La operación ‘Zamburiña’ se desmorona. El juicio contra 4 policías y 9 presuntos traficantes, para el que se había reservado mes y medio de sesiones hasta la semana del 22 de febrero, puede terminar hoy mismo. Todo hace indicar que la Audiencia Provincial de Ourense dictará una sentencia absolutoria tras declarar nulas las pruebas clave –la escucha inicial, de marzo de 2015, que dio lugar a la incautación de 7 kilos de droga y a las autoinculpaciones de algunos investigados, como la principal traficante y confidente–, y tras rechazar ayer las propuestas alternativas de la fiscal. El ministerio público, que quería proseguir con el juicio al entender que la gravedad de los hechos así lo merece, ha impugnado la negativa de la sala. Le queda la última baza de un hipotético recurso ante el Tribunal Supremo para intentar revocar la nulidad e instar, en consecuencia, una repetición del juicio con todas las pruebas.
Frente al calendario inicial de mes y medio de sesiones, 109 testigos y 26 peritos –aunque algunos están de baja o incluso han fallecido ya–, no habrá más declaraciones que la confesión de los 13 encausados, que se limitan a negar los hechos ante sus defensas. Ayer, tres de los policías en el banquillo –todos menos el exjefe antidroga, que interviene hoy– afirmaron que “jamás” favorecieron la actividad de narcotráfico de confidentes, ni tampoco revelaron datos reservados, como matrículas de vehículos camuflados.
Solo dispuso de 24 horas de plazo, pero la fiscal Pilar Manso acudió este martes a la sala de vistas con un plan B, tras la anulación de las pruebas claves sobre las que cimentaba buena parte de su acusación de una presunta protección y “colaboración simbiótica” de los agentes antidroga con sus confidentes a cambio de “crédito” y reconocimiento profesional. Pocas personas como ella conocen con tal grado de detalle las tres extensas causas sobre la Policía Nacional de Ourense que están judicializadas (además de la ‘Zamburiña’, el robo de armas en el búnker de la comisaría, en agosto de 2014, y la muerte de un agente con una de ellas, en abril de 2016).
La representante del ministerio público pidió mantener la declaración de varios efectivos de Asuntos Internos, incluido el jefe del grupo VI, el principal agente instructor de este procedimiento, así como de otros testigos y peritos. “La incautación de droga no puede quedar impune, son hechos graves”, advirtió. Manso expresó su protesta por la privación a la Fiscalía del “derecho a utilizar los medios de prueba para defender la legalidad así como los intereses y los derechos de la sociedad”.
La experimentada fiscal, que fue señalando uno a uno a los testigos y peritos cuya intervención consideraba necesaria, sostiene que resultaba pertinente la declaración de Asuntos Internos, a pesar del revés del tribunal a su instrucción, porque, por ejemplo, “intervinieron en actuaciones que no se derivan de las intervenciones telefónicas, como vigilancias en las que captan conversaciones por estar al lado, o aprehensiones de materiales que no se derivan de las entradas y registros”.
De igual modo, Pilar Manso pedía la testifical de una policía porque, según su criterio, serviría para acreditar que los agentes acusados impulsaron presuntamente “una operación fantasma en la que se cruzó una agente, que pone de manifiesto por qué se abrió y cómo tuvo conocimiento. Es una prueba que no resulta de las escuchas”, argumentó. También propuso mantener el interrogatorio de varios testigos con el fin de “acreditar el nivel de vida” presuntamente no justificado con la supuesta insolvencia de Josefa P. G., alias Pucha, la principal de los presuntos traficantes y confidentes. Otras de las pruebas que la fiscal quería practicar en el plenario era la declaración de un perito que analizó un terminal informático, para tratar de sostener con su versión la acusación a los agentes de supuestos accesos ilegales a las bases de datos.
La sala rechazó su pretensión al considerar que toda la investigación de la ‘Zamburiña’ se deriva de las escuchas ilegales, acordadas por el magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, tomando como base un oficio de Asuntos Internos que, según comunicó este lunes la Audiencia, se fundaba en meras “conjeturas” –algunos factores “no tenían ni la categoría de sospecha”, dijo la sala–, a partir de un anónimo remitido en noviembre de 2014 desde la comisaría, cuyo contenido íntegro no fue comunicado al juez, y cuyo autor o autores tampoco fueron identificados. “Todo proviene de esas conversaciones, todo se deriva de las escuchas”, reiteró ayer la magistrada presidenta, Ana del Carmen Blanco, que es la ponente de esta causa.
