La APDR acude a la UE para que la incluya como interesada en el expediente al Estado sobre las concesiones de Costas

La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) ha dado un nuevo paso en su lucha contra la permanencia de la fábrica de Ence en terreno público marítimo-terreste en Lourizán. Tal y como ha informado a través de un comunicado, ha solicitado a la Secretaría General de la Comisión Europea que se le tenga “como parte interesada en el expediente incoado al Estado por las irregularidades cometidas a la hora de otorgar distintas concesiones administrativas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)”, entre otras la correspondiente a la papelera.

La APDR recuerda que la Comisión Europea ha informado de que la legislación que aplica España a la hora de conceder estas prórrogas, incumple lo establecido en la legislación europea de aplicación.

“Por un lado, porque la Ley 2/2013, con la que el PP permitió la prorroga de las concesiones, fija unos plazos de hasta 75 años para las citadas prórrogas, muy superior al permitido por la legislación de la UE. Además, la normativa española, atenta contra la libre competencia al conceder, en la práctica, una renovación automática de la concesión, expresamente prohibida por la Directiva Europea 2006/123”, resume.

Para el colectivo, “la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a ENCE en 2016, no solo incumple la normativa europea, sino también la establecida por el Estado español, que fija para las concesiones un plazo máximo de permanencia en el DPMT de 75 años, incluyéndose en este plazo las posibles prórrogas concedidas, que en este caso se supera ampliamente”.

“No debiera olvidar nadie que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que dio la razón a la APDR y anuló la prórroga ilegal de ENCE, sigue siendo firme"

Por todo ello, la APDR solicita a la Comisión, que le haga llegar la información hasta ahora existente en el expediente y, al tiempo, le haga partícipe “de todas las actuaciones que, en adelante, se lleven a cabo por los medios que esa comisión mejor considere”.

Más allá de esta solicitud formal de acceso a la información existente, con esta decisión la APDR afirma que quiere hacer una declaración pública de que “las sentencias dictadas por el Supremo, que posibilitan la permanencia de Ence en la Ría, no van a impedir que continuemos en la lucha -por todos los medios a nuestro alcance- por la recuperación de la ría y, por tanto, por la salida de la fábrica de Lourizán”.

“No debiera olvidar nadie que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que dio la razón a la APDR y anuló la prórroga ilegal de ENCE, sigue siendo firme, ni que, cuando se aborde la casación en el Tribunal Supremo, los magistrados deberían considerar el contenido en este expediente de la Comisión Europea”, manifiesta el colectivo ecologista pontevedrés.

Pide prudencia a Rueda

 Por otro lado la asociación recuerda al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, “que sea prudente en sus declaraciones”. “Somos conscientes de su desmedida diligencia en la defensa de los intereses de ENCE, una diligencia servil que quedó patente al ejercer de recadero de la empresa ante la presidenta de la Diputación para tratar de conseguir la cesión del Pazo de Lourizán al grupo pastero; con todo, había debería saber que, por encima de sus intereses particulares, tiene el deber de defender los derechos de la ciudadanía, entre los que se encuentra el derecho al medio ambiente, a la recuperación del dominio público marítimo-terrestre, y al futuro, un futuro que para la ría de Pontevedra pasa por la eliminación de la fábrica de celulosa”, sentencia la junta directiva de la APDR.

“En la defensa de esos derechos ciudadanos, en la lucha contra la permanencia de Ence en Lourizán y por la recuperación del futuro de la ría, estaremos siempre en la APDR; porque ni las sentencias injustas, ni mucho menos los deseos de la Xunta de Galicia, nos van a hacer desistir en nuestro empeño”, concluye el comunicado.