Los ahora denominados ediles socialistas díscolos: Antonio Rodríguez Penín, que pasa por ser el cabecilla del grupo, como así lo considera el alcalde, Alfonso Vilachá, María Devesa, Susana Bayo y Mónica Vázquez, en la actualidad suspendidos de militancia por abandonar un pleno relacionado con la compatibilidad de un funcionario municipal, alegan un total desconocimiento sobre el manejo del dinero público que llegaba al grupo.

Así lo puso de manifiesto en su declaración Bayo, la única del grupo que pasó por la Fiscalía, además de aclarar que las "dudas" y "sospechas" le llevaron a pedir las cuentas al propio alcalde por registro, lo que desembocó en una reunión en la que Agustín Fernández reconoció a los cinco ediles críticos la existencia del "préstamo solidario" al alto funcionario del área de Hacienda, así como otras explicaciones que no les convencieron.

Una vez tuvieron en su poder las cuentas, con las correspondientes facturas que justificarían el gasto, de las dudas pasaron a las sospechas reales de que pudo haber un manejo real, así como la utilización de facturas con el titulo genérico de "comidas del grupo" a las que no habrían asistido, y a las que fueron, sostienen que "las pagos de nuestros bolsillos".