Recaudar no es gratis. Ni para el que tiene que pagar, como es obvio, pero tampoco para el que cobra. El Concello de Bueu está a punto de licitar el contrato de gestión tributaria y fiscal, un expediente que se aprobará en el próximo pleno, y que sale a concurso con un tipo de licitación de 838.728 euros. Si a ese importe se le añade el correspondiente IVA el precio estimado rebasará el millón de euros. Una cuantía que supone un notable aumento con respecto al anterior proceso de adjudicación, iniciado en 2015 con un coste de 615.108 euros. Un aumento que el gobierno local y los servicios técnicos municipales vinculan a los cambios y mejoras a las que obliga la Ley de Administración Electrónica, que ha servido entre otras cosas para poner en marcha una Oficina Virtual Tributaria (OVT).
El expediente de contratación se presentará en la próxima comisión informativa para su dictamen antes del pleno, previsto para el 1 de marzo. Los pliegos prevén un coste anual de casi 210.000 euros y el contrato será por un periodo de dos años, prorrogables por un máximo de otros dos años. Si se le suma el IVA, que se estima en 44.033 euros anuales, el precio supera los 250.000 euros al año. Y al cabo de cuatro ejercicios será algo más de 1 millón de euros.
Aún así a la administración local, y por extensión a los vecinos, le sale a cuenta. En primer lugar desde la Alcaldía y la Concellería de Facenda reconocen que no resulta viable recuperar un servicio que lleva más de 20 años externalizado. “Requeriría tener un departamento específico y contratar a personal dedicado exclusivamente a esta tarea, un personal que debería estar especializado porque la situación actual no es la misma que cuando se prestaba directamente el servicio desde el Concello”, explica el alcalde, Félix Juncal.
El ejecutivo se planteó en varias ocasiones la opción de adherirse al servicio provincial del ORAL, que depende de la Diputación de Pontevedra y del que forman parte buena parte de los municipios de la provincia. Sin embargo, los cálculos apuntaban que el coste es incluso mayor que disponer de un servicio propio como el actual.
Este modelo de gestión tributaria y fiscal aporta varias ventajas al Concello. La primera, como subrayan los técnicos, es que el consistorio es el único cliente. Esto significa que la hora de encargar informes, revisiones en los padrones o inspecciones no tiene que ponerse a la cola, como le ocurriría en el ORAL.
Ventajas
La otra es que le brinda la capacidad de obtener recursos por vías a las que de otro modo tendría difícil acceso. “Contar con una empresa con medios y personal especializado permite cruzar datos con otras bases de información o impulsar inspecciones concretas”, explica Juncal. Este tipo de ingresos, según el alcalde, permiten que “no se haya incrementado la presión fiscal desde el año 2005, ni siquiera para actualizar el IPC”. La excepción fue el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), una medida impuesta por el Estado en 2012 para todos los ayuntamientos.
El último contrato se licitó a finales de 2015, aunque no se adjudicó hasta mediados de 2016. La demora se debió al recurso de una de las empresas aspirantes –que en aquel momento era la adjudicataria del servicio– ante el Tribunal Administrativo Central porque entendía que su propuesta técnica no se valoró correctamente. La repetición del proceso no cambió el resultado anterior y el contrato se adjudicó a GTT.
Un amplio abanico de tareas para maximizar la gestión fiscal
El expediente que se llevará a la comisión informativa y a pleno incluye un informe de necesidad en el que se determina que el departamento de Tesorería “carece de medios personales, materiales, físicos y técnicos para la prestación de un adecuado servicio de gestión tributaria y recaudación” sin la colaboración de una empresa externa. En base a ese dictamen se justifica la conveniencia de volver a licitar un contrato como el actual y debido a su coste debe contar con el visto bueno del pleno.
La compañía que resulte adjudicataria tendrá un amplio abanico de tareas para “maximizar los niveles de recaudación municipal” y al mismo tiempo “minimizar el costo” para el Concello. La empresa se encargará de la gestión tributaria, censal, inspectora y recaudatoria de todas las tasas e impuestos del ayuntamiento, tanto en vía voluntaria como en ejecutiva. Esto incluye desde las cuotas del mercado municipal hasta el IBI, IAE, ICIO o el conocido como rodaje, que precisamente se pasará al cobro en unos días.
En el caso de impagos tiene capacidad para poner en marcha la vía ejecutiva, que incluye un recargo sobre el importe inicial del recibo, y en los casos más graves se puede llegar al embargo de cuentas. Desde la última licitación también tiene encomendada la gestión de las multas por parte de la Policía Local. Uno de los apartados a los que se presta especial atención es la labor inspectora. Ésta tiene como objetivo detectar contribuyentes o conceptos que no tributaban, lo que va en detrimento de las arcas municipales y de los vecinos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
