Citan a todos los abogados y procuradores de la provincia para votar sobre una huelga del turno de oficio

La mitad de los casi setecientos abogados en ejercicio en la provincia de Ourense participan en el turno de oficio, el que asiste a la justicia gratuita, garantizando el derecho de defensa de cualquier ciudadano aunque no tenga recursos o no sean suficientes (más de 4.500 ourensanos vieron reconocido este derecho en 2022). Desde hace años, los profesionales reclaman un incremento de sus retribuciones y que se abonen todas las actuaciones que llevan a cabo. Como ejemplo, por una asistencia a un investigado durante una entrada y registro, cobran 20 euros, da igual que la diligencia dure una hora o doce. Un recurso de apelación contra un auto de prisión, o contra un auto que deniega una orden de protección tampoco son actos retribuidos. La profesión quiere que se incluyan conceptos como los desplazamientos a comisarías, cuarteles o la prisión, así como un seguro en caso de accidentes.

En los últimos meses, una plataforma se moviliza para reivindicar un servicio “digno”, derechos de conciliación y jubilaciones que permitan vivir, porque hay algunos letrados que, por el sistema profesional de mutualidad, perciben pensiones de apenas 400 euros. La posibilidad de ir a una huelga es evidente.

El próximo martes, a las 18.30 horas, hay convocada por la plataforma ‘Marea negra Ourense’ una asamblea en el salón de actos del Colexio da Avogacía. Están llamados a participar todos los abogados y procuradores de la provincia. El único punto del orden del día es para deliberar y votar, si procede –se permite hacerlo por correo y delegando en un compañero presente–, instar al sindicato ‘Venia’ a que convoque una huelga de carácter indefinido, y a nivel nacional, con el objetivo de exigir la dignificación del turno de oficio.

Sus reivindicaciones

Las demandas planteadas por el colectivo incluyen una regulación jurídica del profesional del turno de oficio; retribuciones dignas “abonadas en tiempo y forma”; el pago de la “totalidad de las actuaciones realizadas para las que hemos sido designados, y de los tiempos de disponibilidad”; o el abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio.

En los casos en los que se produce la denegación definitiva de la asistencia jurídica gratuita, “es la administración la que pagará al profesional y reclamará al ciudadano, no el profesional designado”, reivindica el colectivo.

También persigue una actualización anual de las retribuciones conforme a la evolución del IPC; una cotización a la Seguridad Social con efectos retroactivos; el derecho a la conciliación, el descanso y la desconexión digital; la reducción de la carga burocrática; el derecho a la formación gratuita; el reconocimiento de la condición de autoridad; además de que se lleven a cabo campañas de sensibilización “para visibilizar y dignificar la profesión”.