Con la documentación con que cuenta la Fiscalía; la remitida por parte del propio grupo socialista, y las declaraciones de las personas que ya fueron prestar declaración, queda claro que la concesión del "préstamo solidario" al jefe de la Recaudación de 21.000 euros se hizo por un "acuerdo verbal" de algunos miembros del grupo socialista, pero sin el correspondiente asiento contable, y no pasó por la intervención municipal.

De ahí que además de que acuda a prestar declaración la secretaria del grupo y titular de la cuenta corriente, Áurea Soto, y en la que también está Natalia González, sobrina política del ex alcalde Francisco Rodríguez, también podría ser citado el interventor municipal, y concretar si la concesión del mencionado préstamo "solidario" incumpliría las bases de ejecución presupuestaria del Concello, que en su artículo 41, relativo a "dotaciones económicas a los grupos municipales" concreta que "no se podrá destinar el pago de remuneraciones de personal al servicio de la corporación -como es el caso del alto funcionario municipal-, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial".

En la investigación que tiene abierta la Fiscalía, también se trata de saber si se utilizaron las facturas, que sí aparecen en la contabilidad del grupo municipal socialista, como las del denominado "escándalo de los gin-tonic", para "dar cobertura" al dinero que se le habría entregado al funcionario, y que tendría como finalidad "ayudarle" después de que el Tribunal de Cuentas le considerase responsable de la desaparición de la oficina de la Recaudación, de la que era responsable, de dos sacas con cerca de 30.000 euros que tuvo que reembolsar a las arcas municipales.

Sobre la presunta irregularidad por la contratación de Antonio Vallejo como asesor directo del ex alcalde, y luego, por espacio de pocos meses, del actual, con cargo al grupo municipal investiga si realizó funciones municipales que estarían prohibidas, a pesar de contar con despacho justo al lado del de Alcaldía.