La Audiencia ratifica la titularidad vecinal de los terrenos de Príncipe Felipe

Los terrenos sobre los que se asienta la ciudad infantil Príncipe Felipe son de titularidad vecinal. Así lo dictaminó el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra en abril de 2022 y acaba de ratificar la Audiencia Provincial de Pontevedra, que desestima el recurso de la Diputación, propietaria del complejo, y da la razón de nuevo a la Comunidad de Montes de Mourente. Sin embargo, la entidad provincial no cierra este conflicto judicial y en lugar de negociar un posible convenio con los vecinos para pactar una cesión de uso, ha presentado un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo.

Así lo han apuntado los propios comuneros, molestos con la postura de la Diputación. Al respecto, señalan que la sentencia de la Audiencia fue comunicada a las partes el 24 de noviembre pasado y desde entonces hubo "contactos informales" en los que "el organismo provincial se mostró dispuesto a cerrar la vía judicial y negociar una cesión de uso con los comuneros, cumpliendo así la palabra dada tanto por el anterior equipo de gobierno como por su servicio jurídico. Mientras tanto, este último, por orden del actual equipo de gobierno, preparaba un recurso ante el Tribunal Supremo, que fue presentado de inmediato", dicen los vecinos, que expresan su "decepción e indignación" ante la postura de la Diputación, a la que acusan de "faltar a sus compromisos, deslealtad y de hacer un doble juego con el único objetivo de ganar tiempo, intentando obligar a los comuneros a negociar bajo la presión del frente judicial abierto".

La Comunidad de Mourente anuncia su negativa a negociar con la Diputación hasta que se resuelva el conflicto judicial, como ya hizo durante el pleito por los terrenos del Hospital Montecelo con el Sergas y en donde también ganó en los juzgados. Sí "mantendrá el diálogo siempre que sea necesario, pero no abrirá ninguna negociación con ella hasta que finalice el conflicto jurídico". De hecho, se apunta que entre algunos vecinos ya se albergaría la intención de forzar a la Diputación a una "expropiación o desalojo" si el Supremo vuelve a d ar la razón a los comuneros. "En este escenario, la Comunidad de Montes de Mourente podría incluso reclamar la posesión de los edificios construidos, tal y como contempla la legislación", advierte.

Los comuneros califican de "contundente" la sentencia de la Audiencia Provincial, ya que "desmonta todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Diputación Provincial en su recurso. Considera que ya hay una jurisprudencia consolidada (que refuerza con numerosos ejemplos significativos) y ratifica en todos sus puntos la sentencia del Juzgado número 3 de Pontevedra. Incluso vuelve a ratificar la imposición de costas al organismo provincial al considerar que el recurso era innecesario, presentó jurisprudencia contradictoria, cuestionó la constitucionalidad de las leyes de montes vecinales y pretende consolidar la inscripción en el Registro de propiedad expropiada bajo legislación intervencionista".

Por todo ello, la comunidad considera "irregular" el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "porque la vía ordinaria sería recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al tener nuestra comunidad autónoma competencias exclusivas sobre los montes vecinales", y dice "no entender este despilfarro de recursos públicos y critica el uso de los tribunales con fines políticos".

El colectivo vecinal se queja también de los gastos que este conflicto supone para los comuneros. "El pleito por los terrenos del Hospital de Montecelo supuso el desembolso de varias decenas de miles de euros y se estima que el conflicto con la Diputación supondrá mayores gastos, innecesarios por ambas partes cuando ya existe una jurisprudencia clara y consolidada y las comunidades de montes están dispuestas a negociar con las administraciones para asegurar el futuro funcionamiento de los equipamientos instalados en terrenos vecinales".

Además, estos gastos "llegan en un momento especialmente delicado" para los comuneros porque "el año pasado se eliminó completamente los eucaliptos del monte vecinal y parte del pino y se dan los primeros pasos para preparar una revisión de su Plan de Ordenación para dar prioridad a la lucha contra los incendios y la protección de los servicios ecosistémicos (calidad del aire, protección de manantiales, protección del suelo, biodiversidad, fijación de CO2 y fomento de valores paisajísticos y recreativos)".

De este modo "descenderán las especies con mayor producción de madera en favor de otras de mayor valor ambiental, con una plantación variada de robles, castaños, alcornoques, cerezos y avellanos, entre otras especies. Este cambio requiere una importante inversión inicial y la expectativa de la Comunidad es acometer estas obras con recursos propios".