La extrañeza

Ya se ha dicho, pero conviene repetirlo, que actividades como la pesca y la explotación de energías renovables –por ejemplo, el viento– son del todo compatibles, al menos en teoría, si se cuidan con esmero los legítimos intereses de unos y otros. Por eso, causa una especial extrañeza el aparente choque entre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Supremo. FARO DE VIGO acaba de publicar la noticia de que el TSXG apela a los tribunales europeos acerca de los procedimientos necesarios para elevar parques eólicos en Galicia. Y eso, además de extraño, tiene mucho de alarmante.

Conste que no se trata de hacer crítica de decisiones judiciales, pero sí de advertir que si se siembra la duda acerca de métodos y adjudicaciones resulta muy probable que surja algún tipo de temor entre los aspirantes a ubicar parques en el litoral gallego y que este se expanda con rapidez. Y eso no sería bueno ni para el país , ni para la población, ni para sus intereses ni para su futuro. Es por eso por lo que conviene no aconsejar, sino advertir, sobre un riesgo que debería estar más previsto y mejor explicado.

Es verdad que hay mucho en juego y no conviene exagerar, pero esta Galicia necesita abrir su porvenir a las nuevas tecnologías, sobre todo cuando lo que está en juego es una riqueza que va a contribuir de forma directa sobre el bien común de los ciudadanos. Y en este punto, y sin demora, procede insistir en que si el viento es de todos, de alguna forma los beneficios de utilizarlo han de compartirse entre todos. Un reparto que debe ser justo, lo que exige una serie de controles a la hora de contemplar las ofertas de forma que nada se pueda escapar a una vigilancia seria y profesional. Y esa puede ser la clave para dejar resuelto el asunto.

No es banal lo que se reclama; parece más bien una exigencia razonable, sobre todo en estos tiempos en los que cualquier indicio sospechoso se puede convertir en un escándalo global. Son estos tiempos turbulentos, y como diría un poeta de feria, “peores todavía para el verso”. Por tanto, sea cual fuere el origen de las desconfianzas, es preciso que la sociedad gallega sepa con exactitud y templanza qué es lo que ocurre tras lo que aparenta un conflicto entre jurisdicciones. Y eso nunca es de menospreciar.

En definitiva, lo que ocurre, o aparenta ocurrir, en el seno de dos tribunales básicos para la seguridad jurídica de los ciudadanos debiera ser explicado con todo detalle para evitar malas interpretaciones. Nada peor para la estabilidad de un país que las entidades auténticamente independientes den la impresión de que se enfrentan por motivos, sobre todo, administrativos. Sería una mala cosa que este litigio se convirtiese en un asunto que involucre a una parte de la riqueza futura del país, sobre todo ahora que padece apuntar por fin la posibilidad de que Galicia sea en lo material una potencia. Sobre todo, energética, pero también económica.