“No se ha justificado con el debido rigor las pruebas propuestas. Muchas, todas, resultan de la investigación de Asuntos Internos a raíz del anónimo”, expuso la jueza tras un receso para poder analizar las peticiones de la fiscal y la postura de las defensas. “Es una prueba inútil”, había señalado la abogada del exjefe policial antidroga, Antonio R. F. “Hay un antes y un después del auto declarado nulo”, recordó Jorge Temes, defensor de Josefa P. G. “Todo lo que consta documentado, como vigilancias, actas, seguimientos, identificación de teléfonos... tiene causa natural y deriva del primer ‘pinchazo’. La conexión antijurídica es evidente”, expresó Ricardo Orbán, letrado de un matrimonio encausado entre los presuntos traficantes.
La Audiencia Provincial tampoco accede a la lectura de la declaración en fase de instrucción de los implicados, una decisión que la fiscal también protesta. A la acusación pública no se le permite interrogar a los encausados y tampoco le fue concedido un aplazamiento para que pudiera reformular, una vez más, su estrategia en este juicio lleno de giros de guion impactantes. La sala dijo que no, puesto que los implicados anunciaron su derecho a responder solo a sus abogados defensores.
Ayer lo hicieron los policías Felipe M. A., Mercedes C. G. –ambos jubilados, para quienes la Fiscalía pedía 6 años y 3 meses de cárcel, y los dos defendidos por Moncho Sierra– y también José Antonio R. F., el único de los cuatro que continúa en el servicio activo y el que se enfrenta a una petición de condena más baja (una multa y dos años de inhabilitación). Está representado por Jorge Álvarez, abogado del sindicato policial SUP. “Jamás” dejó de perseguir delitos, manifestó Felipe. También negó haber revelado secretos o permitido el narcotráfico de la supuesta red criminal. Mercedes, retirada desde 2018, usó la palabra para manifestar, a preguntas de la defensa, que tampoco hizo la vista gorda con la actividad de las narcos, ni facilitó datos de matrículas. “Nunca” reveló secretos, aseguró el policía nacional José Antonio.
Solo intervino ayer uno de los nueve presuntos traficantes que se sientan en el banquillo de la ‘Zamburiña’. Francisco Javier G. C. respondió únicamente a su abogado para manifestar que no traficó con estupefacientes ni formaba parte de un grupo criminal. La Fiscalía solicitaba para él, inicialmente, una condena de 7 años y 3 meses de prisión.
Este miércoles finalizará la declaración del resto. Faltan por intervenir, entre otros, el exjefe antidroga de la Policía, Antonio R. F. y la principal de los presuntos traficantes y confidentes, Josefa P. G., para quienes la Fiscalía solicitaba inicialmente 11 y 13 años de prisión, respectivamente.
Debido a que el trámite del interrogatorio ocupará en la sesión de hoy escasos minutos, es previsible que, a continuación, la Fiscalía y las defensas expongan sus conclusiones y comience el turno de los informes de la acusación pública y de las defensas. Tras la decisión del tribunal de anular la prueba clave y de excluir el resto, al entender que todo el resultado de la investigación se deriva de la escucha inicial que vulneró derechos fundamentales, lo lógico es que los letrados expresen poco más de que un par de frases.
La fiscal, que a buen seguro reiterará con detalle sus impugnaciones sobre las nulidades de las pruebas fundamentales y la exclusión de las restantes que ayer propuso como alternativa, decidirá este miércoles si mantiene la acusación, modifica los delitos que atribuye a todos o a alguno de los encausados, y rebaja o no las peticiones iniciales de condena.
La fiscal quería contrastar la versión de uno de los gemelos con el exjefe antidroga encausado
Roy D. L. fue el jefe del grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense que antecedió en el cargo al acusado Antonio R. F. Cuando, en noviembre de 2014, se remitió el primer anónimo a Asuntos Internos, señalando a una serie de agentes entre los que sobresalía Antonio, el encausado aún ejercía en la Brigada de Seguridad Ciudadana. El escrito al que la Audiencia no da categoría de indicio válido lo acusaba, entre otras cosas, de llevar a cabo operaciones paralelas. Para el 1 de febrero estaba propuesta la testifical de Roy D. L., investigado junto a su gemelo Bernardo por la muerte de un compañero, Celso B. A., en abril de 2016, por un disparo con una de las armas robadas en el búnker de la comisaría, en agosto de 2014. Los hermanos están imputados en dos causas separadas. La pretensión de la fiscal con esta declaración de Roy –rechazada por la sala como el resto de las pruebas solicitadas ayer– era contrastar la versión de este con la que pudiera ofrecer Antonio R. F. sobre una operación antidroga de 2014 con fechas de interés para la ‘Zamburiña’, según el ministerio público, en octubre y diciembre de ese año (entre el anónimo, por tanto). “Hay una operación que pone de manifiesto acciones de cobertura” a traficantes, dijo la fiscal. Roy D. L. “abrió una operación de droga que fue pasada a pasiva por Antonio, sin justificación si no es para amparar la conducta de los traficantes, a nuestro modo de entender”.
