Sonia Jiménez, una abogada con despacho en Quiroga (Lugo), ejercerá desde el turno de oficio, garantizando el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la representación de la familia de Leticia Magali Sanabria, una joven paraguaya de 29 años que fue víctima de un crimen presuntamente ejecutado en su domicilio de O Barco de Valdeorras a manos de su compañera de piso, F. A., de nacionalidad nigeriana, y otra mujer de su trabajo, E. A. L., natural de Brasil.
Ambas continúan en prisión provisional, investigadas por un presunto delito de homicidio o de asesinato –por calificar hasta el juicio, que será con jurado–, en relación a la muerte violenta de la joven, que fue asfixiada. La hermana, Alicia, que también reside en Galicia, es la persona de la familia que designa a la abogada de la acusación particular.
El pasado mes de noviembre, cuando las dos sospechosas del asesinato fueron puestas a disposición judicial, la familiar aseguró que sospechaba de la compañera de piso desde el principio. Las había visto hablar en “señas” estando presente, tras los hechos, y eso la hizo desconfiar. “Desde el primer momento dije: que me perdone Dios si no es ella”, en referencia a la compañera de piso.
“Yo lloraba, ella se rió con la amiga y dijo: mejor reír que llorar”. La familia desea que “no salgan nunca más, que se queden para siempre en la cárcel. Mi hermana confió en ella, decía que era como su segunda mamá y le hizo esto. No tiene perdón”. lamentaba Alicia. “Por una parte estamos felices porque van a pagar por lo que han hecho. Mi hermana va a descansar”.
El 10 de septiembre, esta familiar fue alertada de que en el piso de Leticia había presencia policial. Llamó por teléfono a su hermana y a F. A. Esta última le dijo: “Es que no puedo hablar. Ellas ya sabían qué pasaba en la habitación y se burlaban de mí: es que la policía está hablando con ella en la habitación. Estaban cuchicheando, en todo momento se comunicaban entre ellas en señas, ojo a ojo. Ahí me aparté de ellas, me senté en una esquina y dije: fueron ellas”, subrayaba Alicia el pasado noviembre.
F., de nacionalidad nigeriana, era su compañera de piso y se dedicaba a la prostitución, al igual que la víctima. E., una amiga, trabajaba en el club en otras labores. El juzgado de Instrucción 1 de O Barco dictó prisión provisional para ambas el 18 de noviembre de 2021. Las defensas recurrieron en apelación ante la Audiencia Provincial y el tribunal ratificó la medida en diciembre.
Las dos declararon en el juzgado que ellas no cometieron el crimen, pero hay indicios que las cercan, y que la Guardia Civil, que resolvió la llamada ‘Operación Horus’ en apenas dos meses, plasmó en sus diligencias.
Según expuso la Audiencia al desestimar la solicitud de excarcelación, las evidencias contra E. son “la ubicación de la investigada en el domicilio de la víctima a través de los posicionamientos del teléfono móvil en el momento del fallecimiento, tras un elaborado estudio por parte de los agentes de la Guardia Civil instructores de las diligencias”. Además, el tribunal de apelaciones mencionaba “unos arañazos en el brazo, compatibles con la participación en una riña con la víctima”.
Según detalles de la investigación que trascendieron después de las detenciones, los móviles ubican a las investigadas en el lugar del crimen durante toda la noche anterior a que decidieran alertar a los servicios de emergencia y fingieran reanimar a la víctima. Además, una grabación en vídeo contradice la versión de la compañera de piso: presuntamente volvió a la escena. Se calcula que el asesinato tuvo lugar entre unas ocho y diez horas antes de que las presuntas homicidas avisaran de su propio crimen, fingiendo además estar afectadas.
En el juzgado, F. A. dijo que intentó reanimar a su compañera siguiendo las indicaciones del operador de emergencias a través del teléfono. Declaró que ella y la joven estuvieron cenando juntas en casa y después se fueron a dormir a sus habitaciones. Según su versión, se despertó y se marchó, para ir al banco y para tomar café, suponiendo que su compañera Leticia dormía. Declaró que, al regresar, la encontró muerta. Una grabación indicaría, presuntamente, que, la mañana previa a que alertara de los hechos, volvió al lugar del crimen.
Entre los móviles que ha barajado la Policía Judicial de la Guardia Civil figuran el económico –la víctima era el sostén de varios miembros de su familia y solía enviar cantidades a través de terceras personas–, las rencillas o los celos de índole profesional en el ámbito de la prostitución, pues la fallecida ganaba más dinero.
A partir de ahora, el fiscal ya no estará solo en la defensa de los intereses de la víctima y la acusación. La familia buscará justicia con su abogada.
