El primer análisis de los móviles de los gemelos no los ubica en la comisaría en varias fechas clave

Más de un año ha tardado en llegar al juzgado el informe de la Guardia Civil que el magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, requirió en un auto de noviembre de 2019 con el objeto de determinar si los policías gemelos Roy y Bernardo D. L., investigados por la desaparición de seis armas del búnker de comisaría en agosto de 2014, están implicados en los hechos. Y el dictamen aún no es definitivo, pues la averiguación de la geolocalización de los hermanos en la sede no está completa.

La UDEV de la comisaría sostiene que los hermanos son los presuntamente implicados, incluso en un mayor grado que el fallecido de un disparo en abril de 2016, Celso B. A. –a quien Asuntos Internos responsabiliza en exclusiva–, vinculando la sustracción con el anónimo que, en noviembre de 2014, denunció ante Asuntos Internos una supuesta corrupción policial, con varios extremos que resultaron inciertos.

Para dejar atrás la contradicción e incluso la tensión, manifestada en informes y contrainformes, entre dos unidades del mismo cuerpo –Asuntos Internos y UDEV–, el magistrado decidió encargar a la Guardia Civil que analizara la geolocalización

De aquel cabo tiró la unidad secreta hasta armar la operación Zamburiña, que permanece a la espera de sentencia, probablemente absolutoria, a 4 agentes antidroga y 9 presuntos traficantes. En una muestra más del lío entre las causas sobre la Policía Nacional de Ourense, el mismo juez que trabajó con Asuntos Internos e instruyó la Zamburiña identifica como perjudicado al exjefe antidroga –además de al responsable del armero– y mantiene imputados a los gemelos tomando como indicio el anónimo de 2014 y la relación con la falta de las pistolas, a la que hacía referencia aquella nota sin autor. La UDEV cree que los imputados usaron claves de otros agentes para sembrar rastros falsos y dar una apariencia de verosimilitud al anónimo.

Para dejar atrás la contradicción e incluso la tensión, manifestada en informes y contrainformes, entre dos unidades del mismo cuerpo –grupo VI de Asuntos Internos y UDEV–, el magistrado Álvarez decidió encargar a la Guardia Civil que analizara la geolocalización de Roy y Bernardo D. L. en las fechas clave, desde agosto de 2014, relacionadas con la elaboración del anónimo, la creación de la cuenta de correo desde la que se contactó con Asuntos Internos, así como las conexiones de una cámara y dos tablets con las que se aportaron fotos y documentos al escrito.

El encargo del juez, de noviembre de 2019

El auto es de 21 de noviembre de 2019. El grupo de delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) contesta en un informe que lleva fecha de 3 de febrero de 2021, y que ha sido notificado estos días a las partes de la causa. La defensa de los gemelos atribuye buena parte del retraso, además de a la paralización de plazos procesales en el inicio de la pandemia, al retraso de varios meses en contestar por parte de Instrucción 3, el juzgado en el que se investiga la muerte del agente, con una de las armas desaparecidas –en el despacho se encontraron tres de las seis–, una sede judicial en la que los teléfonos de los hermanos están depositados desde su incautación cuando fueron detenidos, en enero de 2018.

Este primer informe de la Guardia Civil analiza una serie de fechas entre los meses de agosto y febrero de 2015, cuando un nuevo anónimo, esta vez a los medios de comunicación, volvía a aludir a un presunto robo de armas en la comisaría ourensana. De los días de interés para la causa, el instituto armado ubica al fallecido en una ocasión, a Celso y a Roy en otra, y nunca al inspector Bernardo.

En un informe previo, la UDEV de comisaría había concluido que, en seis días relacionados con las fechas relevantes para la investigación, el agente fallecido no estuvo ninguna vez en la sede policial, lo que para la jueza que investiga su muerte, Eva Armesto, hace “ilógico e inverosímil” que él fuera el redactor del correo autoinculpatorio, firmado con su nombre, que fue enviado la misma tarde de la muerte. La UDEV añadía que, de las 10 fechas en las que se elaboraron el primer anónimo y el que fue remitido en febrero de 2015 a la prensa, Roy y/o Bernardo acudieron siempre a la sede policial.

La defensa afirma que "hay indicios sólidos de la participación de Celso, como la existencia de ADN en la llave de acceso al búnker, su preocupación por todos los temas relacionados con la sustracción o las abundantes noticias en sus archivos”

La averiguación de la Guardia Civil al respecto, pese al tiempo transcurrido, aún es incompleta. La UCO deberá aportar las geolocalizaciones de los gemelos según los datos de la ‘nube’, en la que quedan los registros de las aplicaciones del móvil. Esta misma semana, Roy y Bernardo facilitaron sus contraseñas. Cuando reciba ese último informe, el juez decidirá si los lleva a juicio o archiva.

La defensa considera que no existe indicio alguno en la causa que relacione a los clientes con el robo de los armas, “y sí hay indicios sólidos de la participación de Celso, como la existencia de su ADN en la llave de acceso al búnker, su preocupación por todos los temas relacionados con la sustracción o las abundantes noticias en sus archivos sobre el tema”. El letrado cree que, en cualquier caso, los hechos estarían prescritos, pese a que el magistrado resolvió afirmando que no, con el mismo criterio que la Fiscalía. Pero el abogado indica que Roy y Bernardo fueron citados como investigados en septiembre de 2019, más de 5 años después de la desaparición de las armas (agosto de 2014).