Afectados y ecologistas piden que se descarte la A-57, que consideran “inútil” y “un despilfarro”

Los vecinos del rural gallego “no necesitan autovías sino servicios”, señala Greenpeace | Temen que más de un centenar de casas resultarán afectadas, se quedarán bajo viaductos o a unos metros de una gran trinchera

Portavoces de las asociaciones ecologistas y de la plataforma de afectados por la circunvalación. |   // FDV

Portavoces de las asociaciones ecologistas y de la plataforma de afectados por la circunvalación. | // FDV / Susana Regueira

Afectados por la autovía A-57 y varias de las principales asociaciones ecologistas de Galicia piden que se descarte por completo este vial de alta capacidad al que, sencillamente, consideran un atentado al territorio, un ejemplo de despilfarro del dinero público y una apuesta por el transporte privado más contaminante. Entienden además que será una infraestructura “inútil” que, lejos de conectar polígonos industriales y unir la comarca con otras regiones, supondrá una gran trinchera que herirá gravemente al rural de la Boa Vila.

Los representantes de Greenpeace Galicia, Ecoloxistas en Acción y Amigas da Terra comparecieron ayer para expresar su apoyo a la plataforma de afectados por la circunvalacion e insistir en que no demandan “un cambio del trazado” sino que sencillamente se paralice y se restauren los daños provocados por el primer tramo, ya construído, al entender que se trata de una infraestructura innecesaria, ejemplo de políticas equivocadas y “soluciones” de un tiempo pasado.

Manuel Santos, coordinador de Greenpeace Galicia, discutió el modelo de movilidad que propone la autovía, una infraestructura de alta capacidad en un escenario de emergencia climática que “afecta a nuestro futuro y al de las próximas generaciones”, aseveró. Lamentó que en Galicia las tres cuartas partes de la energía empleada proceden del petróleo y que el transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero, un sector en el la penetración de las renovables se sitúa en el 6%.

Recordó que Pontevedra es “un modelo de sostenibilidad” pero pretende llevar adelante esta infraestructura que, añadió, representa las políticas que no se necesitan.

Por el contrario, abogó por apostar por los trenes, metros ligeros y en general “mucho más transporte público y compartido”.

También argumentó que la vía de alta capacidad “no es coherente con las políticas que nos anuncian” en el pacto entre el BNG y el PSOE para la investidura, que incluye el tren de cercanías y las rebajas de la AP9. “Venden la A-57 como alternativa” a la autopista que, en opinión de Manuel Santos, “debe ser pagada por los usuarios” y “nunca será gratuita” ya que en estos momentos, según explicó, España solo está en una moratoria para abonar estos pesajes, dado que la UE los pretende implantar para, entre otros objetivos, desincentivar el uso del vehículo privado a motor.

Por el contrario, sí apuesta el representante de la organización ecologista por el tren de cercanías para reducir los coches en la AP-9. “Son las políticas que necesitamos”, destacó. Considera que o se defiende el transporte público ecológico o el privado contaminante.

El coordinador de Greenpeace Galicia también se refirió a las afecciones ambientales antes de hacer hincapié en que dañarán a muchos vecinos y la trinchera que creará la autovía “romperá el rural”.

Los vecinos del rural gallego, destacó, “no necesitan autovías sino servicios”, escuelas, agricultura sostenible, centros sanitarios o transporte público. Se refirió en concreto a que uno de los afectados por la A-57 que puso en marcha una explotación ecológica se enfrenta a perder la certificación, antes de explicar que la UE exige que “lleguemos en 2023 al 25% de explotaciones ecológicas, y estamos en el 5%”.

Criticó asimismo la “afectación gravísima” a la Rede Natura. Tampoco en este caso Galicia está bien posicionada y recordó que está “a la cola de las 17 comunidades” con menos del 12% de territorio en la red, cuando la media está en el 28%.

En esta zona de especial conservación “la afección del espacio es brutal: eliminarán carballeiras, bosques de ribera…” con una infraestructura que, resumió, “es injusta con la gente y con la naturaleza”.

