La oposición de los trabajadores impide ejecutar el desahucio de una pizarrera

Los trabajadores de la pizarrera Irosa-Samaca, de Carballeda de Valdeorras, impidieron este martes la ejecución de una orden de desahucio dictada por el Juzgado de Instrucción 2 de O Barco a partir de una sentencia por incumplimiento del contrato de arrendamiento de los terrenos. La resolución parte de un conflicto que se inició en 2015 y es firme, si bien desde la compañía alegan que existen “circunstancias sobrevenidas” que dejarían sin efecto dicho desalojo. El conflicto, que pone en riesgo el futuro de 300 empleos directos, ha desatado una campaña de movilizaciones que arrancó ayer mismo con concentraciones por la tarde frente a la Casa do Concello y los juzgados.

Las tensiones existentes entre la empresa y los comuneros de los montes de Portela y Trigal se disparó este martes, cuando una comisión judicial se desplazó a las instalaciones para ejecutar la orden de desahucio. También se personaron agentes de la Guardia Civil, pero la oposición de los trabajadores, que se concentraron en las instalaciones para impedir el paso de los miembros de la comisión, impidió que se completase el mandato judicial. De hecho, pudieron precintar las oficinas y las instalaciones de la firma Samaca, que se encarga de la distribución, pero no la planta de producción, que sigue operativa.

Lo que desconoce el propietario de ambas empresas, Rogelio López, es hasta cuándo podrá mantener la actividad. “Los trabajadores se pusieron delante y no les permitieron continuar, pero la secretaria dijo que volverían en unos días”, señala el empresario. Fuentes judiciales confirman que el Juzgado de O Barco procederá a señalar otra fecha para ejecutar la orden de desahucio y que solicitará la presencia de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con una plantilla actual de 300 trabajadores, la pizarrera Irosa-Samaca acumula más de medio siglo de historia en Carballeda de Valdeorras y una facturación anual de 30 millones de euros. Asentada en terrenos de los montes de Portela y Trigal, ocupa una superficie de 20 hectáreas, de las cuales seis son propiedad de la compañía desde hace cuatro décadas. “Son unas 35 o 40 parcelas de nuestra propiedad y, de hecho, en el contrato de arrendamiento consta que dentro del territorio global hay fincas particulares”, detalla el dueño de la firma.

El resto del terreno era de los comuneros, pero en 2015, cuando venció el contrato de arrendamiento, no hubo acuerdo sobre el precio y la empresa dejó de abonar el alquiler. Esta situación dio lugar a un largo conflicto judicial que la pizarrera decidió zanjar solicitando la expropiación de dichos terrenos.

Este mismo año, la Xunta autorizó dicha expropiación forzosa a favor de la empresa con un precio de 107.000 euros. La compañía abonó la cantidad pero los comuneros se han negado a recibirla. “Es un calvario. Se hizo todo conforme a la ley, se levantaron actas de ocupación y pago, pero parece ser que la expropiación tampoco vale”, lamenta el propietario. Asegura que han presentado resoluciones de otros tribunales que avalarían su postura: “Si ahora tenemos una parte que es propiedad y otra que es expropiada, no se puede desahuciar, son causas que justifican que estamos en posesión de esos terrenos”, concluye.

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