierre de los bancos tres meses más, para dar tiempo a las especies a recuperarse y que la actividad se pueda volver a realizar con normalidad.

A principios de enero, las asambleas de las cofradías acordaron por unanimidad el cierre. En el caso del marisqueo a pie, sería por una duración de tres meses, desde el 15 de enero hasta el 15 de abril, mientras que para el marisqueo a flote se completarían seis meses de cierre, extendiéndose hasta mediados de julio. Pero las labores de vigilancia ya realizadas confirmaron los peores pronósticos para el sector del marisqueo a pie, que se plantea igualar su parón con el del marisqueo a flote, según admitía hace unos días Elena Padín, vicepatrona de la Cofradía de Raxó.

Otras labores en los bancos

Mientras tanto, tampoco pueden, por normativa, realizar ningún tipo de actuación en los bancos marisqueros. Continúan pendientes de una reunión con el Instituto Social de la Marina (ISM) porque mientras se encuentran en situación de cese de la actividad no pueden realizar trabajos de regeneración, “y tal y como está la situación ahora es algo imprescindible”, explicaba el patrón mayor de Raxó, Iago Tomé, que apunta que “estamos peleando por modificar la normativa”.

Los mariscadores quieren aprovechar estos meses para sembrar y para trasladar bivalvos de unas zonas a otras en busca de la regeneración de las zonas más afectadas. De momento, las mariscadoras han presentado los papeles para solicitar a la Xunta las ayudas por el cese de actividad, así como una ayuda extraordinaria de la Consellería do Mar por asignación directa, que destinará alrededor de 4,5 millones de euros para la totalidad de un sector que engloba a unos 8.000 profesionales en toda Galicia. Como última opción, también se plantean solicitar fondos europeos, aunque su tramitación es complicada y el tiempo de espera hasta poder cobrarlos suele prolongarse demasiado.

Además, les preocupa que cuando decidan reabrir los bancos, entre la toxina y tengan que volver a parar “y que entonces ya se haya gastado la ayuda por cese de actividad”.

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