La Xunta recurre la decisión del Estado de cobrar a Robaleira

El Consello de la Xunta acordó ayer prsentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de Costa y Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, de cobrar un canon a la Asociación Séptima Lista Robaleira de Bueu, por su concesión en el citado puerto pontevedrés que es de titularidad autonómica.

La resolución de la Dirección General de Costas y Mar, del 15 de junio de 2023, establece que esta entidad tiene que pagar un canon al Estado por la ocupación de 3.780 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre del puerto de Bueu. La titularidad de este puerto fue transferida a la Xunta de Galicia por el real decreto 3214/1982, del 24 de julio, sobre el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma Gallega en materia de puertos.

Tal y como establece el reglamento de Costas, las concesiones o autorizaciones que las comunidades autónomas otorguen en los puerto se instalaciones portuarias estatales que les fueron transferidos “no devindicarán el canon de ocupación a favor de la Administración Xeral del Estado”, según mantiene el Consello de la Xunta.

En el caso de Bueu, el Ministerio de Transición Ecológica alega que la Asociación Séptima Lista Robaleira ocupa un espacio que no pertenecía al puerto cuando fue transferido a la comunidad autónoma gallega. Portos de Galicia, sin embargo, sostienen que la exención de pagar el canon debe aplicarse a la realidad física del puerto en la actualidad para poder incluir las ampliaciones que se hicieran con fecha posterior a la transferencia de la titularidad. De lo contrario, destacan, los puertos traspasados no podrían modificar su configuración para adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades de las instalaciones.

En 2022, la asamblea de la asociación de la séptima lista Robaleira de Bueu acordó por unanimidad continuar adelante con su proyecto para la reforma y modernización del pantalán número cuatro de la dársena del puerto. Esta decisión se adopta después de una reciente reunión con la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, en la que desde el ente público se planteó la posibilidad de que Robaleira renunciase a la concesión otorgada en su día. El argumento esgrimido desde el organismo autonómico –que depende de la Consellería do Mar– es que existe una elevada lista de espera para ocupar esos puntos de amarre.

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