Las personas con discapacidad y los mayores con necesidades de medidas de apoyo son colectivos especialmente vulnerables sobre cuya protección vela la Fiscalía, para salvaguardar su dignidad, derechos y libertades.
En Ourense, donde casi un tercio de la población –más de 96.000 personas– supera los 65 años, es acusado el envejecimiento, uno de los factores asociados al deterioro cognitivo. La supervisión de los internamientos y del buen estado de los mayores en los geriátricos –hay inspecciones periódicas– es tarea del ministerio público.
En la memoria de 2021 publicada recientemente por la Fiscalía Superior de Galicia, la demarcación de Ourense hace un apunte sobre las medidas de sujeción de los usuarios.
La Fiscalía General del Estado aboga por "alternativas más respetuosas con la dignidad y la singularidad de cada individuo y con su salud"
Su observación entronca con la postura de la Fiscalía General del Estado en una instrucción de enero de este año. “Se impone una reflexión sobre el recurso a la contención como única vía para lograr el objetivo del control, protección y seguridad de la persona, primando la búsqueda de alternativas más respetuosas con la dignidad y la singularidad de cada individuo y con su salud”, decía Dolores Delgado, la entonces fiscal general del Estado.
“Nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa en cada caso, salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros”, pautó.
En los centros públicos, el uso es "ínfimo"
En Ourense, el ministerio público opone lo que sucede en centros de titularidad pública –así como en las minirresidencias– con los geriátricos que se encuentran bajo gestión privada.
En los primeros “existe una baja incidencia de medidas de sujeción en las personas mayores, debido a la utilización de otras alternativas: camas articuladas, sillas de brazos especiales, una mayor ratio de personal especializado, una mayor actividad lúdica, etcétera.
Dentro del “ínfimo” número de sujeciones en estas instalaciones, “solo utilizan sujeción de cintura en sillas y de baldas en camas”.
En el “extremo opuesto” –expone la Fiscalía de Ourense– figuran las residencias de gestión privada, como las de Fundación San Rosendo y DomusVi, “con puntuales excepciones motivadas por la profesionalidad y especialización de la persona encargada de la dirección”.
En general, existe “un número excesivamente elevado de sujeciones físicas por no valorar ni utilizar otras alternativas”, destaca.
"El problema radica en que podrían ser evitadas si se cumpliese una serie de parámetros, aunque médicamente estén bien prescritas"
La institución admite que “se cumplen todos los protocolos”, algo que atribuye a que “llevamos años controlando de manera específica esta materia y las residencias fueron adaptándolo”: un informe médico previo, información completa a los familiares sobre el riesgo y el beneficio de la medida, y un consentimiento escrito del allegado de referencia.
“No obstante” –completa la Fiscalía–, “el hecho de que se tramiten protocolos adecuados no significa que el número de sujeciones varíe, pues lo que está claro es que el problema radica en que podrían ser evitadas si se cumpliese una serie de parámetros, aunque médicamente estén bien prescritas”.
"No se cumple de forma estricta la ratio mínima de personal"
El ministerio público también ha constatado que “sobre todo en grandes residencias dependientes de la Fundación San Rosendo y DomusVi, no se cumple de forma estricta la ratio mínima de personal”. La Fiscalía indica que esta carencia se ha comunicado “varias veces” a la Xunta, “pero no observamos correcciones”.
Como último apunte sobre las medidas de contención, la Fiscalía de Ourense manifiesta que “estas grandes corporaciones cuentan con médicos propios para la atención de los residentes, lo cual es bueno, pero creemos que en materia de sujeción, el establecimiento y control debería recaer en los médicos de Atención Primaria”.
La Fundación San Rosendo: "Toda contención se pone con una prescripción facultativa y es el último recurso que se utiliza cuando otras alternativas ya no resuelven un problema de salud. Es temporal y se realiza previo consentimiento de las familias"
La Fundación San Rosendo, que gestiona en Ourense la mayoría de los geriátricos privados, no entra a rebatir el parecer de la Fiscalía Provincial, pero aporta contexto. En Galicia, recuerda, hay más de 22.000 plazas en residencias para mayores, y solo 1.500 son gestionadas por el sector público. El resto, por entidades sin ánimo de lucro, como la Fundación San Rosendo, o por operadores privados.