Adriana Echevarría, de Amigas da Terra, afirmó que “lo que provocan estas infraestructuras de alta capacidad es un efecto llamada, un incremento del tráfico perimetral” y, por tanto, un mayor daño al rural pontevedrés.

“Pontevedra no es una isla climática”, recordó, los gases de efecto invernadero no distinguen si se producen en el centro de la ciudad o en las parroquias y, para intentar esquivar la protesta social por las expropiaciones “deciden meterse por espacios naturales y patrimoniales”, dañando bosques de castaños y carballos que “también incrementará el coste climático”.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López, no ocultó su sorpresa porque el de la A-57 “parece un proyecto de los que se hacía antes, hace 30 o 40 años”. Lamentó especialmente que la autovía es “sobre todo, innecesaria, algo superfluo se va a convertir en un muro entre vecinos y familias”. Será, añadió, “una enorme trinchera” que no solo separará a os residentes sino también afectará a los animales, alterando sus ciclos habituales de recogida de agua y alimentación, un daño “social, ecológico y ambiental”.

Criticó que en Galicia “el rural lo paga todo” antes de hacer un llamamiento a los políticos para que “piensen un poco” y descarten este tipo de proyectos en un escenario de crisis climática: “Por ahí no podemos ir”, insistió.

También Mari Carmen Tenorio y Estela Eirín, de las plataformas de afectados, hicieron hincapié en que la vía de alta capacidad “no va a dar servicio al centro ni a las parroquias, a las que va a destrozar irreversiblemente”.

El trazado previsto, señalaron “pasa por en medio de las casas”, viviendas algunas de las cuales serán expropiadas y otras quedarán “debajo de viaductos o al lado de una trinchera, con rotondas en altura”.

En estos momentos estiman que la autovía afectará a más de un centenar de casas, cortará las parroquias afectadas y someterá a los vecinos a niveles elevados de ruidos que harán imposible la vida actual de residentes que, en su mayoría, “tienen 80 o 90 años”.

Están convencidas de que “si hay voluntad política todo el proyecto se puede replantear” y destacan que “la ciudadanía debe saber que esto es gastar el dinero de todos para nada y que no será funcional”. Ecologistas y afectados señalaron a varios ejemplos de grandes infraestructuras realizadas en Galicia, como el puerto seco de Salvaterra, el puerto refugio de A Coruña o la Cidade da Cultura, para recordar que en este país “estamos acostumbrados a obras que resultaron inútiles”.

Miguel Fernández Lores: “No hay otra alternativa”

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, afirmó ayer que “no hay otra alternativa” al criticado trazado previsto para la A-57. Éste que se desarrolla en tres tramos, el primero ya construido y cuya segunda fase, entre A Ermida e Pilarteiros, acumuló más de 60.000 alegaciones. La primera opción del Gobierno local, “era hacer una vía más al interior, pero esto tenía una afectación mayor y el rechazo de todas las parroquias”, señaló Lores. Añadió que el trazado actual que se plantea para la circunvalación se llevó por delante “una sola casa y ahora lo que queda tiene poca afectación”. Dejó claro en todo caso que la circunvalación “es absolutamente necesaria” y pidió que se ejecute “en tiempo y forma y con la menor afectación; y si alguien está afectado que se le compense”. Lamentó el regidor que “somos de las pocas ciudades sin circunvalación”. A renglón seguido, expresó su “máximo respeto por la gente” que vive en las parroquias afectadas por el trazado, “pero nosotros no vamos a apostar por paralizar una obra que ya lleva un retraso que no es asumible”. Asegura que estas demoras “están provocando más quejas” de vecinos. Pidió coherencia tras aseverar que “no hay otra alternativa, a no ser que la hagamos por O Carballiño”, ironizó. Por su parte, la plataforma de afectados también incidió en su comparecencia de ayer en que el trazado previsto por el Ministerio de Transportes destruirá 6.000 metros cuadrados de Rede Natura, a mayores de dividir a las parroquias. Los vecinos han iniciado una ronda de contactos con distintas administraciones, esta misma semana con el Ejecutivo provincial, para trasladarles la problemática y pedirles ayuda para paralizar el proyecto.