La investigación sigue su curso y se acerca a la recta final. Las cuentas del grupo municipal socialista -que gobierna en minoría el Concello de Ourense- de 2012 están siendo objeto de las diligencias abiertas de oficio por la Fiscalía, y se centran en la concesión del denominado "préstamo solidario" , con dinero público, el que le llega de las arcas municipales en concepto de asignación a los grupos políticos, a un funcionario, por una cuantía económica de 21.000 euros, y que no aparecen reflejadas en el documento que se remitió al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

A raíz de que FARO daba a conocer en exclusiva las cuentas de 2012 (en su edición del 29 de abril de 2013), avaladas por el actual alcalde, y en aquel momento edil de Hacienda y portavoz del grupo, Agustín Fernández, así como por la secretaria, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, la Fiscalía acordó poner en marcha una investigación, para determinar si se produjo un presunto delito de falsedad en documento público y una malversación de caudales, para lo cual citó a declarar, en un primer momento a la edil de Medio Ambiente, Susana Bayo, uno de los cinco díscolos, que ante las sospechas de presuntas irregularidades solicitó vía registro al alcalde las cuentas del grupo.

Después de que prestase declaración en Fiscalía Susana Bayo, también lo hizo el secretario del Pleno, Luis Bermúdez, luego Antonio Vallejo, que fue asesor del exalcalde, Francisco Rodríguez, y que le pagaba el grupo municipal, en concreto 3.200 euros mensuales, y la próxima en acudir será la secretaria del grupo socialista y titular de la cuenta corriente, Áurea Soto.

Por lo de pronto, y antes de que el fiscal adopte una decisión al respecto: presentar una denuncia o archivar las diligencias, de lo que tuvo conocimiento este diario es que la totalidad del préstamo concedido al alto funcionario municipal, después de que saliese a la luz todas las facturas de gastos presentadas, es que había sido reintegrado al grupo socialista, como se desprende de la documentación entregada en la propia Fiscalía.

Más allá de que el dinero del préstamo "solidario", de cuya concesión dice "no arrepentirse" el alcalde, que sostiene fue "legal", volviese a la cuenta del grupo socialista, lo que ahora se sustancia es si esa "ocultación" al Tribunal de cuentas, al no estar reflejado en la contabilidad que se le remitió, lleva consigo una presunta "falsedad en documento público.

Sobre está cuestión, fuentes jurídicas consultadas por este diario, advierten que sí en las cuentas remitidas por los socialistas al Tribunal de Cuentas no se contemplaba el préstamo "solidario", y posteriormente se reconocía por parte de los responsables del mismo que se había producido, como así hizo el alcalde, entiende que existe una "falsedad muy clara", y ponen especial énfasis en que se trata de dinero público.

Y sin entrar en otras consideraciones, relacionadas con los criterios que establece la legislación vigente para el gasto de estos fondos públicos que reciben los grupos municipales, con las limitaciones para contratar personal al servicio del Concello, o la adquisición de activos, como puede ser muebles o acciones, entre otras, la cuestión se centra en que no existe una "contabilidad real", al no aparecer el citado "préstamo solidario".