“Desde antes de la pandemia, la Fundación San Rosendo ya dispone de un grupo de trabajo formado por los profesionales médicos, en el que se abordaban la prescripción de las contenciones, su correcta colocación y las alternativas posibles. Cabe destacar que toda contención se pone con una prescripción facultativa y es el último recurso que se utiliza cuando otras alternativas ya no resuelven un problema de salud. Es temporal y se realiza previo consentimiento de las familias”.
La entidad añade que “desde enero de 2022, con la nueva normativa a nivel nacional y el nuevo modelo de residencias de Galicia, la tendencia es ir a la contención cero. Desde la Fundación San Rosendo se han realizado cursos de formación entre profesionales y personal de atención directa para reducir el uso de contenciones a los casos mínimos. También se han desarrollado acciones informativas a familias para sensibilizar en el uso mínimo de estas medidas”.
DomusVi: "La seguridad y la salud de los residentes y empleados es la máxima prioridad. Todas las sujeciones están correctamente prescritas y observan todos los protocolos vigentes de salud y bienestar"
La fundación añade que “se han estudiado alternativas como otras estrategias de cuidados, mobiliario articulado, o farmacológicas bajo prescripción médica. Siempre con la premisa de que estas medidas no sean más restrictivas en los derechos de las personas mayores que la propia contención”.
Por su parte, DomusVi asegura que “la seguridad y la salud de los residentes y empleados es su máxima prioridad. En este sentido, y tal y como consta en la propia memoria, todas las sujeciones están correctamente prescritas y observan todos los protocolos vigentes de salud y bienestar. Por otro lado, la prevalencia media de sujeciones en los centros DomusVi en Ourense está por debajo de la media nacional en residencias de mayores, y además con una clara tendencia descendente en el transcurso de los últimos años, fruto del esfuerzo de los profesionales DomusVi que entienden las sujeciones cero como una cuestión prioritaria”.
La compañía añade que “en su compromiso con brindar la mejor calidad asistencial a las personas usuarias de sus centros residenciales, DomusVi tiene, entre sus objetivos prioritarios, aportar soluciones para llegar a eliminar las sujeciones en su práctica asistencial. En este sentido, el Comité de Ética Asistencial de la compañía, órgano cuya sede se encuentra en la Fundación DomusVi, elaboró ya en 2019 ‘Hacia la contención cero’, una guía de buenas prácticas para evitar sujeciones”.
"Hay una carencia de profesionales de enfermería y otros perfiles en el sector sociosanitario. Se trata de un problema endémico de la sociedad española, y no puntual de una zona, periodo u operador, que afecta a residencias privadas y públicas en general"
DomusVi afirma que invierte “constantemente” en tecnologías y sensores que permiten monitorizar el estado de salud y los movimientos de los usuarios “para prevenir posibles situaciones de riesgo, actuar de manera rápida en el caso de que ocurran y darles la máxima autonomía. Somos la compañía del sector con mayor número de espacios sensorizados en España”.
Sobre la alusión de la Fiscalía a la falta de personal, la compañía sostiene que cumple con los ratios establecidos, y recuerda que ha señalado “desde hace tiempo que existe una carencia de profesionales de enfermería y otros perfiles en el sector sociosanitario. Se trata de un problema endémico de la sociedad española, y no puntual de una zona, periodo u operador, que afecta a residencias privadas y públicas en general”.
Con todo, “como primer empleador del sector, DomusVi trabaja con esfuerzo para contratar a profesionales de este ámbito ofreciendo condiciones salariales que respetan siempre los convenios y que, además, van en línea con la oferta del sector. Colabora con diferentes universidades y colegios a nivel nacional, tanto en la formación como en las prácticas de los futuros profesionales, además de ofrecer becas remuneradas para estudiantes”, finaliza esta empresa.
