Una victoria ¿parcial?

Se hizo de rogar, pero ya quedó dicho por el refrán que “nunca es tarde cuando la dicha llega”. Esa, al menos, es la opinión de quien la expone al referirse a lo que quizá sea una primera victoria clara y rotunda de los intereses españoles, y sobre todo gallegos, en lo que respecta al mundo agropecuario. Y es que en Bruselas se aprobó por fin, aunque a falta de publicación oficial y otros acuerdos complementarios, la Política Agraria Común. El punto sustancial es uno de los que reclamaba con más fuerza el campesinado gallego: excluir a las pequeñas explotaciones –de un máximo de 10 hectáreas– de la obligación de utilizar abonos, insecticidas y otros productos de carácter ecológicos y mucho más caros de los que se emplean habitualmente aquí.

Es una victoria porque invalida en cierto modo las decisiones de los lobbies que, bajo la excusa de defender el medio ambiente, dominan una parte sustancial de la política europea. Es cierto que el objetivo de una reforma más ambiciosa queda aún pendiente, pero habrá que esperar todavía un poco antes de considerar cerrada la negociación. Sea como fuere, es de justicia subrayar el mérito del ministro Planas a la hora de lograr lo que ha logrado ante colegas que, en principio, no estaban por la labor. Es de suponer que el horizonte mejore y que sin tardar demasiado el campo español obtenga, al menos, el mínimo de todo lo que necesita y reclama. Otra victoria, la segunda, resultaría un vaticinio positivo en tiempos como estos.

De lo pendiente, a primera vista, falta la reivindicación de un régimen agrario especial para el Norte, semejante al que ya tiene el Sur. Ambos significan una mejora global para quienes la reclaman, que son en su conjunto tanto el mundo campesino del Cantábrico y Galicia, como los de Andalucía y Extremadura. Entre otros motivos, porque reforzarían la producción de especies que no compiten entre sÍ y favorecerían un refuerzo no exagerado para los beneficios de los productores. Y ello sin influir demasiado en la inflación y, por tanto, sin constituir un castigo añadido para los consumidores.

Hay otro factor positivo: la reforma parcial de la PAC reconoce y reduce la exigencia de límites a plantaciones diversas en la misma parcela, lo que para el tamaño de las gallegas significa un alivio normativo que se hará notar en beneficio general. Pero quizá el meollo positivo de la decisión europea se encuentre en el propio dato de su disposición al introducir las reformas que se reclamaban. Si en el sector pesquero ocurriese lo mismo, la felicidad sería casi completa. Pero estando por medio el comisario lituano actual, la esperanza es mínima. No obstante, el titular español del ministerio proseguirá, según reiteró, en la defensa de las reivindicaciones de patronos y marineros de la flota española y gallega.

En todo caso, a la espera de una segunda victoria –probable, pero no confirmada todavía– Galicia, o sea la Xunta ha de introducir en el esquema del mundo rural de hoy en día un esfuerzo muy especial en el terreno de la concentración parcelaria. No se puede esperar demasiado progreso si antes no se reduce el número total de propiedades pequeñas y medias que en este Antiguo Reino existen. Como se ha dicho en otras ocasiones, esa reducción puede llamarse como se quiera, sea “revolución” o cualquier otra cosa: el caso es llevarla a cabo lo más rápidamente posible y con el máximo de consenso. Implicará, la tarea, un diálogo abierto y un pacto entre los interlocutores, un acuerdo que será difícil de conseguir, pero que pese a todo requiere talento y talante. Sin estas dos virtudes la reforma, o revolución o como se llame, se quedará per saecula saeculorum. Y eso para nada sirve.

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