La Fiscalía aumenta las visitas a residencias e insta a reducir “a cero” las sujeciones físicas

Velar por la dignidad, los derechos y las libertades de las personas mayores y con discapacidad constituye una de las funciones de la Fiscalía, que dispone de un área especializada en este colectivo vulnerable, que requiere una especial protección. En Ourense, la provincia de Galicia más envejecida y que cuenta con mayor número de plazas en residencias, los fiscales han incrementado este año las inspecciones en los centros.

Desde enero hasta finales de julio, los profesionales del ministerio público habían revisado unas 40 residencias. No se detectó ningún incumplimiento relevante, más allá de fallos de documentación subsanables, excepto el caso de “muy mal funcionamiento” de un centro, una situación que la Fiscalía ha puesto en conocimiento de la Xunta. “A nivel general vemos una buena atención, instalaciones adecuadas y centros limpios”, dice Elena Oviedo, la coordinadora del ministerio público en la provincia en las áreas de civil, personas con discapacidad y mayores.

“Es necesario aumentar el personal en los centros, las ratios siguen siendo justas, en unos mínimos muy escasos. Para que el trato sea más digno y con la calidad que requieren las personas mayores, no se puede tener a una sola auxiliar para atender a diez personas dependientes por la mañana para el aseo”

En las visitas, que se hacen sin previo aviso, los fiscales prestan una especial atención a si existen medidas de sujeción física de los usuarios, como cinturones que atan a la silla o a la cama, muñequeras, pijamas o buzos. “La ratio es menor que la de años anteriores, pero en la Fiscalía entendemos que no son necesarias. El objetivo es tender a cero. Una persona de una residencia no tiene por qué tener su autonomía limitada, salvo casos muy concretos y puntuales. Hay muchos mecanismos para evitar caídas u otras situaciones que puedan producirse”, subraya Oviedo.

Incrementar el personal, incluido el de las vigilancias nocturnas, y equipar los centros con mobiliario adecuado –asientos tipo sillones en lugar de simples sillas, por ejemplo– son las opciones deseables frente a las sujeciones.

“Es necesario aumentar el personal en los centros, las ratios siguen siendo justas, en unos mínimos muy escasos. Para que el trato sea más digno y con la calidad que requieren las personas mayores, no se puede tener a una sola auxiliar para atender a diez personas dependientes por la mañana para el aseo”, advierte la fiscal.

Desde que remitió la pandemia y aumentaron las garantías para ir a los geriátricos minimizando el riesgo de contagio, la Fiscalía ha incrementado las visitas, al igual que también hay más comprobaciones por parte de los técnicos de la Xunta de Galicia. “Las intensificamos a finales de 2022 y desde enero ha habido muchas”, indica la fiscal coordinadora sobre la labor que compete al ministerio público.

En ejercicios anteriores, dos profesionales se encargaban de las visitas y eran capaces de hacer entre veinte y treinta al año. Desde enero van cuarenta revisiones, después de que la fiscal jefa en la provincia de Ourense, Eva Regueiro, decidiera, en sintonía con la fiscal Elena Oviedo, que participaran en esta tarea más efectivos del ministerio público.

“Cuando encontramos anomalías, remitimos el escrito a la Xunta para que acuda el servicio de inspección y se corrija la situación”

Los que están asignados a la jurisdicción civil se encargan de comprobar la situación de los geriátricos del partido judicial de Ourense, mientras que los fiscales que gestionan los otros ocho partidos de la provincia han sumado a sus funciones las inspecciones de los centros de mayores y de personas con discapacidad.

En sus visitas, los fiscales realizan un control visual y documental. “En primer lugar, nos reunimos con la directora para que nos muestre la documentación sobre internamientos y sujeciones. Después vemos las instalaciones, cómo son los dormitorios, cómo está la cocina, y también hablamos con algún interno”, explica Elena Oviedo. Los profesionales del ministerio público plasman sus observaciones y conclusiones en informes. “Cuando encontramos anomalías, remitimos el escrito a la Xunta para que acuda el servicio de inspección y se corrija la situación”, indica la experta.

Hace falta un informe médico para aplicar una sujeción

Las sujeciones físicas requieren un control documental, porque son medidas que tienen que estar prescritas por un facultativo. No existe una regulación estatal ni autonómica; la guía es un protocolo que se implantó en Navarra. “Hace falta un informe médico que diga que la sujeción es necesaria, así como el consentimiento informado y firmado del familiar de referencia, en el que se expliquen los beneficios y también los riesgos de la medida. Además, hay que revisarla cada seis meses como máximo”, explica la fiscal coordinadora de esta labor.

“Es bueno que las empresas tengan médicos, pero las medidas de sujeción no deberían ser informadas por los médicos de las residencias, sino de atención primaria, con independencia de que no tenemos constancia de que ningún médico haya prescrito mal una sujeción”

A veces se detectan irregularidades documentales, pero por ahora en Ourense no se han registrado situaciones en las residencias en materia de sujeciones con la gravedad como para que la Fiscalía abra diligencias de investigación penal, por delitos de lesiones o contra la integridad moral. “Si en algún momento nos encontrásemos con alguna situación así, no dudaremos en incoar diligencias penales”, avisa.

La Fiscalía considera que la prescripción de estas medidas debería recaer en los médicos de la sanidad pública, no en los sanitarios que las grandes corporaciones tienen en plantilla. “Es bueno que las empresas tengan médicos, pero las medidas de sujeción no deberían ser informadas por los médicos de las residencias, sino de atención primaria, con independencia de que no tenemos constancia de que ningún médico haya prescrito mal una sujeción”, indica Oviedo.

La Fiscalía tiene la capacidad de controlar las medidas de sujeción física, pero no las químicas. “Los servicios farmacéuticos pueden, porque las residencias compran en las farmacias los medicamentos prescritos por médicos”, recuerda.

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